Transparencia
Con asombro primeramente y luego con irritación, hemos estado observando la pluralidad de casos en que con el socorrido discurso de que el solicitante no es parte interesada, no se le puede suministrar una información.
La transparencia es cosa que le interesa a toda la población, y no debe haber excusa alguna para ocultar una verdad que se persiga establecer. Tal negativa conduce a sospechar justificadamente que quien así procede o le teme a la transparencia o protege algún ilícito.
En casos como ese, quien niega puede ser considerado como obstructor de la justicia, y peor aún, como encubridor, lo cual es punible.
Va siendo hora ya de que las leyes se configuren sin escapes. Si se estableciera la pérdida automática del cargo a quienes no hacen su declaración de bienes dentro de los 10 primeros días a partir de la toma de posesión del mismo; si se estableciera igualmente dicha pérdida para quienes no respondan a las solicitudes de información requeridas por el Defensor del Pueblo y no se adoptara la misma medida contra cualquier funcionario que se niegue a dar una información, desaparecería entonces el recurso alcahuete de negarla con cualquier tipo de pretexto. Tendríamos así un Panamá mejor, cuyos ciudadanos recuperarían la confianza hace tiempo ya perdida, y en gran escala, sobre nuestros funcionarios.
Con lo que está sucediendo hoy en día en nuestro país, por más que proclamamos y la defendamos, jamás lograremos transparencia mientras no eliminemos la indecencia.
La transparencia es cosa que le interesa a toda la población, y no debe haber excusa alguna para ocultar una verdad que se persiga establecer. Tal negativa conduce a sospechar justificadamente que quien así procede o le teme a la transparencia o protege algún ilícito.
En casos como ese, quien niega puede ser considerado como obstructor de la justicia, y peor aún, como encubridor, lo cual es punible.
Va siendo hora ya de que las leyes se configuren sin escapes. Si se estableciera la pérdida automática del cargo a quienes no hacen su declaración de bienes dentro de los 10 primeros días a partir de la toma de posesión del mismo; si se estableciera igualmente dicha pérdida para quienes no respondan a las solicitudes de información requeridas por el Defensor del Pueblo y no se adoptara la misma medida contra cualquier funcionario que se niegue a dar una información, desaparecería entonces el recurso alcahuete de negarla con cualquier tipo de pretexto. Tendríamos así un Panamá mejor, cuyos ciudadanos recuperarían la confianza hace tiempo ya perdida, y en gran escala, sobre nuestros funcionarios.
Con lo que está sucediendo hoy en día en nuestro país, por más que proclamamos y la defendamos, jamás lograremos transparencia mientras no eliminemos la indecencia.
