Transparencia, secretismo y desinformación
El miércoles 5 de septiembre se presentaron a la Asamblea Legislativa dos proyectos de ley sobre acceso a la información, lo cual constituye un desarrollo positivo en el proceso de democratización del país. Uno de los proyectos está dirigido a que se adopte una ley "Por la cual se desarrolla el Derecho a la Libertad de Información Derivado de Fuentes Públicas, se obliga a las instituciones del Estado a facilitar información, se señalan las modalidades de participación ciudadana en la acción pública y se reforman los artículos Segundo y Tercero del Decreto Ejecutivo No.99 del 13 de septiembre de 1999", relativo a la Dirección Nacional contra la Corrupción tuvo su origen en una iniciativa de la ONG "Transferencia Internacional" que preside el Lic. Fernando Berguido. Fue prohijado por el presidente de la Asamblea Legislativa, Rubén Arosemena Valdés, y por el legislador Carlos Smith, coordinador del grupo parlamentario del Pacto META. El otro proyecto de ley "por medio del cual se establece la Acción de Habeas Data" fue presentado por el legislador José Blandón Figueroa, coordinador del grupo parlamentario oficialista.
En la explicación de motivos formulada por "Transparencia Internacional" se señala que "en la medida que la información se "restringe", aumentan los actos de corrupción, el endeudamiento irresponsable y los abusos del poder. Por ello se hace necesario que la información que manejan los funcionarios sea de carácter público, al igual que los actos de las autoridades. Un gobierno -agrega- que no tiene nada que esconder, es un gobierno responsable, honesto y democrático".
Por su parte, la exposición de motivos del proyecto presentado por el coordinador de los parlamentarios oficialistas, destaca que "Entre mayor transparencia en la gestión pública, menor la incidencia de casos de corrupción. Es importante, por ende, que claramente se establezca, por ley con un criterio amplio, qué documentación es de acceso al público y cuál, por su peculiar naturaleza o por las implicaciones de su divulgación, debe mantenerse bajo reserva".
Estimamos que es positivo que los dos proyectos se propongan inyectar mayor transparencia a los órganos de gobierno estableciendo los deberes, frenos y contrapesos necesarios para el libre acceso a la información. Sin embargo, aunque en ambos proyectos se procura garantizar el acceso a la información, también se incluyen disposiciones que establecen restricciones que dan margen a que se desnaturalice o se nulifique el libre acceso ciudadano a la información oficial.
El acceso que tiene el ciudadano común a la información sobre los actos gubernamentales no sólo está limitado por ciertas barreras más o menos fundadas en disposiciones legales de variados rangos. También está limitado por causas que tienen que ver con las prácticas de secretismo, discrecionalidad o manipulación. Las relaciones entre la corrupción y la pobreza, entre la corrupción y el desempleo, entre la corrupción y el subdesarrollo, entre la corrupción y la desmoralización ciudadana sólo pueden ser desestimadas por la terquedad o por la hipocresía.
En toda democracia se debe ser consecuente con la verdad aunque la verdad a veces sea desagradable o áspera. Ese es el precio que debe pagarse para que se viva en libertad. El silencio, la mentira, la simulación, son los peores enemigos de la libertad. Cuando se calla o se acalla, no se otorga como dice el adagio, se abre más bien el camino para que surjan la desconfianza y los rumores. Mientras más ambiguas u opacas son las prácticas de un gobierno y de la clase política en una sociedad, mayores son las inclinaciones de la opinión pública para buscar los errores, las fallas o los vicios. En la mente de los ciudadanos hay una relación directa entre falta de transparencia y corrupción. Hay asimismo una relación directa entre transparencia y buen gobierno.
A veces ocurre que la realidad es terca, impertinente, persistente. En estos casos los intentos de manipulación o de ocultamiento no sirven sino que empeoran las cosas. Cuando la realidad expresa más que la retórica o las explicaciones de los responsables del buen funcionamiento del libre juego democrático, la autoridad de esos responsables se debilita aunque recurran a todo tipo de artificios. Cuando esto sucede, el problema de la falta de confianza de la ciudadanía en la palabra de los personeros políticos y de la clase gobernante plantea una cuestión mucho más grave que las cuestiones sobre ¿Quién denuncia? ¿Qué pruebas? o ¿Quién juzga?.
Somos muchos los que pensamos que los gobernantes y los que tienen algún tipo de protagonismo político o social no sólo tienen derecho a ir callada y discretamente al dormitorio o a la sala de baño únicamente. Los moralistas griegos y romanos, de quienes el mundo occidental heredó veredictos y máximas, decían que una debilidad en el dirigente basta para corromper y destruir el carácter, la fortaleza y la estabilidad de los gobiernos y de las instituciones.
El Foro Romano tuvo durante ciertos períodos de la historia del imperio romano una terrible fuerza para hacer y deshacer el prestigio, la imagen de los líderes, de los hombres públicos. El pueblo romano no tenía acceso a la información de lo que ocurría en el Imperio sino a través de lo que se decía en la plaza pública. De aquellos remotos tiempos viene la conocida frase: "La mujer del César no sólo debe ser honesta sino parecerlo". Esta frase no sólo es arcaica sino que por virtud del principio de la igualdad entre hombres y mujeres, del respeto al género humano, parece hasta discriminatoria. Lo que merece ser rescatado de esta frase es la importancia del ser y del parecer ser en los hombres y mujeres en el ejercicio de funciones públicas.
En nuestros tiempos no hay que ir a ningún lugar público para saber, para obtener información. Desde nuestras propias residencias o lugares de trabajo podemos intentar conocer sobre el acontecer diario de nuestro país y del mundo. En democracia nadie tiene la posibilidad ni la obligación ni la pretensión de ser infalible. No todos los que se expresan ni todo lo que se expresa es cierto o confiable. Por eso es necesario que existan mecanismos, resguardos, contra la mala utilización de la información. Pero no debe existir ninguna facilidad para ejercer la censura que conculque el libre flujo de la información. Estoy convencido de que la mejor defensa contra los vicios en la utilización de la información sobre los actos de gobierno es la transparencia en los actos de gobierno. La transparencia debe volverse un hábito en los responsables de la cosa pública. La transparencia es el antídoto por excelencia contra la inmoralidad, contra la mentira, contra el peculado, contra la ilegalidad y contra la inconstitucionalidad. Es lo único que protege, con la fuerza de la inmunización, contra la corrupción y contra las acusaciones de corrupción.
En este camino los proyectos de ley dirigidos a desarrollar y proteger la libertad de información, en buena hora promovidos por Transparencia Internacional y auspiciados por el presidente de la Asamblea Legislativa, Rubén Arosemena Valdés y por el coordinador de los legisladores oficialistas, José Blandón Figueroa, merecen ser analizados, perfeccionados y aprobados para alcanzar el objetivo superior de mantener la moralidad y el equilibrio democrático.
En la explicación de motivos formulada por "Transparencia Internacional" se señala que "en la medida que la información se "restringe", aumentan los actos de corrupción, el endeudamiento irresponsable y los abusos del poder. Por ello se hace necesario que la información que manejan los funcionarios sea de carácter público, al igual que los actos de las autoridades. Un gobierno -agrega- que no tiene nada que esconder, es un gobierno responsable, honesto y democrático".
Por su parte, la exposición de motivos del proyecto presentado por el coordinador de los parlamentarios oficialistas, destaca que "Entre mayor transparencia en la gestión pública, menor la incidencia de casos de corrupción. Es importante, por ende, que claramente se establezca, por ley con un criterio amplio, qué documentación es de acceso al público y cuál, por su peculiar naturaleza o por las implicaciones de su divulgación, debe mantenerse bajo reserva".
Estimamos que es positivo que los dos proyectos se propongan inyectar mayor transparencia a los órganos de gobierno estableciendo los deberes, frenos y contrapesos necesarios para el libre acceso a la información. Sin embargo, aunque en ambos proyectos se procura garantizar el acceso a la información, también se incluyen disposiciones que establecen restricciones que dan margen a que se desnaturalice o se nulifique el libre acceso ciudadano a la información oficial.
El acceso que tiene el ciudadano común a la información sobre los actos gubernamentales no sólo está limitado por ciertas barreras más o menos fundadas en disposiciones legales de variados rangos. También está limitado por causas que tienen que ver con las prácticas de secretismo, discrecionalidad o manipulación. Las relaciones entre la corrupción y la pobreza, entre la corrupción y el desempleo, entre la corrupción y el subdesarrollo, entre la corrupción y la desmoralización ciudadana sólo pueden ser desestimadas por la terquedad o por la hipocresía.
En toda democracia se debe ser consecuente con la verdad aunque la verdad a veces sea desagradable o áspera. Ese es el precio que debe pagarse para que se viva en libertad. El silencio, la mentira, la simulación, son los peores enemigos de la libertad. Cuando se calla o se acalla, no se otorga como dice el adagio, se abre más bien el camino para que surjan la desconfianza y los rumores. Mientras más ambiguas u opacas son las prácticas de un gobierno y de la clase política en una sociedad, mayores son las inclinaciones de la opinión pública para buscar los errores, las fallas o los vicios. En la mente de los ciudadanos hay una relación directa entre falta de transparencia y corrupción. Hay asimismo una relación directa entre transparencia y buen gobierno.
A veces ocurre que la realidad es terca, impertinente, persistente. En estos casos los intentos de manipulación o de ocultamiento no sirven sino que empeoran las cosas. Cuando la realidad expresa más que la retórica o las explicaciones de los responsables del buen funcionamiento del libre juego democrático, la autoridad de esos responsables se debilita aunque recurran a todo tipo de artificios. Cuando esto sucede, el problema de la falta de confianza de la ciudadanía en la palabra de los personeros políticos y de la clase gobernante plantea una cuestión mucho más grave que las cuestiones sobre ¿Quién denuncia? ¿Qué pruebas? o ¿Quién juzga?.
Somos muchos los que pensamos que los gobernantes y los que tienen algún tipo de protagonismo político o social no sólo tienen derecho a ir callada y discretamente al dormitorio o a la sala de baño únicamente. Los moralistas griegos y romanos, de quienes el mundo occidental heredó veredictos y máximas, decían que una debilidad en el dirigente basta para corromper y destruir el carácter, la fortaleza y la estabilidad de los gobiernos y de las instituciones.
El Foro Romano tuvo durante ciertos períodos de la historia del imperio romano una terrible fuerza para hacer y deshacer el prestigio, la imagen de los líderes, de los hombres públicos. El pueblo romano no tenía acceso a la información de lo que ocurría en el Imperio sino a través de lo que se decía en la plaza pública. De aquellos remotos tiempos viene la conocida frase: "La mujer del César no sólo debe ser honesta sino parecerlo". Esta frase no sólo es arcaica sino que por virtud del principio de la igualdad entre hombres y mujeres, del respeto al género humano, parece hasta discriminatoria. Lo que merece ser rescatado de esta frase es la importancia del ser y del parecer ser en los hombres y mujeres en el ejercicio de funciones públicas.
En nuestros tiempos no hay que ir a ningún lugar público para saber, para obtener información. Desde nuestras propias residencias o lugares de trabajo podemos intentar conocer sobre el acontecer diario de nuestro país y del mundo. En democracia nadie tiene la posibilidad ni la obligación ni la pretensión de ser infalible. No todos los que se expresan ni todo lo que se expresa es cierto o confiable. Por eso es necesario que existan mecanismos, resguardos, contra la mala utilización de la información. Pero no debe existir ninguna facilidad para ejercer la censura que conculque el libre flujo de la información. Estoy convencido de que la mejor defensa contra los vicios en la utilización de la información sobre los actos de gobierno es la transparencia en los actos de gobierno. La transparencia debe volverse un hábito en los responsables de la cosa pública. La transparencia es el antídoto por excelencia contra la inmoralidad, contra la mentira, contra el peculado, contra la ilegalidad y contra la inconstitucionalidad. Es lo único que protege, con la fuerza de la inmunización, contra la corrupción y contra las acusaciones de corrupción.
En este camino los proyectos de ley dirigidos a desarrollar y proteger la libertad de información, en buena hora promovidos por Transparencia Internacional y auspiciados por el presidente de la Asamblea Legislativa, Rubén Arosemena Valdés y por el coordinador de los legisladores oficialistas, José Blandón Figueroa, merecen ser analizados, perfeccionados y aprobados para alcanzar el objetivo superior de mantener la moralidad y el equilibrio democrático.
