Un cambio, pero para peor
Todavía los panameños tenemos presentes el discurso político de la actual Presidenta de la República quien, entre otras cosas, ofreció al electorado un cambio y creo que ha cumplido, sólo que el cambio ha sido para peor.
La encuesta de Dichter & Neira, publicada por el diario La Prensa, que reflejó una caída porcentual del 11% de la imagen de la Presidenta Moscoso, en tan sólo 4 meses de gestión gubernamental, no es casual, pues la ciudadanía ha observado que este gobierno no ha cumplido con sus promesas electorales, lo que definitivamente pone en entredicho su legitimidad, pues si bien es cierto que fue favorecido por el voto mayoritario de los que concurrieron a votar en las elecciones pasadas, ese voto fue depositado con base a engaños.
Los integrantes del presente gobierno, en febrero de 1997, cuando el gobierno de turno en ese entonces cercenó los derechos de los trabajadores con promesas falsas de mejores días, acusaron al gobierno del PRD "de convulsionar el país con "métodos dictatoriales" para modificar el Fondo Complementario, mientras aprueba "prebendas y enormes beneficios" a favor de los altos funcionarios". -El Panamá América 4 de febrero de 1997- Hoy, cambian sus ropajes y vemos que cínicamente avalan la situación que en otrora criticaron, contexto que se refleja en las declaraciones del actual Ministro del MEF al declarar que "las enfermeras tienen que ser consecuentes con lo pactado con el PRD y no puede estar cambiando de opinión."
Este gobierno parece desconocer que por mandato Constitucional el poder emana del pueblo que es el soberano y por lo tanto, carecen de todo fundamento legal las declaraciones del Ministro de Salud, quien declaró que la Ley 8ª. es un "tema de Estado" y por tal motivo está fuera de toda negociación. No sabemos qué entiende el aludido funcionario por "tema de Estado", pero me parece dicha afirmación un total disparate si con ello ha querido significar que está fuera de discusión, pues no hay nada que pueda estar sobre los ciudadanos de un país. El Estado está subordinado a los intereses de sus ciudadanos, al menos en un régimen democrático. Cuando ponemos los intereses del Estado por encima de los ciudadanos estamos hablando de regímenes totalitarios como la ex Unión Soviética y la actual Cuba. No hay, por consiguiente, nada escrito "en piedra" para el soberano.
Este gobierno, en vez de dedicarse a resolver los problemas existentes se limita a estar señalando que los problemas se deben a sus antecesores, como si eso fuera gobernar. La situación de las enfermeras y auxiliares no escapa a este patrón de conducta del gobierno de la Presidenta Moscoso. Hemos escuchado, a diferentes funcionarios, ilusamente pretender liberarse de la crisis suscitada, con motivo de los reclamos de las enfermeras y auxiliares, alegando que la situación surgida se debe al anterior gobierno. Ciertamente de un documento firmado por el ex ministro Guillermo Chapman y Richard L. Ground, del Banco Mundial, nace el compromiso del gobierno con esa institución para "aprobar en el "primer trimestre de 1997" el proyecto que elimina el déficit del FC y las "inequidades del régimen de jubilaciones especiales". -El Panamá América febrero 4 de 1997-. Pero realmente poco interesa si fue en ésta o en la pasada administración donde se engendró la presente situación porque la cuestión no es determinar el progenitor de la criatura, sino poner término final a la injusticia que significa haber cercenado a estos trabajadores sus derechos, aun cuando en un momento dado, presionados por las circunstancias, hubiesen asentido. De acuerdo con el artículo 67 de nuestra Constitución Nacional son "nulas, y por lo tanto, no obligan a los contratantes, aunque se expresen en un convenio de trabajo o en otro cualquiera, las estipulaciones que impliquen renuncia, disminución, adulteración o dejación de algún derecho reconocido a favor del trabajador. Los derechos de los trabajadores son irrenunciables.
Si el actual gobierno no hace nada para evitar que continúe esta injusticia, entonces está avalando lo actuado por el pasado gobierno. De igual forma, como este gobierno se la ha pasado reformando leyes de la pasada administración (recuérdese la ley chorizo y otras situaciones similares), igual puede hacerlo con la ley 8ª. Lo que acontece es que la ley 8ª no afecta a los señorones del gobierno y por ello, hablan entonces de que se trata de un "tema de Estado", como si ellos fueran el Estado o como si dicha ley estuviera escrita en piedra, pero cuando se trata de la ley del Fondo Fiduciario para el Desarrollo, entonces, no impera el criterio de "tema de Estado", sino el escamoteo al Estado.
El gobierno, con el propósito de querer restarle apoyo a la situación planteada por las enfermeras, auxiliares y educadores, entre otros, han recurrido a las cifras, pero sería interesante que la misma acuciosidad que han demostrado en precisar lo que costaría retornarle a los trabajadores los derechos que les fueron cercenados con la ley 8ª, nos digan a cuánto asciende el costo de mantener un órgano legislativo improductivo como el actual. La labor desempeñada por los educadores y enfermeras del país resulta mucho más fructuosa que la de los pseudos "padres de la patria".
La encuesta de Dichter & Neira, publicada por el diario La Prensa, que reflejó una caída porcentual del 11% de la imagen de la Presidenta Moscoso, en tan sólo 4 meses de gestión gubernamental, no es casual, pues la ciudadanía ha observado que este gobierno no ha cumplido con sus promesas electorales, lo que definitivamente pone en entredicho su legitimidad, pues si bien es cierto que fue favorecido por el voto mayoritario de los que concurrieron a votar en las elecciones pasadas, ese voto fue depositado con base a engaños.
Los integrantes del presente gobierno, en febrero de 1997, cuando el gobierno de turno en ese entonces cercenó los derechos de los trabajadores con promesas falsas de mejores días, acusaron al gobierno del PRD "de convulsionar el país con "métodos dictatoriales" para modificar el Fondo Complementario, mientras aprueba "prebendas y enormes beneficios" a favor de los altos funcionarios". -El Panamá América 4 de febrero de 1997- Hoy, cambian sus ropajes y vemos que cínicamente avalan la situación que en otrora criticaron, contexto que se refleja en las declaraciones del actual Ministro del MEF al declarar que "las enfermeras tienen que ser consecuentes con lo pactado con el PRD y no puede estar cambiando de opinión."
Este gobierno parece desconocer que por mandato Constitucional el poder emana del pueblo que es el soberano y por lo tanto, carecen de todo fundamento legal las declaraciones del Ministro de Salud, quien declaró que la Ley 8ª. es un "tema de Estado" y por tal motivo está fuera de toda negociación. No sabemos qué entiende el aludido funcionario por "tema de Estado", pero me parece dicha afirmación un total disparate si con ello ha querido significar que está fuera de discusión, pues no hay nada que pueda estar sobre los ciudadanos de un país. El Estado está subordinado a los intereses de sus ciudadanos, al menos en un régimen democrático. Cuando ponemos los intereses del Estado por encima de los ciudadanos estamos hablando de regímenes totalitarios como la ex Unión Soviética y la actual Cuba. No hay, por consiguiente, nada escrito "en piedra" para el soberano.
Este gobierno, en vez de dedicarse a resolver los problemas existentes se limita a estar señalando que los problemas se deben a sus antecesores, como si eso fuera gobernar. La situación de las enfermeras y auxiliares no escapa a este patrón de conducta del gobierno de la Presidenta Moscoso. Hemos escuchado, a diferentes funcionarios, ilusamente pretender liberarse de la crisis suscitada, con motivo de los reclamos de las enfermeras y auxiliares, alegando que la situación surgida se debe al anterior gobierno. Ciertamente de un documento firmado por el ex ministro Guillermo Chapman y Richard L. Ground, del Banco Mundial, nace el compromiso del gobierno con esa institución para "aprobar en el "primer trimestre de 1997" el proyecto que elimina el déficit del FC y las "inequidades del régimen de jubilaciones especiales". -El Panamá América febrero 4 de 1997-. Pero realmente poco interesa si fue en ésta o en la pasada administración donde se engendró la presente situación porque la cuestión no es determinar el progenitor de la criatura, sino poner término final a la injusticia que significa haber cercenado a estos trabajadores sus derechos, aun cuando en un momento dado, presionados por las circunstancias, hubiesen asentido. De acuerdo con el artículo 67 de nuestra Constitución Nacional son "nulas, y por lo tanto, no obligan a los contratantes, aunque se expresen en un convenio de trabajo o en otro cualquiera, las estipulaciones que impliquen renuncia, disminución, adulteración o dejación de algún derecho reconocido a favor del trabajador. Los derechos de los trabajadores son irrenunciables.
Si el actual gobierno no hace nada para evitar que continúe esta injusticia, entonces está avalando lo actuado por el pasado gobierno. De igual forma, como este gobierno se la ha pasado reformando leyes de la pasada administración (recuérdese la ley chorizo y otras situaciones similares), igual puede hacerlo con la ley 8ª. Lo que acontece es que la ley 8ª no afecta a los señorones del gobierno y por ello, hablan entonces de que se trata de un "tema de Estado", como si ellos fueran el Estado o como si dicha ley estuviera escrita en piedra, pero cuando se trata de la ley del Fondo Fiduciario para el Desarrollo, entonces, no impera el criterio de "tema de Estado", sino el escamoteo al Estado.
El gobierno, con el propósito de querer restarle apoyo a la situación planteada por las enfermeras, auxiliares y educadores, entre otros, han recurrido a las cifras, pero sería interesante que la misma acuciosidad que han demostrado en precisar lo que costaría retornarle a los trabajadores los derechos que les fueron cercenados con la ley 8ª, nos digan a cuánto asciende el costo de mantener un órgano legislativo improductivo como el actual. La labor desempeñada por los educadores y enfermeras del país resulta mucho más fructuosa que la de los pseudos "padres de la patria".
