Un año sin cambios
El gobierno de la presidenta Moscoso, por la cual votamos, cumple un año. Pasada la confusión de algunos y la emoción de otros, cuando muchos creíamos que el importante respaldo del electorado le permitiría a la presidenta y a su equipo de gobierno, acelerar los pasos y las medidas necesarias para la pronta desaparición de las estructuras autoritarias y arbitrarias del pasado, constatamos cómo crece la original equivocación.
Transcurridos 365 días desde la toma de posesión, una verdadera política de transición hacia una real democratización brilla por su ausencia ante el predominio y el imperio de la manipulación, la concusión, la corrupción y la inescrupulosidad que hacen gala importantes segmentos del sector gubernamental. Panamá vive más bien un proceso de involución sin nuevos derroteros para facilitar una creciente democratización.
El problema central de la presente década para Panamá es el de paz o violencia, participación o imposición, democratización o autoritarismo, cambio o regresión. Las cúpulas partidistas y controladores del Estado panameño nos han demostrado, hasta la saciedad, que no lo ven así y en última instancia, poco les importa.
El proceso de transición necesario a la democratización de nuestro Panamá, supone una serie de condiciones mínimas indispensables que la clase gobernante (o no) panameña, sus partidos políticos y las figuras que han colocado al frente de los diversos órganos del Estado y principales instituciones y entidades, no han pensado por un solo momento ejecutar. Veamos.
Remover los residuos del autoritarismo en todos los planes y niveles: Constitución militarista en mano, ni el Ejecutivo ni sus nombrados han iniciado un plan serio de remoción del autoritarismo de las diversas estructuras del Estado. Muy por el contrario, el mimetismo gubernamental es inquietante y cada día aumentan los síntomas del "síndrome de Estocolmo" y algunos aspiran encaminarnos hacia un Estado policíaco.
Plena vigencia de los derechos políticos: Este requisito "sine qua non" para poder hablar de democratización, no está en la agenda de los políticos que suscribieron el Pacto de La Pintada, el pacto para el manejo del Fondo Fiduciario o el pacto Meta. La demostración más clara de ello lo es su defensa y utilización de la Constitución militarista de 1972 y las estructuras creadas bajo su égida. La actitud asumida por las cúpulas después del triunfo arrollador del NO en el referéndum de 1998, es una abierta burla al mensaje enviado por la voluntad popular.
Amplia participación de la ciudadanía en los procesos destinados a formar el gobierno: La rapiña por los denominados "espacios políticos" desde el inicio del presente gobierno (pacto de La Pintada) no ha cesado (pacto Meta) y ha marginado a numerosos grupos ciudadanos dispuestos a participar en mejorar al país. La partidocracia imperante y sus exclusividades han resultado altamente negativas y, a pesar de que la población así lo ha hecho saber en múltiples encuestas, la actitud poco me importa del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, continúa imperando y actuando bajo el lema: "Aquí no ha pasado nada".
Capacidad de respuesta a las situaciones que socialmente requieren una acción gubernamental: Es en este terreno donde el Gobierno ha dado muestras de una absoluta incapacidad. Los problemas cotidianos que se presentan a nivel de comunidades o de sectores de la vida institucional del país, se multiplican día a día sin soluciones reales e institucionales de ninguna índole. La impaciencia se apodera de la población, mientras el Estado y su gente nadan en la corrupción.
Efectividad, o sea, poner en práctica lo que sea decidido y adoptado por la mayoría: Ni lo previsto, ni lo prometido ha sido cumplido. El engaño es cada vez más la moneda de uso corriente por los rectores de la cosa pública. El cambio que se prometió no se ha dado y el daño a las ya moribundas instituciones es cada vez mayor (v.gr. Universidad de Panamá).
Coherencia y eficiencia: La población está más que convencida de la total ausencia de estas cualidades en el seno del gobierno y de la llamada oposición o Meta. Los panameños vivimos hoy la zozobra y la angustia que produce la insatisfacción de la actuación de la partidocracia.
Una vez más, reiteramos la urgencia de un referéndum para que decidamos todos la convocatoria de una Asamblea Constituyente, que llene el vacío de la ausencia de transición hacia la democratización. De lo contrario, la violencia se apoderará de la población para alcanzar la Democracia, la Justicia y la Libertad que se nos prometió y que hoy se nos niega.
Transcurridos 365 días desde la toma de posesión, una verdadera política de transición hacia una real democratización brilla por su ausencia ante el predominio y el imperio de la manipulación, la concusión, la corrupción y la inescrupulosidad que hacen gala importantes segmentos del sector gubernamental. Panamá vive más bien un proceso de involución sin nuevos derroteros para facilitar una creciente democratización.
El problema central de la presente década para Panamá es el de paz o violencia, participación o imposición, democratización o autoritarismo, cambio o regresión. Las cúpulas partidistas y controladores del Estado panameño nos han demostrado, hasta la saciedad, que no lo ven así y en última instancia, poco les importa.
El proceso de transición necesario a la democratización de nuestro Panamá, supone una serie de condiciones mínimas indispensables que la clase gobernante (o no) panameña, sus partidos políticos y las figuras que han colocado al frente de los diversos órganos del Estado y principales instituciones y entidades, no han pensado por un solo momento ejecutar. Veamos.
Remover los residuos del autoritarismo en todos los planes y niveles: Constitución militarista en mano, ni el Ejecutivo ni sus nombrados han iniciado un plan serio de remoción del autoritarismo de las diversas estructuras del Estado. Muy por el contrario, el mimetismo gubernamental es inquietante y cada día aumentan los síntomas del "síndrome de Estocolmo" y algunos aspiran encaminarnos hacia un Estado policíaco.
Plena vigencia de los derechos políticos: Este requisito "sine qua non" para poder hablar de democratización, no está en la agenda de los políticos que suscribieron el Pacto de La Pintada, el pacto para el manejo del Fondo Fiduciario o el pacto Meta. La demostración más clara de ello lo es su defensa y utilización de la Constitución militarista de 1972 y las estructuras creadas bajo su égida. La actitud asumida por las cúpulas después del triunfo arrollador del NO en el referéndum de 1998, es una abierta burla al mensaje enviado por la voluntad popular.
Amplia participación de la ciudadanía en los procesos destinados a formar el gobierno: La rapiña por los denominados "espacios políticos" desde el inicio del presente gobierno (pacto de La Pintada) no ha cesado (pacto Meta) y ha marginado a numerosos grupos ciudadanos dispuestos a participar en mejorar al país. La partidocracia imperante y sus exclusividades han resultado altamente negativas y, a pesar de que la población así lo ha hecho saber en múltiples encuestas, la actitud poco me importa del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, continúa imperando y actuando bajo el lema: "Aquí no ha pasado nada".
Capacidad de respuesta a las situaciones que socialmente requieren una acción gubernamental: Es en este terreno donde el Gobierno ha dado muestras de una absoluta incapacidad. Los problemas cotidianos que se presentan a nivel de comunidades o de sectores de la vida institucional del país, se multiplican día a día sin soluciones reales e institucionales de ninguna índole. La impaciencia se apodera de la población, mientras el Estado y su gente nadan en la corrupción.
Efectividad, o sea, poner en práctica lo que sea decidido y adoptado por la mayoría: Ni lo previsto, ni lo prometido ha sido cumplido. El engaño es cada vez más la moneda de uso corriente por los rectores de la cosa pública. El cambio que se prometió no se ha dado y el daño a las ya moribundas instituciones es cada vez mayor (v.gr. Universidad de Panamá).
Coherencia y eficiencia: La población está más que convencida de la total ausencia de estas cualidades en el seno del gobierno y de la llamada oposición o Meta. Los panameños vivimos hoy la zozobra y la angustia que produce la insatisfacción de la actuación de la partidocracia.
Una vez más, reiteramos la urgencia de un referéndum para que decidamos todos la convocatoria de una Asamblea Constituyente, que llene el vacío de la ausencia de transición hacia la democratización. De lo contrario, la violencia se apoderará de la población para alcanzar la Democracia, la Justicia y la Libertad que se nos prometió y que hoy se nos niega.