Transporte
El transporte colectivo en la ciudad capital sigue siendo un desastre. Los equipos utilizados son viejos e inadecuados. Se compran de segunda en los Estados Unidos, donde se utilizan para el transporte de estudiantes de escuelas públicas y privadas. Pero su única puerta de entrada y salida es inadaptable para transporte masivo urbano y crea congestionamiento, ya que le toma el doble del tiempo para abordar y desembarcar pasajeros que a un autobús con dos puertas.
Esos conductores manejan como si fueran propietarios exclusivos de las calles y avenidas de la capital, sin importarles que a diario ocasionan colisiones, tranques y hasta lesionados y muertos. Las paradas son ignoradas y se detienen para recoger y dejar pasajeros donde más les provoca y conviene. A pesar que se quejan porque la tarifa actual es insuficiente, ruedan por las calles decorados con aleros, calzadores y pinturas, y equipados con costosos aparatos de música, pero sin las elementales luces de señalización y con asientos y pasillos en estado deplorable.
Todo lo anterior ocurre bajo las narices de las autoridades de Tránsito. Algunos, encompinchados con los propietarios de los cupos o los palancas, los ignoran mientras que otros lucen de adorno. Las máximas autoridades del transporte se concentran en el negociado de los cupos, en vez de estar poniendo la casa en orden.
Quizá no sea demasiado tarde para explorar otra posibilidad, a más de lo que aquí planteamos, de abrir el sector a la participación privada. Y esta sería desnacionalizar el problema pasándoselo a los municipios. De hecho, el transporte en su mayoría es eminentemente local, por lo cual en todos los países del mundo es responsabilidad primordial de las autoridades locales.
Hasta que se cuente localmente con la infraestructura y recursos necesarios, habrá que mantener la regulación nacional. Sin embargo, se debe insistir en cambios materiales al sistema. Para comenzar, los préstamos no los debe realizar el Banco Nacional porque se perderá como en el pasado; en vez de eso, debe el Banco Nacional prestarlo a la banca privada para que ella negocie los términos y condiciones de los mismos en base a supuestos comerciales y no políticos. Además, como hemos dicho, se debe permitir mayor competencia. Se puede comenzar concediendo mayor libertad para cobrar tarifas superiores por servicios de mayor calidad.
Esos conductores manejan como si fueran propietarios exclusivos de las calles y avenidas de la capital, sin importarles que a diario ocasionan colisiones, tranques y hasta lesionados y muertos. Las paradas son ignoradas y se detienen para recoger y dejar pasajeros donde más les provoca y conviene. A pesar que se quejan porque la tarifa actual es insuficiente, ruedan por las calles decorados con aleros, calzadores y pinturas, y equipados con costosos aparatos de música, pero sin las elementales luces de señalización y con asientos y pasillos en estado deplorable.
Todo lo anterior ocurre bajo las narices de las autoridades de Tránsito. Algunos, encompinchados con los propietarios de los cupos o los palancas, los ignoran mientras que otros lucen de adorno. Las máximas autoridades del transporte se concentran en el negociado de los cupos, en vez de estar poniendo la casa en orden.
Quizá no sea demasiado tarde para explorar otra posibilidad, a más de lo que aquí planteamos, de abrir el sector a la participación privada. Y esta sería desnacionalizar el problema pasándoselo a los municipios. De hecho, el transporte en su mayoría es eminentemente local, por lo cual en todos los países del mundo es responsabilidad primordial de las autoridades locales.
Hasta que se cuente localmente con la infraestructura y recursos necesarios, habrá que mantener la regulación nacional. Sin embargo, se debe insistir en cambios materiales al sistema. Para comenzar, los préstamos no los debe realizar el Banco Nacional porque se perderá como en el pasado; en vez de eso, debe el Banco Nacional prestarlo a la banca privada para que ella negocie los términos y condiciones de los mismos en base a supuestos comerciales y no políticos. Además, como hemos dicho, se debe permitir mayor competencia. Se puede comenzar concediendo mayor libertad para cobrar tarifas superiores por servicios de mayor calidad.
