Transparencia en las compras del Estado
Por transparencia se entiende el acceso ciudadano oportuno, suficiente y garantizado a información vinculada con el desempeño de las funciones públicas. Eso implica que los órganos del Estado publiquen, con la debida periodicidad, toda la información necesaria para una evaluación social de su desempeño. Esta información debe comprender los resultados de las funciones estatales, sus actividades, su dotación de personal, su presupuesto, sus objetivos, sus indicadores de gestión y sus sistemas de atención al público, y debe estructurarse de modo que permita la comparación entre un ejercicio y otro.
El concepto de transparencia denota la obligación a que debe someterse el Estado para conceder a los ciudadanos que lo requieran acceso oportuno a la información, salvo que medie una razón legalmente establecida y acreditada para justificar la reserva o el secreto de tal información. La regla general debe ser el libre acceso y la excepción el secreto. Al mismo tiempo, los ciudadanos deberían tener la posibilidad de cuestionar judicialmente la decisión de la administración pública de denegar determinada información a la sociedad en razón de alguna causa legal. Sustraer del capricho o de la discrecionalidad de un funcionario el acceso ciudadano a la información generada o en poder del Estado es un acto de fortalecimiento de la democracia. Esto se advierte muy claramente cuando se analiza un régimen de compras oficiales. En Panamá, a pesar de los innumerables actos públicos que requieren las compras gubernamentales, no hay un lugar que reúna la información sobre todas las compras que se realizan. Tal como denunció este diario, la mayoría de las compras directas del Estado no se publica en los boletines oficiales y un gran número de empresas no se registra en los listados de proveedores estatales.
El volumen de compras del sector público se incrementa cada año, y de acuerdo a distintos estudios académicos y experiencias comparadas demuestran que el aumento de la transparencia y la competencia pueden reducir en no menos de un 15 por ciento el precio de las compras públicas. Basta con citar que países con un mayor índice de transparencia, se han instrumentados sistemas transparentes que han hecho crecer en un 250 por ciento el número de proveedores inscriptos, lo que permite un mayor número de pliegos en las licitaciones y una baja en los precios del 20 por ciento.
La mayor transparencia y el más fácil acceso a la información para todas las empresas permitirán una mayor competencia, mejores precios para el sector público y barreras para los actos de corrupción. Lamentablemente, esta regla aún no ha sido puesta en marcha con la necesaria celeridad por la actual administración.
El concepto de transparencia denota la obligación a que debe someterse el Estado para conceder a los ciudadanos que lo requieran acceso oportuno a la información, salvo que medie una razón legalmente establecida y acreditada para justificar la reserva o el secreto de tal información. La regla general debe ser el libre acceso y la excepción el secreto. Al mismo tiempo, los ciudadanos deberían tener la posibilidad de cuestionar judicialmente la decisión de la administración pública de denegar determinada información a la sociedad en razón de alguna causa legal. Sustraer del capricho o de la discrecionalidad de un funcionario el acceso ciudadano a la información generada o en poder del Estado es un acto de fortalecimiento de la democracia. Esto se advierte muy claramente cuando se analiza un régimen de compras oficiales. En Panamá, a pesar de los innumerables actos públicos que requieren las compras gubernamentales, no hay un lugar que reúna la información sobre todas las compras que se realizan. Tal como denunció este diario, la mayoría de las compras directas del Estado no se publica en los boletines oficiales y un gran número de empresas no se registra en los listados de proveedores estatales.
El volumen de compras del sector público se incrementa cada año, y de acuerdo a distintos estudios académicos y experiencias comparadas demuestran que el aumento de la transparencia y la competencia pueden reducir en no menos de un 15 por ciento el precio de las compras públicas. Basta con citar que países con un mayor índice de transparencia, se han instrumentados sistemas transparentes que han hecho crecer en un 250 por ciento el número de proveedores inscriptos, lo que permite un mayor número de pliegos en las licitaciones y una baja en los precios del 20 por ciento.
La mayor transparencia y el más fácil acceso a la información para todas las empresas permitirán una mayor competencia, mejores precios para el sector público y barreras para los actos de corrupción. Lamentablemente, esta regla aún no ha sido puesta en marcha con la necesaria celeridad por la actual administración.
