Tratados, empleo y bienestar
Con el tratado de libre comercio entre Panamá y El Salvador se da inicio a un programa de negociaciones con otros países que aparecen en la larga lista de pendientes que tiene el Viceministerio de Comercio Exterior. Esperan su turno dentro de la apretada agenda de nuestros negociadores, el resto de Centroamérica, Colombia, República Dominicana, Chile, Santo Domingo, México, Cuba, Trinidad y Tobago y la Comunidad Andina, entre otros.
El objetivo de firmar aceleradamente tratados de libre comercio con tantos países responde a la política de apertura comercial que este gobierno ha decidido continuar y que comenzó con la abrupta rebaja de aranceles implementada por el gobierno anterior.
Cada acuerdo establece que el arancel de protección para los productos intercambiados es cero, lo que significa que la drástica baja del tope arancelario a quince por ciento, frente a la cual nuestros productores elevaron su protesta durante el pasado gobierno, será ahora superada por éste a medida que se vayan firmando los tratados pendientes.
Las consecuencias de estas negociaciones sobre el nivel de empleo y de bienestar de la población se verán cuando comience a desarrollarse la relación comercial libre, y éstas serán más graves en la medida en que existan grandes diferencias en la competitividad de los sectores productivos entre los países firmantes del tratado. Esto se debe a que las negociaciones no están fundamentadas en la equidad, sino más bien en las presiones diplomáticas que se ejercen donde los más fuertes o los más habilidosos tienen mayores ventajas.
Por esto resulta tan importante que el Gobierno Nacional ayude al sector productivo para que pueda ser más competitivo. Ya no se trata solamente de que la empresa sea competitiva, sino que las condiciones dentro de la cual ésta produce, le permitan serlo. Estamos hablando de la rapidez de los trámites dentro de las burocráticas oficinas públicas; de la liberación de impuestos que encarezcan los productos; de una política energética que permita un suministro de electricidad barato y eficiente; de la existencia de una legislación laboral que incentive la productividad, y no que conspire contra ella; de un sistema aduanal eficiente; y en general, de la rápida atención a los problemas que confronta el sector privado.
Si realmente queremos evitar que la ejecución de los tratados del libre comercio representen para Panamá un aumento del desempleo y de la pobreza, el Gobierno Nacional tiene que adoptar una política de ayuda al sector privado eliminando los obstáculos que existen para que este pueda crecer y desarrollarse.
Quedarnos solamente en la negociación y firma de los tratados, lejos de traer bienestar a nuestro país, puede significar la destrucción de las ya escasas estructuras productivas que representan fuentes de empleo y de bienestar.
El objetivo de firmar aceleradamente tratados de libre comercio con tantos países responde a la política de apertura comercial que este gobierno ha decidido continuar y que comenzó con la abrupta rebaja de aranceles implementada por el gobierno anterior.
Cada acuerdo establece que el arancel de protección para los productos intercambiados es cero, lo que significa que la drástica baja del tope arancelario a quince por ciento, frente a la cual nuestros productores elevaron su protesta durante el pasado gobierno, será ahora superada por éste a medida que se vayan firmando los tratados pendientes.
Las consecuencias de estas negociaciones sobre el nivel de empleo y de bienestar de la población se verán cuando comience a desarrollarse la relación comercial libre, y éstas serán más graves en la medida en que existan grandes diferencias en la competitividad de los sectores productivos entre los países firmantes del tratado. Esto se debe a que las negociaciones no están fundamentadas en la equidad, sino más bien en las presiones diplomáticas que se ejercen donde los más fuertes o los más habilidosos tienen mayores ventajas.
Por esto resulta tan importante que el Gobierno Nacional ayude al sector productivo para que pueda ser más competitivo. Ya no se trata solamente de que la empresa sea competitiva, sino que las condiciones dentro de la cual ésta produce, le permitan serlo. Estamos hablando de la rapidez de los trámites dentro de las burocráticas oficinas públicas; de la liberación de impuestos que encarezcan los productos; de una política energética que permita un suministro de electricidad barato y eficiente; de la existencia de una legislación laboral que incentive la productividad, y no que conspire contra ella; de un sistema aduanal eficiente; y en general, de la rápida atención a los problemas que confronta el sector privado.
Si realmente queremos evitar que la ejecución de los tratados del libre comercio representen para Panamá un aumento del desempleo y de la pobreza, el Gobierno Nacional tiene que adoptar una política de ayuda al sector privado eliminando los obstáculos que existen para que este pueda crecer y desarrollarse.
Quedarnos solamente en la negociación y firma de los tratados, lejos de traer bienestar a nuestro país, puede significar la destrucción de las ya escasas estructuras productivas que representan fuentes de empleo y de bienestar.
