Un Chernobyl flotante
Panamá debe verse en el espejo de la oposición que ha surgido en Estados Unidos al plan de enterrar más de un centenar de millones de libras de desechos radiactivos en la montaña "Yucca", en el estado de Nevada, cien millas al noroeste de Las Vegas. Con la finalidad de lograr apoyo a su causa en otros estados de la Unión, los opositores proclaman a todos los vientos que cada año a partir del 2010, 175 vagones ferroviarios y camiones en convoy transitarán a través de circunscripciones donde reside más de un tercio de la población del país del norte.
Advierten los opositores que los trenes y camiones podrían ser objetivos de ataques terroristas o ser víctimas de accidentes, con la consiguiente radiación que como un Chernobyl ambulante se filtraría en el aire desde los contenedores sellados causando miles de muertes y de daños irreparables susceptibles de mantener sus efectos letales durante miles de años. Los temores que suscitan en Estados Unidos el tránsito de carga radiactiva se multiplican en Panamá, cuando se constata que cada nave que transita el Canal cargada de materiales radiactivos pone en peligro a la mitad de la población de la República, al millón cuatrocientos mil panameños y panameñas que tienen su hábitat en la región metropolitana.
Es inconcebible que después del 11 de septiembre tanto las autoridades panameñas como la Autoridad del Canal de Panamá desatiendan la denuncia hecha por la Sociedad Civil para el Ambiente (ISCA), coalición que agrupa a una decena de organizaciones no gubernamentales, que ha advertido a la opinión pública que el buque "Pacific Swan", aparentemente custodiado por los barcos artillados "Pacific Pintail" y "Pacific Teal", se proponía atravesar por el Canal de Panamá este fin de semana con rumbo hacia Inglaterra, cargado con 250 kilogramos de combustible nuclear irradiado, poniendo nuevamente en peligro a la población panameña. (Crítica, Jueves 18 de julio de 2002). Por otra parte se dio a conocer que "El desperdicio nuclear de las plantas de generación eléctricas de Japón es enviado a Francia e Inglaterra para ser reprocesado y enviado nuevamente a Japón, para ser utilizado nuevamente en la producción de energía nuclear". (La Estrella de Panamá, Miércoles 17 de julio de 2002).
En otro órgano de la prensa local se ofreció una información más explícita. Se hizo saber que con base en el derecho de petición consagrado en la Constitución, la Sociedad Civil para el Ambiente (ISCA) exigió a cinco instancias gubernamentales (Presidencia de la República, Ministerios de Salud y de Relaciones Exteriores, Autoridad Marítima de Panamá, Autoridad del Canal de Panamá) "que se impida al buque "Pacific Swan" ingresar a aguas territoriales panameñas en los próximos días". La nota periodística agrega que "Ante la urgencia de la situación está por verse si la reacción de estas instancias frente a este inminente tránsito será simplemente dejar transcurrir el término legal de 30 días sin dar respuesta alguna, como ha sucedido en otros casos, señala ISCA". (El Panamá América, 19 de julio de 2002, A5).
Aunque en el Senado de los Estados Unidos se le hizo el martes pasado una extraordinaria concesión a la Industria Nuclear, al designar la montaña "Yucca" en el estado de Nevada, como un cementerio donde sepultar miles de toneladas de los desechos nucleares radiactivos de Estados Unidos, tal decisión tardará años en ser ejecutada mientras la Comisión Reguladora Nuclear (Nuclear Regulatory Commission) no concluya los trámites para otorgarle su aprobación.
Los opositores al proyecto de la montaña "Yucca", entre los cuales se encuentran el Gobierno y los elementos más representativos del estado de Nevada, arguyen que el transporte de desechos nucleares radiactivos hace vulnerable a la población en cuanto a sufrir accidentes radiactivos o ataques terroristas potencialmente devastadores.
La petición de la Sociedad Civil para el Ambiente (ISCA), de que se impida al buque "Pacific Swan" con su carga letal, ingresar a aguas territoriales panameñas, tiene plena justificación y responde a los más caros intereses de la nación panameña.
He venido sosteniendo y sigo sosteniendo que como país soberano a Panamá le corresponde, frente a las amenazas del terrorismo global, tomar las decisiones oportunas para que las naves con cargas de materiales nucleares y basura radioactiva dejen de pasar por aguas panameñas y de navegar por nuestra Zona Económica Exclusiva. La potestad de Panamá para proceder así tiene sustentación política, jurídica y moral en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, en la Agenda 21 sobre Medio ambiente y Desarrollo, en los acuerdos sobre este tema emanados de los más altos foros de concertación, coordinación y consulta regional: el Grupo de Río, la Asociación de Estados del Caribe, el Parlamento Centroamericano, el Mercosur, así como en jurisprudencia de la más alta jerarquía de tribunales de países del Cono Sur.
Desde el año 2000, he querido contribuir en alguna forma a que se adopte un criterio por las autoridades panameñas para que se proteja a nuestra población de las amenazas, riesgos y peligros del tránsito de buques con cargas radioactivas por aguas panameñas. De ello dan testimonio mis crónicas publicadas en El Panamá América sobre "El Tránsito Radiactivo por el Canal" (Noviembre 27 de 2000), "Previsión o Irresponsabilidad" (Diciembre 11 de 2000), "Pacific Swan Amenaza Mundial" (Diciembre 25 de 2000), "Nueva Amenaza Nuclear" (Enero 22 de 2001), "El Canal y la Previsión de Desastres" (Enero 29 de 2001), "La Responsabilidad y la Autoridad del Canal" (Febrero 12 de 2001), "El Grupo de Río y el Tránsito Radiactivo por el Canal" (Abril 2 de 2001), "Ex Post Facto" (Abril 28 de 2001), "La Nueva Amenaza Radiactiva del Pacific Sandpiper" (Julio 9 de 2001), "La Condena del Parlacen al Tránsito Radiactivo por el Canal" (Julio 16 de 2001), "Terrorismo y Carga Radiactiva" (Octubre 8 de 2001), "La Asamblea Legislativa y los Tránsitos Radiactivos" (Noviembre 19 de 2001), "¿Desea la ACP otro 11 de Septiembre?" (Diciembre 10 de 2001).
En la declaración de la Sociedad Civil para el Ambiente (ISCA), divulgada por "Crítica" el Jueves 18 de julio, se indica que la Autoridad del Canal de Panamá no respondió a la solicitud de información que le hizo ISCA -con fundamento en la Ley de Transparencia-, sobre el posible paso del buque "Pacific Swan". ISCA sólo recibió la respuesta del Dr. Esteban Morales, Director General de Salud. Es muy posible que cuando esta crónica circule en la edición de El Panamá América de hoy, el buque "Pacific Swan" con su carga letal, haya completado su tránsito por el Canal. Pero tal hecho no absuelve a las autoridades panameñas de su responsabilidad histórica ni de la obligación de responder al país por su actuación.
También es muy posible que la Autoridad del Canal al igual que lo hizo hace un año, sobre el tránsito del "Pacific Swan", pudiese haberse sentido inclinada a emitir un comunicado similar al que publicó el 18 de abril de 2001. Fue un memorando ex-post-facto, de hechos cumplidos, después de que el "Pacific Swan" abandonó el Canal cuando ya surcaba las aguas del Mar Caribe.
Entonces como ahora no ha habido transparencia en la conducta de la institución que administra el Canal, patrimonio inalienable de la nación panameña. Ningún favor le ha hecho a la imagen nacional e internacional de Panamá el oblicuo manejo que la Autoridad del Canal de Panamá hace del tránsito del "Pacific Swan". Es una experiencia amarga.
Tenemos que asimilar la dolorosa lección que ella entraña. Es una llamada de atención a los cientos de miles de habitantes que forman la población de la región metropolitana, para que unan esfuerzos para la defensa de sus derechos humanos frente a la amenaza que representan los tránsitos de materiales radiactivos por aguas panameñas y por el Canal de Panamá.
Estos remiendos, aseguró, llevan a la Corte a resolver las demandas de inconstitucionalidad y flexibilizar los textos constitucionales "para adaptarlos a situaciones muy concretas que han quedado fuera del paraguas constitucional, y que dan como resultado interpretaciones dañinas y perversas de los textos de la Constitución".
En tanto, el general retirado Rubén Darío Paredes, también respaldó la idea de instalar una Constituyente Paralela, para no causar traumas y en donde no se sustituya a la Asamblea vigente, para que no se interprete como una interrupción del sistema democrático.
Indicó que, a su juicio, el método más rápido es que el Ejecutivo convoque a las fuerzas vivas del país para que presenten ternas y que pueda escoger una asamblea designada por la voluntad de los propios sectores. "Lo importante no es la vía de elección, lo primordial es el cambio constitucional y sus resultados", enfatizó.
Para los legisladores del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Jerry Wilson, y del Partido Popular, Teresita Yaniz de Arias, cualquier cambio a la Constitución en estos momentos, en especial mediante una Constituyente, sería traumático y riesgoso.
Según Wilson, aunque el tema no ha sido discutido en el PRD, consideró que ha llegado el momento de darse reformas constitucionales integrales, pero enmarcándose dentro de los mecanismos que establece la propia Constitución.
La legisladora Teresita Yaniz de Arias, por su parte, dijo tener sus dudas del llamado a una Constituyente, ya que más que ser la cura milagrosa, puede crear una incertidumbre en cuanto al marco legal con el que se va a manejar el país.
Sin embargo, enfatizó que la Constitución necesita reformas, que bien se pudieran hacer sin la convocatoria de una Constituyente, buscando una gran concertación en torno a los temas principales, pero siguiendo los mecanismos que establece la actual constitución.
"Además, dudo mucho que el actual gobierno esté interesado en convocar a una Constituyente. Cuando una Constituyente comienza, uno sabe dónde empieza, pero uno no sabe hasta dónde o cuándo termina. Hay temas mucho más urgentes que atender", recalcó.
Mientras que para el legislador oficialista, José Isabel Blandón, es indiscutible que la Constitución actual requiere de una revisión integral y unas profundas modificaciones, y aunque sostuvo que el mecanismo más democrático sería el de una Constituyente, la decisión dependerá del consenso de las fuerzas políticas y sociales del país.
"El medio, en alguna medida importa, pero lo más importante son las metas que alcancemos. Y si llegamos a esa meta, no importa si se hace a través de una reforma o a través de una Constituyente", enfatizó.
Los cambios que, primordialmente, deben plasmarse en una nueva Carta Magna, según constitucionalistas, están centrados en reducir la alta concentración de poder en el Organo Ejecutivo, eliminar privilegios a los miembros del Organo Legislativo y ordenar y darle independencia al Organo Judicial.
Pero para lograrlo, será necesario que las partes abandonen sus intereses políticos y personales, para poner al país a la vanguardia del constitucionalismo. ¿Será eso posible?
Advierten los opositores que los trenes y camiones podrían ser objetivos de ataques terroristas o ser víctimas de accidentes, con la consiguiente radiación que como un Chernobyl ambulante se filtraría en el aire desde los contenedores sellados causando miles de muertes y de daños irreparables susceptibles de mantener sus efectos letales durante miles de años. Los temores que suscitan en Estados Unidos el tránsito de carga radiactiva se multiplican en Panamá, cuando se constata que cada nave que transita el Canal cargada de materiales radiactivos pone en peligro a la mitad de la población de la República, al millón cuatrocientos mil panameños y panameñas que tienen su hábitat en la región metropolitana.
Es inconcebible que después del 11 de septiembre tanto las autoridades panameñas como la Autoridad del Canal de Panamá desatiendan la denuncia hecha por la Sociedad Civil para el Ambiente (ISCA), coalición que agrupa a una decena de organizaciones no gubernamentales, que ha advertido a la opinión pública que el buque "Pacific Swan", aparentemente custodiado por los barcos artillados "Pacific Pintail" y "Pacific Teal", se proponía atravesar por el Canal de Panamá este fin de semana con rumbo hacia Inglaterra, cargado con 250 kilogramos de combustible nuclear irradiado, poniendo nuevamente en peligro a la población panameña. (Crítica, Jueves 18 de julio de 2002). Por otra parte se dio a conocer que "El desperdicio nuclear de las plantas de generación eléctricas de Japón es enviado a Francia e Inglaterra para ser reprocesado y enviado nuevamente a Japón, para ser utilizado nuevamente en la producción de energía nuclear". (La Estrella de Panamá, Miércoles 17 de julio de 2002).
En otro órgano de la prensa local se ofreció una información más explícita. Se hizo saber que con base en el derecho de petición consagrado en la Constitución, la Sociedad Civil para el Ambiente (ISCA) exigió a cinco instancias gubernamentales (Presidencia de la República, Ministerios de Salud y de Relaciones Exteriores, Autoridad Marítima de Panamá, Autoridad del Canal de Panamá) "que se impida al buque "Pacific Swan" ingresar a aguas territoriales panameñas en los próximos días". La nota periodística agrega que "Ante la urgencia de la situación está por verse si la reacción de estas instancias frente a este inminente tránsito será simplemente dejar transcurrir el término legal de 30 días sin dar respuesta alguna, como ha sucedido en otros casos, señala ISCA". (El Panamá América, 19 de julio de 2002, A5).
Aunque en el Senado de los Estados Unidos se le hizo el martes pasado una extraordinaria concesión a la Industria Nuclear, al designar la montaña "Yucca" en el estado de Nevada, como un cementerio donde sepultar miles de toneladas de los desechos nucleares radiactivos de Estados Unidos, tal decisión tardará años en ser ejecutada mientras la Comisión Reguladora Nuclear (Nuclear Regulatory Commission) no concluya los trámites para otorgarle su aprobación.
Los opositores al proyecto de la montaña "Yucca", entre los cuales se encuentran el Gobierno y los elementos más representativos del estado de Nevada, arguyen que el transporte de desechos nucleares radiactivos hace vulnerable a la población en cuanto a sufrir accidentes radiactivos o ataques terroristas potencialmente devastadores.
La petición de la Sociedad Civil para el Ambiente (ISCA), de que se impida al buque "Pacific Swan" con su carga letal, ingresar a aguas territoriales panameñas, tiene plena justificación y responde a los más caros intereses de la nación panameña.
He venido sosteniendo y sigo sosteniendo que como país soberano a Panamá le corresponde, frente a las amenazas del terrorismo global, tomar las decisiones oportunas para que las naves con cargas de materiales nucleares y basura radioactiva dejen de pasar por aguas panameñas y de navegar por nuestra Zona Económica Exclusiva. La potestad de Panamá para proceder así tiene sustentación política, jurídica y moral en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, en la Agenda 21 sobre Medio ambiente y Desarrollo, en los acuerdos sobre este tema emanados de los más altos foros de concertación, coordinación y consulta regional: el Grupo de Río, la Asociación de Estados del Caribe, el Parlamento Centroamericano, el Mercosur, así como en jurisprudencia de la más alta jerarquía de tribunales de países del Cono Sur.
Desde el año 2000, he querido contribuir en alguna forma a que se adopte un criterio por las autoridades panameñas para que se proteja a nuestra población de las amenazas, riesgos y peligros del tránsito de buques con cargas radioactivas por aguas panameñas. De ello dan testimonio mis crónicas publicadas en El Panamá América sobre "El Tránsito Radiactivo por el Canal" (Noviembre 27 de 2000), "Previsión o Irresponsabilidad" (Diciembre 11 de 2000), "Pacific Swan Amenaza Mundial" (Diciembre 25 de 2000), "Nueva Amenaza Nuclear" (Enero 22 de 2001), "El Canal y la Previsión de Desastres" (Enero 29 de 2001), "La Responsabilidad y la Autoridad del Canal" (Febrero 12 de 2001), "El Grupo de Río y el Tránsito Radiactivo por el Canal" (Abril 2 de 2001), "Ex Post Facto" (Abril 28 de 2001), "La Nueva Amenaza Radiactiva del Pacific Sandpiper" (Julio 9 de 2001), "La Condena del Parlacen al Tránsito Radiactivo por el Canal" (Julio 16 de 2001), "Terrorismo y Carga Radiactiva" (Octubre 8 de 2001), "La Asamblea Legislativa y los Tránsitos Radiactivos" (Noviembre 19 de 2001), "¿Desea la ACP otro 11 de Septiembre?" (Diciembre 10 de 2001).
En la declaración de la Sociedad Civil para el Ambiente (ISCA), divulgada por "Crítica" el Jueves 18 de julio, se indica que la Autoridad del Canal de Panamá no respondió a la solicitud de información que le hizo ISCA -con fundamento en la Ley de Transparencia-, sobre el posible paso del buque "Pacific Swan". ISCA sólo recibió la respuesta del Dr. Esteban Morales, Director General de Salud. Es muy posible que cuando esta crónica circule en la edición de El Panamá América de hoy, el buque "Pacific Swan" con su carga letal, haya completado su tránsito por el Canal. Pero tal hecho no absuelve a las autoridades panameñas de su responsabilidad histórica ni de la obligación de responder al país por su actuación.
También es muy posible que la Autoridad del Canal al igual que lo hizo hace un año, sobre el tránsito del "Pacific Swan", pudiese haberse sentido inclinada a emitir un comunicado similar al que publicó el 18 de abril de 2001. Fue un memorando ex-post-facto, de hechos cumplidos, después de que el "Pacific Swan" abandonó el Canal cuando ya surcaba las aguas del Mar Caribe.
Entonces como ahora no ha habido transparencia en la conducta de la institución que administra el Canal, patrimonio inalienable de la nación panameña. Ningún favor le ha hecho a la imagen nacional e internacional de Panamá el oblicuo manejo que la Autoridad del Canal de Panamá hace del tránsito del "Pacific Swan". Es una experiencia amarga.
Tenemos que asimilar la dolorosa lección que ella entraña. Es una llamada de atención a los cientos de miles de habitantes que forman la población de la región metropolitana, para que unan esfuerzos para la defensa de sus derechos humanos frente a la amenaza que representan los tránsitos de materiales radiactivos por aguas panameñas y por el Canal de Panamá.
Estos remiendos, aseguró, llevan a la Corte a resolver las demandas de inconstitucionalidad y flexibilizar los textos constitucionales "para adaptarlos a situaciones muy concretas que han quedado fuera del paraguas constitucional, y que dan como resultado interpretaciones dañinas y perversas de los textos de la Constitución".
En tanto, el general retirado Rubén Darío Paredes, también respaldó la idea de instalar una Constituyente Paralela, para no causar traumas y en donde no se sustituya a la Asamblea vigente, para que no se interprete como una interrupción del sistema democrático.
Indicó que, a su juicio, el método más rápido es que el Ejecutivo convoque a las fuerzas vivas del país para que presenten ternas y que pueda escoger una asamblea designada por la voluntad de los propios sectores. "Lo importante no es la vía de elección, lo primordial es el cambio constitucional y sus resultados", enfatizó.
Para los legisladores del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Jerry Wilson, y del Partido Popular, Teresita Yaniz de Arias, cualquier cambio a la Constitución en estos momentos, en especial mediante una Constituyente, sería traumático y riesgoso.
Según Wilson, aunque el tema no ha sido discutido en el PRD, consideró que ha llegado el momento de darse reformas constitucionales integrales, pero enmarcándose dentro de los mecanismos que establece la propia Constitución.
La legisladora Teresita Yaniz de Arias, por su parte, dijo tener sus dudas del llamado a una Constituyente, ya que más que ser la cura milagrosa, puede crear una incertidumbre en cuanto al marco legal con el que se va a manejar el país.
Sin embargo, enfatizó que la Constitución necesita reformas, que bien se pudieran hacer sin la convocatoria de una Constituyente, buscando una gran concertación en torno a los temas principales, pero siguiendo los mecanismos que establece la actual constitución.
"Además, dudo mucho que el actual gobierno esté interesado en convocar a una Constituyente. Cuando una Constituyente comienza, uno sabe dónde empieza, pero uno no sabe hasta dónde o cuándo termina. Hay temas mucho más urgentes que atender", recalcó.
Mientras que para el legislador oficialista, José Isabel Blandón, es indiscutible que la Constitución actual requiere de una revisión integral y unas profundas modificaciones, y aunque sostuvo que el mecanismo más democrático sería el de una Constituyente, la decisión dependerá del consenso de las fuerzas políticas y sociales del país.
"El medio, en alguna medida importa, pero lo más importante son las metas que alcancemos. Y si llegamos a esa meta, no importa si se hace a través de una reforma o a través de una Constituyente", enfatizó.
Los cambios que, primordialmente, deben plasmarse en una nueva Carta Magna, según constitucionalistas, están centrados en reducir la alta concentración de poder en el Organo Ejecutivo, eliminar privilegios a los miembros del Organo Legislativo y ordenar y darle independencia al Organo Judicial.
Pero para lograrlo, será necesario que las partes abandonen sus intereses políticos y personales, para poner al país a la vanguardia del constitucionalismo. ¿Será eso posible?
