Tribunal Electoral a toda prueba
Con sus aciertos y errores, los panameños podemos decir que tenemos un Tribunal Electoral con credibilidad aceptable, pese a las particulares manifestaciones de desconfianza que algunos afectados con sus decisiones puedan publicar. Hemos sido exigentes en la conducta de sus miembros, al punto que si no favorecen nuestras pretensiones, lanzamos denuedos, insultos y calificativos de la peor especie contra sus personas, y apelamos al denigrante argumento de vincular su grupo familiar con el fallo emitido, encontrando razones pueriles para descalificarlos.
Los últimos acontecimientos resultan una prueba de rectitud que no podemos menospreciar por el hecho de que nuestros intereses resulten afectados. La presión que se ejerce por distintos mecanismos contra los Magistrados, debe ser ignorada por ellos, ya que su deber es sujetarse a la Ley, sin tener presente condiciones o calidades personales de los involucrados en los casos bajo examen. La objetividad requiere que no se dictamine teniendo en cuenta nombres, sino hechos que la Ley regula y sobre los cuales han de asumirse las responsabilidades como Juez.
Discrepo con quienes utilizan la presión para obtener resultados. Quien no tiene la razón fundamentada en la Ley, trata de lograr con estrategias incorrectas, beneficios que por la vía legal no alcanzaría. Todos debemos confiar en la ecuanimidad de los miembros del Tribunal Electoral. Si su posición nos resulta adversa, para eso existen los recursos que la Ley concede. Es común que ante la posibilidad de fracasar en un intento, convocar a personas para demostrar popularidad, algunos de los cuales no entienden razones jurídicas y asisten porque cobran un salario en algún lugar.
La impugnación hecha por el señor Fiscal Electoral contra una candidatura, ha motivado toda clase de especulaciones, acusaciones, movilizaciones de grupos y en fin, no pareciera que existe el deseo de someterse al análisis legal, sino que el asunto se resuelva precisamente al margen de la Ley. No es esta la actitud que debemos asumir y los Magistrados deben adoptar su fallo prescindiendo de esas presiones externas, ajenas a lo establecido por el Código Electoral, que es donde deben afianzar cualquier decisión. Mientras actúan con total independencia, sin temor a la crítica, salvaguardando la legalidad y pureza de sus decisiones, tendrán el reconocimiento de personas serias, que observan con imparcialidad la tarea que realizan, para así poder calificar los méritos de sus actuaciones.
Un Tribunal Electoral a toda prueba es lo que necesitamos los panameños, para sentir que la transparencia en el torneo electoral tiene la confiabilidad que todos esperamos. Un Tribunal Electoral sin vacilaciones, apegado a la Ley, por encima de las amenazas pero con rectitud incuestionable, podrá alcanzar el respeto de la colectividad, cansada ya de sentencias fabricadas bajo el temor de perder un puesto, de ser juzgado públicamente, de no poder pagar los compromisos económicos asumidos, factores éstos que no pueden ser determinantes a la hora de fallar.
Estoy convencido de que los miembros del Tribunal Electoral tienen la capacidad jurídica, la formación profesional, la experiencia y sobre todo la responsabilidad moral suficiente, para demostrar que sus decisiones no están subordinadas a la presión de grupos, ni al pedido eventual de personas calificadas. Confío en la objetividad de cada uno de ellos, en el buen juicio de su desempeño, en la claridad y muestra que han puesto en el ejercicio de la función pública que les corresponde, no sólo porque es su responsabilidad como jueces, sino porque también ellos tendrán que compartir en algún momento los resultados de sus fallos con la ciudadanía en general, pues también forman parte del conglomerado nacional. Por ello y muchas otras razones, creo que tenemos un Tribunal Electoral a toda prueba.
Los últimos acontecimientos resultan una prueba de rectitud que no podemos menospreciar por el hecho de que nuestros intereses resulten afectados. La presión que se ejerce por distintos mecanismos contra los Magistrados, debe ser ignorada por ellos, ya que su deber es sujetarse a la Ley, sin tener presente condiciones o calidades personales de los involucrados en los casos bajo examen. La objetividad requiere que no se dictamine teniendo en cuenta nombres, sino hechos que la Ley regula y sobre los cuales han de asumirse las responsabilidades como Juez.
Discrepo con quienes utilizan la presión para obtener resultados. Quien no tiene la razón fundamentada en la Ley, trata de lograr con estrategias incorrectas, beneficios que por la vía legal no alcanzaría. Todos debemos confiar en la ecuanimidad de los miembros del Tribunal Electoral. Si su posición nos resulta adversa, para eso existen los recursos que la Ley concede. Es común que ante la posibilidad de fracasar en un intento, convocar a personas para demostrar popularidad, algunos de los cuales no entienden razones jurídicas y asisten porque cobran un salario en algún lugar.
La impugnación hecha por el señor Fiscal Electoral contra una candidatura, ha motivado toda clase de especulaciones, acusaciones, movilizaciones de grupos y en fin, no pareciera que existe el deseo de someterse al análisis legal, sino que el asunto se resuelva precisamente al margen de la Ley. No es esta la actitud que debemos asumir y los Magistrados deben adoptar su fallo prescindiendo de esas presiones externas, ajenas a lo establecido por el Código Electoral, que es donde deben afianzar cualquier decisión. Mientras actúan con total independencia, sin temor a la crítica, salvaguardando la legalidad y pureza de sus decisiones, tendrán el reconocimiento de personas serias, que observan con imparcialidad la tarea que realizan, para así poder calificar los méritos de sus actuaciones.
Un Tribunal Electoral a toda prueba es lo que necesitamos los panameños, para sentir que la transparencia en el torneo electoral tiene la confiabilidad que todos esperamos. Un Tribunal Electoral sin vacilaciones, apegado a la Ley, por encima de las amenazas pero con rectitud incuestionable, podrá alcanzar el respeto de la colectividad, cansada ya de sentencias fabricadas bajo el temor de perder un puesto, de ser juzgado públicamente, de no poder pagar los compromisos económicos asumidos, factores éstos que no pueden ser determinantes a la hora de fallar.
Estoy convencido de que los miembros del Tribunal Electoral tienen la capacidad jurídica, la formación profesional, la experiencia y sobre todo la responsabilidad moral suficiente, para demostrar que sus decisiones no están subordinadas a la presión de grupos, ni al pedido eventual de personas calificadas. Confío en la objetividad de cada uno de ellos, en el buen juicio de su desempeño, en la claridad y muestra que han puesto en el ejercicio de la función pública que les corresponde, no sólo porque es su responsabilidad como jueces, sino porque también ellos tendrán que compartir en algún momento los resultados de sus fallos con la ciudadanía en general, pues también forman parte del conglomerado nacional. Por ello y muchas otras razones, creo que tenemos un Tribunal Electoral a toda prueba.
