Un consejo superior de periodismo
El ejercicio del periodismo tiene sus riesgos. Así lo deja entrever un viejo adagio, muy conocido por los estudiantes de periodismo: mientras que los médicos entierran sus equivocaciones y los abogados los mandan a la cárcel, los periodistas son los únicos que firman sus errores y los publican en primera página. Aunque hay todavía reticencias a admitir públicamente las equivocaciones y aunque son muchos los buenos comunicadores, personas que transmiten credibilidad, porque la verdad es siempre mucho más rentable que la falsedad y el fraude.
Según Txema Ramírez, periodista español, "un buen comunicador debe evitar la mirada de soslayo, tiene que acercarse a los problemas sin ambages, circunloquios o cosas raras". He traído estos pensamientos como preámbulo, a propósito de la regulación de la profesión de periodismo.
Tras la derogación de las leyes 67 y 68 hace un año aproximadamente, una serie de demandas, denuncias y condenas han sucedido contra periodistas, que -en el ejercicio de sus funciones- se han visto obligados a presentarse ante un juez para explicar hechos divulgados en los medios, producto de entrevistas e investigaciones. Que la mejor ley del periodismo es la que no existe. Falso.
El periodista tiene deberes y derechos, como cualquier ciudadano. Y es con una disposición legal acorde con las exigencias actuales, que el buen profesional alcanzará equidad y justicia en esta noble carrera que más que dinero -está comprobado- lo que se gana son enemigos.
El anteproyecto de ley que está circulando establece una serie de parámetros que reconocen el trabajo profesional del periodismo, las responsabilidades legales, el carácter público de la información y un Consejo Superior de Periodismo que velará por el cumplimiento de la ley. No cabe duda lo importante de una norma legal.
Sin embargo, antes de comentar o considerar dicha propuesta, los gremios de periodistas deben hacer un alto, recapacitar y adquirir -pónganse de acuerdo por favor- un compromiso con sus agremiados para cumplir y hacer cumplir fielmente la normativa. "Desgranar" uno a uno, los artículos de que dispone la ley, buscar consenso, aceptar o rechazar, según sea el caso. Pero que quede claro, se trata de proteger la profesión; de hacer que más que un vehículo para obtener posiciones o ganar reconocimientos materiales, sea el instrumento para asegurar que la sociedad esté bien informada por medio de un profesional bien remunerado, actualizado y comprometido con la verdad.
Si no existe un real interés o voluntad de regular la profesión y se redacta, se aprueba o sanciona un precepto para posteriormente dejarla en el olvido o sacarla a relucir cuando los intereses del momento lo requiera, entonces no valdrá la pena tanto esfuerzo, y quienes saldrán perjudicados serán aquellos que salen de las aulas universitarias, ilusionados por ejercer esta tarea para el servicio de la comunidad.
Un punto importante de dicha ley es sin duda, el denominado Consejo Superior de Periodismo, que se encargará de permitir el ejercicio -previa presentación de documentación requerida- a los profesionales del ramo.
Este Consejo -similar a la Junta Técnica de Periodismo en la derogada ley 67 de 1978- tendrá como función expedir un carnet de identificación a los profesionales de periodismo, acreditar a los corresponsales y periodistas de la prensa extranjera que cumplan misiones temporales en el país, instruir de oficio o mediante denuncia los casos de violación de la ética periodística y establecer las sanciones morales que deban recaer sobre los responsables.
Cuando con la pasada ley se estableció la Junta Técnica de Periodismo, se suponía que a partir de 1978 sólo los periodistas graduados podrían ejercer. Esto fue un respiro para los que en aquella época éramos estudiantes universitarios, pues entonces la Escuela de Periodismo de la Universidad de Panamá estaba creciendo y con ella el número de egresados.
Conforme fue pasando el tiempo, se trastocó el espíritu de dicha norma, a tal punto que los llamados a hacer cumplir la ley, se dieron a la tarea de expedir idoneidades a su antojo, perjudicando la profesión.
Definitivamente, no basta con la ley. Un ingrediente que no debe faltar es la ética y moral del individuo además del compromiso que debe adquirir el profesional de la pluma -moldeador de opinión- para ejercer la tarea de informar un hecho objetivamente.
Un periodista que se precie de ser un profesional en todo el sentido de la palabra, no caerá en ese abismo -en que han estado algunos- de comentar, escribir o describir un hecho basado en especulaciones. El receptor tiene derecho a una información veraz. Si no, ¿en quién confiar?.
Según Txema Ramírez, periodista español, "un buen comunicador debe evitar la mirada de soslayo, tiene que acercarse a los problemas sin ambages, circunloquios o cosas raras". He traído estos pensamientos como preámbulo, a propósito de la regulación de la profesión de periodismo.
Tras la derogación de las leyes 67 y 68 hace un año aproximadamente, una serie de demandas, denuncias y condenas han sucedido contra periodistas, que -en el ejercicio de sus funciones- se han visto obligados a presentarse ante un juez para explicar hechos divulgados en los medios, producto de entrevistas e investigaciones. Que la mejor ley del periodismo es la que no existe. Falso.
El periodista tiene deberes y derechos, como cualquier ciudadano. Y es con una disposición legal acorde con las exigencias actuales, que el buen profesional alcanzará equidad y justicia en esta noble carrera que más que dinero -está comprobado- lo que se gana son enemigos.
El anteproyecto de ley que está circulando establece una serie de parámetros que reconocen el trabajo profesional del periodismo, las responsabilidades legales, el carácter público de la información y un Consejo Superior de Periodismo que velará por el cumplimiento de la ley. No cabe duda lo importante de una norma legal.
Sin embargo, antes de comentar o considerar dicha propuesta, los gremios de periodistas deben hacer un alto, recapacitar y adquirir -pónganse de acuerdo por favor- un compromiso con sus agremiados para cumplir y hacer cumplir fielmente la normativa. "Desgranar" uno a uno, los artículos de que dispone la ley, buscar consenso, aceptar o rechazar, según sea el caso. Pero que quede claro, se trata de proteger la profesión; de hacer que más que un vehículo para obtener posiciones o ganar reconocimientos materiales, sea el instrumento para asegurar que la sociedad esté bien informada por medio de un profesional bien remunerado, actualizado y comprometido con la verdad.
Si no existe un real interés o voluntad de regular la profesión y se redacta, se aprueba o sanciona un precepto para posteriormente dejarla en el olvido o sacarla a relucir cuando los intereses del momento lo requiera, entonces no valdrá la pena tanto esfuerzo, y quienes saldrán perjudicados serán aquellos que salen de las aulas universitarias, ilusionados por ejercer esta tarea para el servicio de la comunidad.
Un punto importante de dicha ley es sin duda, el denominado Consejo Superior de Periodismo, que se encargará de permitir el ejercicio -previa presentación de documentación requerida- a los profesionales del ramo.
Este Consejo -similar a la Junta Técnica de Periodismo en la derogada ley 67 de 1978- tendrá como función expedir un carnet de identificación a los profesionales de periodismo, acreditar a los corresponsales y periodistas de la prensa extranjera que cumplan misiones temporales en el país, instruir de oficio o mediante denuncia los casos de violación de la ética periodística y establecer las sanciones morales que deban recaer sobre los responsables.
Cuando con la pasada ley se estableció la Junta Técnica de Periodismo, se suponía que a partir de 1978 sólo los periodistas graduados podrían ejercer. Esto fue un respiro para los que en aquella época éramos estudiantes universitarios, pues entonces la Escuela de Periodismo de la Universidad de Panamá estaba creciendo y con ella el número de egresados.
Conforme fue pasando el tiempo, se trastocó el espíritu de dicha norma, a tal punto que los llamados a hacer cumplir la ley, se dieron a la tarea de expedir idoneidades a su antojo, perjudicando la profesión.
Definitivamente, no basta con la ley. Un ingrediente que no debe faltar es la ética y moral del individuo además del compromiso que debe adquirir el profesional de la pluma -moldeador de opinión- para ejercer la tarea de informar un hecho objetivamente.
Un periodista que se precie de ser un profesional en todo el sentido de la palabra, no caerá en ese abismo -en que han estado algunos- de comentar, escribir o describir un hecho basado en especulaciones. El receptor tiene derecho a una información veraz. Si no, ¿en quién confiar?.
