Transparencia y algo más
NUESTRO GOBIERNO no debe constituirse en un mero observador y testigo de los acontecimientos frente a la leonina pretensión de las empresas que se aprestan a aumentarnos en un 30% la tarifa sobre la energía eléctrica que nos suministran.
Se hace indispensable que se investigue, con participación del Estado, cuál es el costo mensual de operaciones de cada una de ellas y cuánto cobran por prestarnos el servicio. Además, hay que establecer cuál es el rendimiento que perciben respecto al costo de su inversión. Eso sería hacer prevalecer la transparencia.
Si se establece que es leonina la tarifa, podemos solicitar la nulidad del contrato con aquellas que hayan quedado al desnudo.
Por otra parte, somos los usuarios, las víctimas de las compañías, quienes tenemos la sartén por el mango si actuamos unidos y rápidamente. Si nos proponemos, podemos hacerles perder a ellas más del mencionado 30% que pretenden imponernos de aumento por nuestro consumo.
Podríamos concretarnos a racionarnos y reducirnos a consumir solamente lo indispensable, como por ejemplo, mantener el funcionamiento de las refrigeradoras y, en general, ejecutar un riguroso programa de abstención en el uso de cuanto aparato funcione con electricidad.
Es sabido que en nuestro país el suministro de energía eléctrica es uno de los más caros del mundo. Debemos proponernos con firmeza que se rebajen sin exageración, pero sin resistencia, las tarifas.
Por otra parte, también estimamos que se hace indispensable, más que conveniente, que el Estado, se encargue de la prestación de los servicios de suministro, tanto de electricidad como de telefonía, al igual que el de agua, y con tarifas razonablemente equitativas y no ruinosas y aplastantes.
Dejémonos de consideraciones y aplazamientos. Comencemos a negociar para que vuelvan a manos nuestras, los de los panameños y panameñas, estos servicios que tantos sinsabores nos causan en la actualidad, y que en manos extrañas nos están conduciendo a un caos económico.
Se hace indispensable que se investigue, con participación del Estado, cuál es el costo mensual de operaciones de cada una de ellas y cuánto cobran por prestarnos el servicio. Además, hay que establecer cuál es el rendimiento que perciben respecto al costo de su inversión. Eso sería hacer prevalecer la transparencia.
Si se establece que es leonina la tarifa, podemos solicitar la nulidad del contrato con aquellas que hayan quedado al desnudo.
Por otra parte, somos los usuarios, las víctimas de las compañías, quienes tenemos la sartén por el mango si actuamos unidos y rápidamente. Si nos proponemos, podemos hacerles perder a ellas más del mencionado 30% que pretenden imponernos de aumento por nuestro consumo.
Podríamos concretarnos a racionarnos y reducirnos a consumir solamente lo indispensable, como por ejemplo, mantener el funcionamiento de las refrigeradoras y, en general, ejecutar un riguroso programa de abstención en el uso de cuanto aparato funcione con electricidad.
Es sabido que en nuestro país el suministro de energía eléctrica es uno de los más caros del mundo. Debemos proponernos con firmeza que se rebajen sin exageración, pero sin resistencia, las tarifas.
Por otra parte, también estimamos que se hace indispensable, más que conveniente, que el Estado, se encargue de la prestación de los servicios de suministro, tanto de electricidad como de telefonía, al igual que el de agua, y con tarifas razonablemente equitativas y no ruinosas y aplastantes.
Dejémonos de consideraciones y aplazamientos. Comencemos a negociar para que vuelvan a manos nuestras, los de los panameños y panameñas, estos servicios que tantos sinsabores nos causan en la actualidad, y que en manos extrañas nos están conduciendo a un caos económico.
