Transporte público, un atropello al usuario
El transporte público de pasajeros es un caos. Una "papa caliente" de la que ningún gobierno ha querido hacerse cargo. Miles de usuarios sufren a diario las consecuencias de un servicio inseguro e ineficiente que afecta negativamente la calidad de vida de los panameños.
Cualquier usuario de un transporte colectivo en la ciudad se ve obligado a ajustarse a un sistema obsoleto, que no sólo le quita tiempo para tarsaldarse, sino que además lo expone a una peligrosa carrera en unidades que no reúnen las condiciones mínimas de seguridad y comodidad.
Como ejemplo, basta con decir que desde el 1 de enero del 2002 hasta el 16 de marzo de 2004 las unidades del transporte público cometieron 4984 infracciones, según detectó la Autoridad del Tránsito en 449 operativos, los que de ninguna manera llegan a cubrir la cantidad real de faltas ocurridas. Lo más grave es que 282 multas fueron por tener las llantas lisas, lo que da la pauta del estado de deterioro en que se encuentran las unidades. Otras infracciones frecuentes son el exceso de velocidad, las fugas, el descenso de pasajeros en lugares indebidos o el circular por el carril indebido.
Esta situación tiene sumamente preocupados a los usuarios. Para el presidente de la Unión Nacional de Consumidores de la República de Panamá (UNCOREPA), Pedro Acosta, no hay voluntad política del Estado para cambiar este sistema deficiente. A su entender, el acuerdo logrado entre los transportistas y el gobierno nacional el año pasado fue solamente una argucia para aumentar el pasaje. "Al unificar el pasaje a 25 centavos, se aumentó en un 66% su valor y el servicio sigue siendo el mismo", señaló.
Y los hechos le dan la razón, porque los buses siguen siendo viejos y deteriorados y las "regatas" como comúnmente se llaman a las carreras que realizan los buseros para ganarse pasajeros, siguen siendo una constante causa de accidentes.
Coincidiendo plenamente con ello, el director de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Pablo Quintero Luna, aceptó que en materia de transporte público colectivo, "Panamá se encuentra atrasado y cada día está peor porque existe una desorganización en el sector del transporte debido a una mala administración".
Señaló que actualmente los conductores no le dan el mantenimiento adecuado a los buses, se estacionan y recogen pasajeros donde les da la gana, tienen cornetas, no usan uniformes, hay unidades con una edad avanzada circulando. En fin, un desorden total, porque el gobierno no ha tenido la voluntad política para tomar las riendas del transporte público de pasajeros y ordenarlo de una manera real y eficiente.
A su criterio, los transportistas necesitan ayuda para poder trabajar como una empresa y para que exista un control sobre la misma en materia de mantenimiento, pago de salarios, prestaciones laborales y vacaciones.
"Pienso que la mejor solución es que los propios transportistas se conviertan en empresarios. Solamente hay que orientarlos. El mejor ejemplo es el de la Gran Terminal, en la cual los transportistas son accionistas".
Luzmila Angulo, de la Cámara Nacional del Transporte (CANATRA), no acepta que la situación actual de los transportistas sea tan negativa. Ella asegura que están cumpliendo "en gran parte" con el acuerdo logrado con el gobierno nacional y que los problemas que subsisten se deben a que "en todas las profesiones hay gente buena y gente mala".
Señaló que a pesar de que la lucha no ha sido fácil, se notan los cambios en las calles, ya que no se observan la cantidad de regatas que se suscitaban con anterioridad y el nivel de accidentes fatales ha disminuido.
Según la representante de los transportistas "se quiere responsabilizar al sector público del transporte del caos vehicular, cuando cada día la ciudad está más saturada de vehículos a lo que hay que sumar el mal estado de las calles".
Con respecto a la falta de renovación de los buses indicó que la empresa que debía proveerlos "ha estafado a los transportistas", quienes adquirieron unidades nuevas por un valor de 100 mil dólares, y en menos de cinco años presentan serias deficiencias por lo que se realizaron las demandas correspondientes".
Angulo resaltó que los transportistas no se oponen a la modernización del servicio, siempre y cuando el nuevo modelo que se escoja tome en cuenta a quienes actualmente prestan el servicio. "Se debe tomar un modelo, ya sea metro bus, buses articulados u otros. Eso sí, tomando en cuenta a los actuales transportistas".
Previo a ello estimó que debe haber una revisión integral de la estructura administrativa y operativa de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, porque está no funciona apegada a los conceptos de la Ley 34. "Cuando esta oficina tenga una operación funcional normal, debe darse las negociaciones entre el sector transporte, el gobierno y la Policía de Tránsito para buscar mejorar el servicio".
De acuerdo a cifras de la CANATRA, existe un aproximado de 36 mil unidades del transporte público, incluyendo el selectivo, colectivo y colegiales.
En cuanto al sector colectivo, hay cerca de 5 mil transportes, tomando en cuenta las rutas rurales, internas, servicios de lujo y buses corrientes. Estas mismas estadísticas revelan que del sector colectivo público se benefician más de 40 mil personas.
Cualquier usuario de un transporte colectivo en la ciudad se ve obligado a ajustarse a un sistema obsoleto, que no sólo le quita tiempo para tarsaldarse, sino que además lo expone a una peligrosa carrera en unidades que no reúnen las condiciones mínimas de seguridad y comodidad.
Como ejemplo, basta con decir que desde el 1 de enero del 2002 hasta el 16 de marzo de 2004 las unidades del transporte público cometieron 4984 infracciones, según detectó la Autoridad del Tránsito en 449 operativos, los que de ninguna manera llegan a cubrir la cantidad real de faltas ocurridas. Lo más grave es que 282 multas fueron por tener las llantas lisas, lo que da la pauta del estado de deterioro en que se encuentran las unidades. Otras infracciones frecuentes son el exceso de velocidad, las fugas, el descenso de pasajeros en lugares indebidos o el circular por el carril indebido.
Esta situación tiene sumamente preocupados a los usuarios. Para el presidente de la Unión Nacional de Consumidores de la República de Panamá (UNCOREPA), Pedro Acosta, no hay voluntad política del Estado para cambiar este sistema deficiente. A su entender, el acuerdo logrado entre los transportistas y el gobierno nacional el año pasado fue solamente una argucia para aumentar el pasaje. "Al unificar el pasaje a 25 centavos, se aumentó en un 66% su valor y el servicio sigue siendo el mismo", señaló.
Y los hechos le dan la razón, porque los buses siguen siendo viejos y deteriorados y las "regatas" como comúnmente se llaman a las carreras que realizan los buseros para ganarse pasajeros, siguen siendo una constante causa de accidentes.
Coincidiendo plenamente con ello, el director de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Pablo Quintero Luna, aceptó que en materia de transporte público colectivo, "Panamá se encuentra atrasado y cada día está peor porque existe una desorganización en el sector del transporte debido a una mala administración".
Señaló que actualmente los conductores no le dan el mantenimiento adecuado a los buses, se estacionan y recogen pasajeros donde les da la gana, tienen cornetas, no usan uniformes, hay unidades con una edad avanzada circulando. En fin, un desorden total, porque el gobierno no ha tenido la voluntad política para tomar las riendas del transporte público de pasajeros y ordenarlo de una manera real y eficiente.
A su criterio, los transportistas necesitan ayuda para poder trabajar como una empresa y para que exista un control sobre la misma en materia de mantenimiento, pago de salarios, prestaciones laborales y vacaciones.
"Pienso que la mejor solución es que los propios transportistas se conviertan en empresarios. Solamente hay que orientarlos. El mejor ejemplo es el de la Gran Terminal, en la cual los transportistas son accionistas".
Luzmila Angulo, de la Cámara Nacional del Transporte (CANATRA), no acepta que la situación actual de los transportistas sea tan negativa. Ella asegura que están cumpliendo "en gran parte" con el acuerdo logrado con el gobierno nacional y que los problemas que subsisten se deben a que "en todas las profesiones hay gente buena y gente mala".
Señaló que a pesar de que la lucha no ha sido fácil, se notan los cambios en las calles, ya que no se observan la cantidad de regatas que se suscitaban con anterioridad y el nivel de accidentes fatales ha disminuido.
Según la representante de los transportistas "se quiere responsabilizar al sector público del transporte del caos vehicular, cuando cada día la ciudad está más saturada de vehículos a lo que hay que sumar el mal estado de las calles".
Con respecto a la falta de renovación de los buses indicó que la empresa que debía proveerlos "ha estafado a los transportistas", quienes adquirieron unidades nuevas por un valor de 100 mil dólares, y en menos de cinco años presentan serias deficiencias por lo que se realizaron las demandas correspondientes".
Angulo resaltó que los transportistas no se oponen a la modernización del servicio, siempre y cuando el nuevo modelo que se escoja tome en cuenta a quienes actualmente prestan el servicio. "Se debe tomar un modelo, ya sea metro bus, buses articulados u otros. Eso sí, tomando en cuenta a los actuales transportistas".
Previo a ello estimó que debe haber una revisión integral de la estructura administrativa y operativa de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, porque está no funciona apegada a los conceptos de la Ley 34. "Cuando esta oficina tenga una operación funcional normal, debe darse las negociaciones entre el sector transporte, el gobierno y la Policía de Tránsito para buscar mejorar el servicio".
De acuerdo a cifras de la CANATRA, existe un aproximado de 36 mil unidades del transporte público, incluyendo el selectivo, colectivo y colegiales.
En cuanto al sector colectivo, hay cerca de 5 mil transportes, tomando en cuenta las rutas rurales, internas, servicios de lujo y buses corrientes. Estas mismas estadísticas revelan que del sector colectivo público se benefician más de 40 mil personas.
