Tras veinte años de olvido: ¿justicia al fin?
A comienzos de los años "80, Occidente se conmovió por la crudeza de las imágenes del film norteamericano, "The Killing Fields" ("Los Campos de la Muerte"). De repente, la realidad del distante sudeste asiático se apoderó de las pantallas de Estados Unidos, Latinoamérica y Europa, sensibilizando a vastas audiencias. En 1975, una cruenta guerra civil llegaba a su fin en Camboya. A partir de allí, el país sufriría una transformación de alcances impensados. La toma del poder por el movimiento comunista Khmer Rouge, constituiría un verdadero punto sin retorno. Emergidos de la selva, endurecidos por años de lucha armada y proclamando una utópica sociedad agraria, los guerrilleros llevarían su ideología hasta límites extremos. De la noche a la mañana, Camboya se vio forzada a regresar a la edad de piedra. Tras la toma del poder, el legendario líder del movimiento, Pol Pot, ordenó desechar todo vestigio de la civilización anterior. Las ciudades fueron abandonadas, los hospitales destruidos y las escuelas cerradas. La población fue obligada a reasentarse en campamentos de "trabajo y reeducación", donde millares morirían a causa del agotamiento, la inanición o simplemente ejecutados. Al mismo tiempo, el régimen emprendió una cacería sistemática para eliminar a los representantes del "viejo régimen": maestros, funcionarios y empleados públicos, periodistas, médicos, policías, entre muchos otros. Las estimaciones más conservadores calculan el total de víctimas en alrededor de un millón de personas. La planificación y ejecución sistemática con la cual se llevó a cabo el genocidio dejó perplejos a los observadores internacionales. Sin embargo, y a pesar del incesante flujo de información, Occidente optaría por no intervenir. En 1979, Camboya sería invadida, el régimen desplazado del poder y el terror llegaría a su fin.
Desde entonces, más de dos décadas han pasado. Los principales arquitectos del exterminio de un millón de personas continúan viviendo en la más absoluta impunidad. Finalmente, y tras largas negociaciones, la comunidad internacional ha dado los primeros pasos para juzgar y castigar a los máximos responsables. Para ello, Naciones Unidas y Camboya acordaron el establecimiento de un tribunal internacional que juzgará a los jerarcas del Khmer Rouge. Si bien, el ideólogo del genocidio, Pol Pot, murió de causas naturales en abril de 1998, sus lugartenientes continúan disfrutando de un apacible retiro de la vida pública. Una vez asumido el compromiso de implementar la decisión, sólo resta la ratificación del acuerdo por el Parlamento camboyano. Cuando el mismo sea oficializado, comenzarán entonces los preparativos. De este modo, se continuará con la línea establecida por Naciones Unidas que dispone la creación de instancias internacionales especiales para juzgar violaciones masivas, graves y generalizadas a los derechos humanos. En los dos casos anterior a la antigua Yugoslavia y Rwanda--, sendos órganos judiciales fueron puestos en funciones y continúan operando.
Camboya viene enfrentando los dilemas del pasado: ¿olvidar o recuperar la verdad histórica? ¿juzgar o garantizar la impunidad? No obstante el transcurso del tiempo, la gravedad de lo sucedido en el país continúa exigiendo una investigación plena y castigos ajustados a las normas vigentes. Lo primero, permitirá recrear sobre bases fácticas y ciertas lo ocurrido durante el imperio del Khmer Rouge; lo segundo, apuntará a desmontar una largamente instalada cultura de la impunidad. Ambos objetivos exigirán contar con una instancia judicial idónea, imparcial e independiente. Contra esto se ha argumentado reiteradamente que al insistir con "regresar al pasado", las sociedades ponen en peligro el presente y el futuro. Esta posición ha sido escuchada con particular insistencia en nuestra América Latina. El razonamiento invita a voltear con urgencia las "páginas pasadas". Incluso, si ello implica dejar impunes los crímenes más aberrantes. El acuerdo recientemente concluido por Naciones Unidos y las autoridades camboyanas desafía abiertamente estas premisas. Sólo una íntegra recuperación del pasado, acompañada de una atribución aleccionadora de las responsabilidades y de reparación a las víctimas facilitará la construcción de un futuro sobre bases sólidas. Las sociedades que ignoran la inhumanidad y violencia ocurrida en su seno envían un mensaje ambiguo. En Camboya, tras veinte años de olvido, se han dado los primeros pasos para que haya justicia.
Desde entonces, más de dos décadas han pasado. Los principales arquitectos del exterminio de un millón de personas continúan viviendo en la más absoluta impunidad. Finalmente, y tras largas negociaciones, la comunidad internacional ha dado los primeros pasos para juzgar y castigar a los máximos responsables. Para ello, Naciones Unidas y Camboya acordaron el establecimiento de un tribunal internacional que juzgará a los jerarcas del Khmer Rouge. Si bien, el ideólogo del genocidio, Pol Pot, murió de causas naturales en abril de 1998, sus lugartenientes continúan disfrutando de un apacible retiro de la vida pública. Una vez asumido el compromiso de implementar la decisión, sólo resta la ratificación del acuerdo por el Parlamento camboyano. Cuando el mismo sea oficializado, comenzarán entonces los preparativos. De este modo, se continuará con la línea establecida por Naciones Unidas que dispone la creación de instancias internacionales especiales para juzgar violaciones masivas, graves y generalizadas a los derechos humanos. En los dos casos anterior a la antigua Yugoslavia y Rwanda--, sendos órganos judiciales fueron puestos en funciones y continúan operando.
Camboya viene enfrentando los dilemas del pasado: ¿olvidar o recuperar la verdad histórica? ¿juzgar o garantizar la impunidad? No obstante el transcurso del tiempo, la gravedad de lo sucedido en el país continúa exigiendo una investigación plena y castigos ajustados a las normas vigentes. Lo primero, permitirá recrear sobre bases fácticas y ciertas lo ocurrido durante el imperio del Khmer Rouge; lo segundo, apuntará a desmontar una largamente instalada cultura de la impunidad. Ambos objetivos exigirán contar con una instancia judicial idónea, imparcial e independiente. Contra esto se ha argumentado reiteradamente que al insistir con "regresar al pasado", las sociedades ponen en peligro el presente y el futuro. Esta posición ha sido escuchada con particular insistencia en nuestra América Latina. El razonamiento invita a voltear con urgencia las "páginas pasadas". Incluso, si ello implica dejar impunes los crímenes más aberrantes. El acuerdo recientemente concluido por Naciones Unidos y las autoridades camboyanas desafía abiertamente estas premisas. Sólo una íntegra recuperación del pasado, acompañada de una atribución aleccionadora de las responsabilidades y de reparación a las víctimas facilitará la construcción de un futuro sobre bases sólidas. Las sociedades que ignoran la inhumanidad y violencia ocurrida en su seno envían un mensaje ambiguo. En Camboya, tras veinte años de olvido, se han dado los primeros pasos para que haya justicia.
