Transportistas malapagas y Banconal
Hace dos años, el gobierno hizo que el Banco Nacional otorgara a los gremios de transporte préstamos por B/.25 millones para modernizar su flota de buses. Si se quiere, fue el precio pagado para levantar un paro del sector que se anticipaba ruinoso y que culminó en graves disturbios callejeros.
Transcurrió el tiempo y ahora tenemos que los vehículos que habían sido reparados y, en algunos casos comprados nuevos o usados, como justificación para subir el pasaje a 25 centavos, están otra vez en el punto de partida, o sea, en igual o peor ruinosa situación que al principio. Por allí se observan averiados a la orilla o en media vía o estrellados sin frenos contra algún poste o involucrados en algún fatal accidente, causado casi siempre por falta de mantenimiento.
El Estado y el Banco Nacional aprenden así, por carne propia, la lección harto sabida por financistas privados, mucho más duchos en la lidia con el sector, que los taxistas y buseros son malapagas empedernidos y maleantes consumados e irredimibles. Ningún acuerdo respetan y nada saben de palabra empeñada. Suelen operar bajo el paraguas de un descarado contubernio con la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, de cuya junta directiva forman parte - que no los usuarios, que pagan el negocio con el pasaje -, con el mero objetivo de salvaguardar sus intereses y consumar infames negociados con el comercio de cupos, rutas, piqueras, venta de exoneraciones, favores, permisos y licencias, y el tráfico de mordidas para el otorgamiento o negativa de visto buenos, paz y salvo y placas, y para la aprobación de traspasos en perjuicio de inversionistas que financian vehículos.
Aquello es una inmensa maquinaria institucionalizada de corrupción de la que pelechan acaudalados dirigentes transportistas, altos funcionarios y cuadros burocráticos.
El Banco Nacional ha sido, pues, timado y volverá a serlo, aunque esta vez no estará solo. Le hará compañía la venerable Caja de Ahorros, nuestro “banco de la familia panameña”, cuya sólida salud financiera tanto esfuerzo ha costado, para que vengan ahora cuatro asaltantes de camino a pretender saquearlo. B/.1.5 millón ahorraron en ella 40 mil niños panameños el año pasado. Seguramente no saben que el dinero irá a parar a manos de insensatos.
El reciente acuerdo firmado por el viceministro de Gobierno y Justicia, Alejandro Pérez, con los dirigentes transportistas, retrata de cuerpo entero el cuadro descrito. Se quiere volver a obligar a ambos bancos oficiales a que admitan mansamente el saqueo. No otra cosa es el imponer a sus juntas directivas la obligación de otorgar a los transportistas nuevos préstamos blandos, si más de la mitad de ellos son morosos contumaces de los préstamos multimillonarios que hace dos años les concediera, en igual circunstancia, el Banco Nacional.
Transcurrió el tiempo y ahora tenemos que los vehículos que habían sido reparados y, en algunos casos comprados nuevos o usados, como justificación para subir el pasaje a 25 centavos, están otra vez en el punto de partida, o sea, en igual o peor ruinosa situación que al principio. Por allí se observan averiados a la orilla o en media vía o estrellados sin frenos contra algún poste o involucrados en algún fatal accidente, causado casi siempre por falta de mantenimiento.
El Estado y el Banco Nacional aprenden así, por carne propia, la lección harto sabida por financistas privados, mucho más duchos en la lidia con el sector, que los taxistas y buseros son malapagas empedernidos y maleantes consumados e irredimibles. Ningún acuerdo respetan y nada saben de palabra empeñada. Suelen operar bajo el paraguas de un descarado contubernio con la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, de cuya junta directiva forman parte - que no los usuarios, que pagan el negocio con el pasaje -, con el mero objetivo de salvaguardar sus intereses y consumar infames negociados con el comercio de cupos, rutas, piqueras, venta de exoneraciones, favores, permisos y licencias, y el tráfico de mordidas para el otorgamiento o negativa de visto buenos, paz y salvo y placas, y para la aprobación de traspasos en perjuicio de inversionistas que financian vehículos.
Aquello es una inmensa maquinaria institucionalizada de corrupción de la que pelechan acaudalados dirigentes transportistas, altos funcionarios y cuadros burocráticos.
El Banco Nacional ha sido, pues, timado y volverá a serlo, aunque esta vez no estará solo. Le hará compañía la venerable Caja de Ahorros, nuestro “banco de la familia panameña”, cuya sólida salud financiera tanto esfuerzo ha costado, para que vengan ahora cuatro asaltantes de camino a pretender saquearlo. B/.1.5 millón ahorraron en ella 40 mil niños panameños el año pasado. Seguramente no saben que el dinero irá a parar a manos de insensatos.
El reciente acuerdo firmado por el viceministro de Gobierno y Justicia, Alejandro Pérez, con los dirigentes transportistas, retrata de cuerpo entero el cuadro descrito. Se quiere volver a obligar a ambos bancos oficiales a que admitan mansamente el saqueo. No otra cosa es el imponer a sus juntas directivas la obligación de otorgar a los transportistas nuevos préstamos blandos, si más de la mitad de ellos son morosos contumaces de los préstamos multimillonarios que hace dos años les concediera, en igual circunstancia, el Banco Nacional.
