Transparencia en el sistema financiero
En días pasados leí el interesante artículo del renombrado periodista Jorge Ramos, de la cadena de televisión norteamericana en español CNN, "La prensa, el antipoder". Destaco lo siguiente. " La principal función social de un periodista es evitar o denunciar los abusos, excesos, contradicciones y errores de los que tienen el poder". Agregaba: "Nuestro trabajo es enfrentar a los poderosos", refiriéndose a los políticos que ejercen el poder. Lo anterior obedecía a las críticas que los periodistas habían hecho a los presidentes Fox de México, Alemán de Nicaragua y Chávez de Venezuela, y a los resentimientos y declaraciones que habían manifestado éstos contra los medios, al considerar injustos y malintencionados "los ataques y conspiraciones" contra sus mandatos.
Creo que la práctica le da la razón al periodista Ramos. Efectivamente "la prensa es la contraparte del poder" y su función es "cuestionar, dudar de todo" lo político. Sin embargo, creo que la labor del periodismo y de los medios debiera ir más allá. La actividad política de un país no sólo la hacen los políticos, aunque éstos, la mayoría de las veces, por no decir todas, responden conscientes o no a intereses y a grupos económicos, más que a los dictámenes de sus propias conciencias y convicciones; lo que ha conllevado a una práctica nociva en la que las actividades políticas se centran más en obtener el poder por el poder, es decir, para usufructuarlo y para garantizar los intereses de esos grupos económicos poderosos, trayendo aparejado con el tiempo el rechazo de la comunidad a los políticos, a los partidos y a la política en general, al no compaginar la práctica con el pregón. Y es que los medios y los periodistas no son tampoco ajenos a esa realidad y a esa práctica sociales, pues generalmente también representan los intereses de esos intereses económicos (cuando algunos propietarios de medios no forman parte de los mismos), y hacen caso omiso y se "pasan con fichas" a las acciones condenables que a veces los miembros de esos poderosos poderes económicos desarrollan. El mejor ejemplo de esta actitud de "avestruz" periodística es el que hemos visto en el caso del Banco DISA que, junto a otras experiencias similares en los últimos 18 meses, ha costado a los bancos nacionales alrededor de 400 millones de balboas en pérdidas, por prácticas dolosas realizadas por poderosos empresarios y por "prestigiosas" empresas contables, a través de informes financieros alterados.
Para nadie es secreto que Panamá vive momentos difíciles en su economía, y que la situación se agrava con la fuerte contracción de la demanda debido, en cierta medida, a la limitación del crédito bancario al consumo. Ha habido una disminución en los préstamos bancarios hacia las personas que desean usar esos dineros para obtener bienes o servicios. Se le agrega, peligrosamente, después de las experiencias negativas con el Triángulo, Aguamarina, el Banco DISA y otros casos más que están por aflorar, que las instituciones bancarias limiten el crédito corporativo, es decir, las empresas, que se utilizan para invertir en nuevos negocios, ampliaciones o inventarios y que son las transacciones que mantienen o incrementan, junto al consumo, el nivel de empleo.
El estancamiento económico es un problema de seguridad nacional porque afecta a todos. Pero, ¿han tratado ciertos medios estos asuntos con la importancia que los mismos ameritan? El caso del Banco DISA es aleccionador. El legislador Miguel Bush en reiteradas ocasiones, en la Asamblea Legislativa, señaló que esa institución bancaria estaba pasando por serios aprietos, y reiteradamente solicitó al presidente de la directiva de la Asamblea que se investigara qué estaba pasando, pues el Banco Nacional y la Caja de Ahorros tenían depósitos millonarios en ese banco. No conocemos cuáles fueron las gestiones que hizo el legislador Cortizo, entonces presidente de ese Organo, si las hizo, pero lo cierto fue que ningún medio, ni escrito ni hablado ni televisivo (salvo el programa radial del periodista Baltazar Aizpurúa), se hizo eco de la denuncia del legislador Bush. Claro, se trataba de un grupo poderoso y de personas poderosas con intereses industriales, financieros y comerciales en el país, que gasta en publicidad muchos miles de dólares para anunciar sus productos y sus empresas. Pareciera que guardar silencio ante situaciones como éstas, es más conveniente para la salud financiera de esos medios, aunque ello fuese a costa de los intereses de la colectividad que dicen defender.
Panamá nuevamente ha sido clasificada con bajas notas por las empresas calificadoras de riesgos, significando con ello que el financiamiento proveniente del exterior lo pagaremos más caro y ello debido, en alguna medida, a la falta de transparencia en nuestro sistema financiero. No en balde el Fondo Financiero Internacional, en unas de sus visitas a Panamá, manifestó extrema preocupación por esta situación. Al darse estafas y fraudes a los cuentahabientes - como el sonado caso de Providence-, a otras instituciones bancarias, y al cometerse el delito de engañar a la fe pública cuando con estados financieros alterados se esconden cuantiosas pérdidas y se recurre a la Bolsa de Valores para recabar dineros del público, se cometen delitos que en otros lugares se pagan con plurales años de prisión. En Panamá esto pasa como una gracia de muchachos traviesos de pueblo. El fondo de este asunto, como decía el filósofo Niezstche en uno de sus aforismos, es que la justicia sólo actúa entre clases desiguales; el ladrón de gallinas se pudre en las mazmorras, esperando un juicio que nunca llega, mientras que los niños-bien (y también los viejos), en vez de que se le aplique la justicia, negocian salidas a sus culpas o se pasean por Miami como si nada hubiese pasado, mientras la maltrecha justicia panameña se encuentra cuestionada.
Por eso considero que la labor periodística debe ser más amplia en sus investigaciones y denuncias, si se desea ser salvaguarda de los intereses ciudadanos y del buen funcionamiento de nuestras sociedades, ya que las malas prácticas que últimamente nos han dado algunos poderosos empresarios nos indican que la corrupción no es exclusiva de los políticos ni del poder que nos gobierna. A menos que se piense farisaicamente que en nuestra sociedad lo económico no es un poder importante, y que sólo a los políticos, como dice Jorge Ramos, es a quienes se les deba la razón del periodismo. No olvidemos que también Poderoso es Don Dinero.
Creo que la práctica le da la razón al periodista Ramos. Efectivamente "la prensa es la contraparte del poder" y su función es "cuestionar, dudar de todo" lo político. Sin embargo, creo que la labor del periodismo y de los medios debiera ir más allá. La actividad política de un país no sólo la hacen los políticos, aunque éstos, la mayoría de las veces, por no decir todas, responden conscientes o no a intereses y a grupos económicos, más que a los dictámenes de sus propias conciencias y convicciones; lo que ha conllevado a una práctica nociva en la que las actividades políticas se centran más en obtener el poder por el poder, es decir, para usufructuarlo y para garantizar los intereses de esos grupos económicos poderosos, trayendo aparejado con el tiempo el rechazo de la comunidad a los políticos, a los partidos y a la política en general, al no compaginar la práctica con el pregón. Y es que los medios y los periodistas no son tampoco ajenos a esa realidad y a esa práctica sociales, pues generalmente también representan los intereses de esos intereses económicos (cuando algunos propietarios de medios no forman parte de los mismos), y hacen caso omiso y se "pasan con fichas" a las acciones condenables que a veces los miembros de esos poderosos poderes económicos desarrollan. El mejor ejemplo de esta actitud de "avestruz" periodística es el que hemos visto en el caso del Banco DISA que, junto a otras experiencias similares en los últimos 18 meses, ha costado a los bancos nacionales alrededor de 400 millones de balboas en pérdidas, por prácticas dolosas realizadas por poderosos empresarios y por "prestigiosas" empresas contables, a través de informes financieros alterados.
Para nadie es secreto que Panamá vive momentos difíciles en su economía, y que la situación se agrava con la fuerte contracción de la demanda debido, en cierta medida, a la limitación del crédito bancario al consumo. Ha habido una disminución en los préstamos bancarios hacia las personas que desean usar esos dineros para obtener bienes o servicios. Se le agrega, peligrosamente, después de las experiencias negativas con el Triángulo, Aguamarina, el Banco DISA y otros casos más que están por aflorar, que las instituciones bancarias limiten el crédito corporativo, es decir, las empresas, que se utilizan para invertir en nuevos negocios, ampliaciones o inventarios y que son las transacciones que mantienen o incrementan, junto al consumo, el nivel de empleo.
El estancamiento económico es un problema de seguridad nacional porque afecta a todos. Pero, ¿han tratado ciertos medios estos asuntos con la importancia que los mismos ameritan? El caso del Banco DISA es aleccionador. El legislador Miguel Bush en reiteradas ocasiones, en la Asamblea Legislativa, señaló que esa institución bancaria estaba pasando por serios aprietos, y reiteradamente solicitó al presidente de la directiva de la Asamblea que se investigara qué estaba pasando, pues el Banco Nacional y la Caja de Ahorros tenían depósitos millonarios en ese banco. No conocemos cuáles fueron las gestiones que hizo el legislador Cortizo, entonces presidente de ese Organo, si las hizo, pero lo cierto fue que ningún medio, ni escrito ni hablado ni televisivo (salvo el programa radial del periodista Baltazar Aizpurúa), se hizo eco de la denuncia del legislador Bush. Claro, se trataba de un grupo poderoso y de personas poderosas con intereses industriales, financieros y comerciales en el país, que gasta en publicidad muchos miles de dólares para anunciar sus productos y sus empresas. Pareciera que guardar silencio ante situaciones como éstas, es más conveniente para la salud financiera de esos medios, aunque ello fuese a costa de los intereses de la colectividad que dicen defender.
Panamá nuevamente ha sido clasificada con bajas notas por las empresas calificadoras de riesgos, significando con ello que el financiamiento proveniente del exterior lo pagaremos más caro y ello debido, en alguna medida, a la falta de transparencia en nuestro sistema financiero. No en balde el Fondo Financiero Internacional, en unas de sus visitas a Panamá, manifestó extrema preocupación por esta situación. Al darse estafas y fraudes a los cuentahabientes - como el sonado caso de Providence-, a otras instituciones bancarias, y al cometerse el delito de engañar a la fe pública cuando con estados financieros alterados se esconden cuantiosas pérdidas y se recurre a la Bolsa de Valores para recabar dineros del público, se cometen delitos que en otros lugares se pagan con plurales años de prisión. En Panamá esto pasa como una gracia de muchachos traviesos de pueblo. El fondo de este asunto, como decía el filósofo Niezstche en uno de sus aforismos, es que la justicia sólo actúa entre clases desiguales; el ladrón de gallinas se pudre en las mazmorras, esperando un juicio que nunca llega, mientras que los niños-bien (y también los viejos), en vez de que se le aplique la justicia, negocian salidas a sus culpas o se pasean por Miami como si nada hubiese pasado, mientras la maltrecha justicia panameña se encuentra cuestionada.
Por eso considero que la labor periodística debe ser más amplia en sus investigaciones y denuncias, si se desea ser salvaguarda de los intereses ciudadanos y del buen funcionamiento de nuestras sociedades, ya que las malas prácticas que últimamente nos han dado algunos poderosos empresarios nos indican que la corrupción no es exclusiva de los políticos ni del poder que nos gobierna. A menos que se piense farisaicamente que en nuestra sociedad lo económico no es un poder importante, y que sólo a los políticos, como dice Jorge Ramos, es a quienes se les deba la razón del periodismo. No olvidemos que también Poderoso es Don Dinero.
