Tribunal Electoral, un ente político
En algunos países se le conoce bajo el nombre de Consejo Nacional de Elecciones u otras denominaciones semejantes, mucho más adecuadas que llamarle pomposamente Tribunal Electoral, siendo por su origen, naturaleza y objeto, un organismo esencialmente político.
Al principio, la tendencia natural fue dejar en manos del Poder Judicial el conocimiento de las controversias surgidas en materia electoral; pero la experiencia determinó la conveniencia de mantener a ese órgano del Estado lo más lejos posible de los avatares y apasionamiento propios de la política partidista.
Al final se optó por crear un organismo mixto; un curioso híbrido que asume facultades inherentes a los tres poderes del Estado. El producto final es la actual entidad, que en su sentido estricto no es de naturaleza judicial, ni ejecutiva, ni legislativa, pero que desempeña funciones propias de todos.
Por eso lo vemos "legislando" a través de decretos, o interpretando la ley por el mismo medio o por conducto de decisiones judiciales, o comandando la policía y administrando obras y bienes, en funciones claramente ejecutivas.
Pero al margen del papel que desempeña, la naturaleza del llamado Tribunal Electoral es eminentemente política tanto por la materia que constituye el marco de su competencia como por la manera como está integrado.
Desde un principio, el Tribunal Electoral fue creación de los partidos que deseaban buscar una especie de árbitro supremo que supervisara las lides electorales y resolviera sus diferencias, sin tener que acudir al Organo Judicial, más lento y menos inclinado a hacer las veces de juez o amigable componedor en materia usualmente ajena a la fría interpretación legal.
Una vez acordada la creación del organismo, lo revistieron de ropaje judicial, como medio de dotarle de autoridad y solemnidad propia de la toga foral, como si el hábito hiciera al monje. Pero en el fondo, seguía siendo una entidad política, integrada por elementos recomendados o salidos del seno de los partidos dominantes, cuyos vínculos nadie cree, ni es realista esperar, desaparezca, con la mera renuncia a una antigua y probada militancia previa.
Yolanda Pulice por ejemplo, personificó en su momento el poder dominante de los cuarteles que controlaban el gobierno a través del partido que crearon. Pero del mismo modo, los partidos victoriosos en el 89 - el MOLIRENA, el Arnulfista y la Democracia Cristiana -, impusieron los suyos cuando llegó su turno. E igual ahora, con quienes no hacen sino reflejar fielmente la actual correlación de fuerzas partidarias.
Por eso resulta una ficción llamar Tribunal a lo que no es más que un organismo político, reflejo fiel del status quo partidista del momento, siempre sujeto a sus vaivenes, lo cual puede o no ser deseable, pero que en todo caso es una realidad. Si tomamos eso en cuenta, podemos entenderlo y mejorarlo, a la vez que tenerlo bajo riguroso control y escrutinio público, para que por encima de su naturaleza intrínseca, cumpla las reglas y asuma su papel de árbitro y garante de los derechos y la voluntad popular, no su verdugo.
Al principio, la tendencia natural fue dejar en manos del Poder Judicial el conocimiento de las controversias surgidas en materia electoral; pero la experiencia determinó la conveniencia de mantener a ese órgano del Estado lo más lejos posible de los avatares y apasionamiento propios de la política partidista.
Al final se optó por crear un organismo mixto; un curioso híbrido que asume facultades inherentes a los tres poderes del Estado. El producto final es la actual entidad, que en su sentido estricto no es de naturaleza judicial, ni ejecutiva, ni legislativa, pero que desempeña funciones propias de todos.
Por eso lo vemos "legislando" a través de decretos, o interpretando la ley por el mismo medio o por conducto de decisiones judiciales, o comandando la policía y administrando obras y bienes, en funciones claramente ejecutivas.
Pero al margen del papel que desempeña, la naturaleza del llamado Tribunal Electoral es eminentemente política tanto por la materia que constituye el marco de su competencia como por la manera como está integrado.
Desde un principio, el Tribunal Electoral fue creación de los partidos que deseaban buscar una especie de árbitro supremo que supervisara las lides electorales y resolviera sus diferencias, sin tener que acudir al Organo Judicial, más lento y menos inclinado a hacer las veces de juez o amigable componedor en materia usualmente ajena a la fría interpretación legal.
Una vez acordada la creación del organismo, lo revistieron de ropaje judicial, como medio de dotarle de autoridad y solemnidad propia de la toga foral, como si el hábito hiciera al monje. Pero en el fondo, seguía siendo una entidad política, integrada por elementos recomendados o salidos del seno de los partidos dominantes, cuyos vínculos nadie cree, ni es realista esperar, desaparezca, con la mera renuncia a una antigua y probada militancia previa.
Yolanda Pulice por ejemplo, personificó en su momento el poder dominante de los cuarteles que controlaban el gobierno a través del partido que crearon. Pero del mismo modo, los partidos victoriosos en el 89 - el MOLIRENA, el Arnulfista y la Democracia Cristiana -, impusieron los suyos cuando llegó su turno. E igual ahora, con quienes no hacen sino reflejar fielmente la actual correlación de fuerzas partidarias.
Por eso resulta una ficción llamar Tribunal a lo que no es más que un organismo político, reflejo fiel del status quo partidista del momento, siempre sujeto a sus vaivenes, lo cual puede o no ser deseable, pero que en todo caso es una realidad. Si tomamos eso en cuenta, podemos entenderlo y mejorarlo, a la vez que tenerlo bajo riguroso control y escrutinio público, para que por encima de su naturaleza intrínseca, cumpla las reglas y asuma su papel de árbitro y garante de los derechos y la voluntad popular, no su verdugo.
