Tres resultados de la Asamblea de Quito
Al igual que en años anteriores, la Organización de los Estados Americanos (OEA) cumplió con el ritual de celebrar su Asamblea General a la que concurrieron delegaciones de los 34 Estados miembros presididas por sus respectivos cancilleres. En ella, como es tradicional, se aprobó un número abultado de resoluciones para renovar viejos mandatos y asignar otros nuevos a sus órganos subordinados. Pero, además, hubo tres temas sobresalientes a los cuales dedicaré este comentario. Ellos fueron en su orden: la elección del nuevo Secretario General, la Declaración de Quito sobre "Desarrollo social y la democracia, frente a la incidencia de la corrupción" y la resolución sobre la "Carta Social de las Américas".
Aunque las atribuciones políticas del Secretario General de la OEA no son comparables a las del Secretario General de las Naciones Unidas, sus amplias facultades administrativas, que le permiten reorganizar casi sin limitaciones todas las dependencias de la Secretaría General, pueden influir decisivamente sobre la eficacia de la organización, mediante la selección de sus principales funcionarios, la administración de los recursos presupuestarios y la proposición de iniciativas para la consideración de los cuerpos políticos, es decir, la Asamblea General, la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, el Consejo Permanente y el Consejo para el Desarrollo Integral.
Los secretarios generales de la OEA, salvo circunstancias excepcionales, son reelectos y, por tanto, es previsible que el ex presidente de Costa Rica, Miguel Angel Rodríguez, ocupará la posición por los próximos diez años. Como expuso en su discurso de aceptación de su elección, por unanimidad, su intención es la de trabajar en estrecha relación con los cuerpos políticos y transformar a la Secretaría General en un efectivo coadyuvante para la consecución de los fines y objetivos esenciales de la organización. En ese aspecto, en Quito hubo un marcado optimismo por la gestión que desarrollará el nuevo Secretario General.
La declaración de Quito sobre "Desarrollo Social y la Democracia, frente a la incidencia de la corrupción" enfatizó la importancia de atacar con decisión y mediante una amplia asistencia y cooperación internacional un problema cuyos efectos perniciosos todos reconocemos. Sin embargo, su abordaje, por el poco espacio que hubo para una consideración de mayor profundidad, no fue comprensivo. La declaración habla poco del desarrollo social que, aunque todos coincidimos es la gran asignatura pendiente en el sistema interamericano, no fue analizado en esta cita hemisférica.
La corrupción no es la causa de todos nuestros males y su tratamiento sesgado o indiscriminado tampoco contribuye a su efectiva eliminación. El flagelo de la corrupción tiene que ser enfrentado con acciones y cambios de actitudes que comiencen por reconocer que no es un problema radicado únicamente en las esferas oficiales, sino que sus fuentes también están en los sectores privados y que, además, su tratamiento, especialmente por los medios de comunicación, debe enmarcarse dentro de parámetros de absoluta objetividad.
Sin embargo, y teniendo en cuenta que los días 8 y 9 de julio, próximos, se reunirá en Managua la Conferencia de los Estados Parte de la Convención Interamericana contra la Corrupción, suscrita en Caracas en 1996, la Declaración de Quito constituyó un importante impulso para perfeccionar ese instrumento, complementándolo con un Protocolo Adicional que lo refuerce con medidas para evitar la impunidad de los responsables de actos graves de corrupción, sean éstos del sector público o privado, y lograr la recuperación de los bienes mal habidos.
El mandato dado por la Asamblea General al Consejo Permanente y al Consejo para el Desarrollo Integral para que avancen en la elaboración de una "Carta Social de las Américas", completó una trilogía de resultados importantes. La aprobación de esta decisión vino a compensar el excesivo sesgo de la Declaración de Quito hacia el tema de la corrupción y volvió a poner en la agenda del debate interamericano el otro tema que, al igual que la democracia y la corrupción, debe merecer atención prioritaria de la OEA y de sus estados miembros.
Aunque las atribuciones políticas del Secretario General de la OEA no son comparables a las del Secretario General de las Naciones Unidas, sus amplias facultades administrativas, que le permiten reorganizar casi sin limitaciones todas las dependencias de la Secretaría General, pueden influir decisivamente sobre la eficacia de la organización, mediante la selección de sus principales funcionarios, la administración de los recursos presupuestarios y la proposición de iniciativas para la consideración de los cuerpos políticos, es decir, la Asamblea General, la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, el Consejo Permanente y el Consejo para el Desarrollo Integral.
Los secretarios generales de la OEA, salvo circunstancias excepcionales, son reelectos y, por tanto, es previsible que el ex presidente de Costa Rica, Miguel Angel Rodríguez, ocupará la posición por los próximos diez años. Como expuso en su discurso de aceptación de su elección, por unanimidad, su intención es la de trabajar en estrecha relación con los cuerpos políticos y transformar a la Secretaría General en un efectivo coadyuvante para la consecución de los fines y objetivos esenciales de la organización. En ese aspecto, en Quito hubo un marcado optimismo por la gestión que desarrollará el nuevo Secretario General.
La declaración de Quito sobre "Desarrollo Social y la Democracia, frente a la incidencia de la corrupción" enfatizó la importancia de atacar con decisión y mediante una amplia asistencia y cooperación internacional un problema cuyos efectos perniciosos todos reconocemos. Sin embargo, su abordaje, por el poco espacio que hubo para una consideración de mayor profundidad, no fue comprensivo. La declaración habla poco del desarrollo social que, aunque todos coincidimos es la gran asignatura pendiente en el sistema interamericano, no fue analizado en esta cita hemisférica.
La corrupción no es la causa de todos nuestros males y su tratamiento sesgado o indiscriminado tampoco contribuye a su efectiva eliminación. El flagelo de la corrupción tiene que ser enfrentado con acciones y cambios de actitudes que comiencen por reconocer que no es un problema radicado únicamente en las esferas oficiales, sino que sus fuentes también están en los sectores privados y que, además, su tratamiento, especialmente por los medios de comunicación, debe enmarcarse dentro de parámetros de absoluta objetividad.
Sin embargo, y teniendo en cuenta que los días 8 y 9 de julio, próximos, se reunirá en Managua la Conferencia de los Estados Parte de la Convención Interamericana contra la Corrupción, suscrita en Caracas en 1996, la Declaración de Quito constituyó un importante impulso para perfeccionar ese instrumento, complementándolo con un Protocolo Adicional que lo refuerce con medidas para evitar la impunidad de los responsables de actos graves de corrupción, sean éstos del sector público o privado, y lograr la recuperación de los bienes mal habidos.
El mandato dado por la Asamblea General al Consejo Permanente y al Consejo para el Desarrollo Integral para que avancen en la elaboración de una "Carta Social de las Américas", completó una trilogía de resultados importantes. La aprobación de esta decisión vino a compensar el excesivo sesgo de la Declaración de Quito hacia el tema de la corrupción y volvió a poner en la agenda del debate interamericano el otro tema que, al igual que la democracia y la corrupción, debe merecer atención prioritaria de la OEA y de sus estados miembros.
