Un discurso equivocado
Hay un discurso público equivocado en materia de seguridad que impidiendo ver los problemas que se pueden y se deben resolver, prefiere señalar la terrible condición humana, que está más allá de toda solución en este país o en cualquier otro.
Se trata de un poderoso cóctel de excusas que contiene tres ingredientes principales, a saber: las leyes, la familia y los medios. Las leyes, se dice, son parte del problema porque están hechas para proteger a los delincuentes; no tenemos normas lo suficientemente flexibles que nos permitan encerrar a los que la policía apunta como malhechores, pues los delincuentes se mueven libremente ante la falta de evidencias suficientes para que un fiscal ordene su detención, un juez los sancione o un jurado los condene.
Si se sigue esa línea de pensamiento, se llegará pronto a maldecir el principio, garantía de la vida civilizada, de la presunción de inocencia, el cual favorece a todas las personas por igual, independientemente de su calidad moral. Este discurso equivocado nos quiere convencer, además, de que el Estado no tiene parte en el aumento de la criminalidad. ¡La familia es la culpable! Los padres ya no les enseñan el valor de la autoridad a los hijos, las madres no los cuidan en el hogar, y hasta los abuelos y abuelas, sabrá Dios por qué, han desertado. ¿Y dónde quedó la responsabilidad del Estado con las familias? Los medios, por su parte, continúa este discurso retrógrado, propagan el mal ejemplo y los antivalores, y les enseñan a los jóvenes desde muy temprano a ser delincuentes. Quienes así piensan se sirven este brebaje de mentiras y medias verdades para no ver que es mucho más grave la corrupción cotidiana y el pobre desempeño de los distintos estamentos de seguridad, que las supuestas fallas que las leyes pudieran contener; que la pobreza y la marginalidad de que sufre una porción significativa de las familias panameñas son la secuela amarga de una larga tradición de exclusión social que tiene como eje central la política y el Estado panameño; y que es la falta de aplicación uniforme de la ley la que contamina la vida pública y deteriora la credibilidad de las instituciones.
Se trata de un poderoso cóctel de excusas que contiene tres ingredientes principales, a saber: las leyes, la familia y los medios. Las leyes, se dice, son parte del problema porque están hechas para proteger a los delincuentes; no tenemos normas lo suficientemente flexibles que nos permitan encerrar a los que la policía apunta como malhechores, pues los delincuentes se mueven libremente ante la falta de evidencias suficientes para que un fiscal ordene su detención, un juez los sancione o un jurado los condene.
Si se sigue esa línea de pensamiento, se llegará pronto a maldecir el principio, garantía de la vida civilizada, de la presunción de inocencia, el cual favorece a todas las personas por igual, independientemente de su calidad moral. Este discurso equivocado nos quiere convencer, además, de que el Estado no tiene parte en el aumento de la criminalidad. ¡La familia es la culpable! Los padres ya no les enseñan el valor de la autoridad a los hijos, las madres no los cuidan en el hogar, y hasta los abuelos y abuelas, sabrá Dios por qué, han desertado. ¿Y dónde quedó la responsabilidad del Estado con las familias? Los medios, por su parte, continúa este discurso retrógrado, propagan el mal ejemplo y los antivalores, y les enseñan a los jóvenes desde muy temprano a ser delincuentes. Quienes así piensan se sirven este brebaje de mentiras y medias verdades para no ver que es mucho más grave la corrupción cotidiana y el pobre desempeño de los distintos estamentos de seguridad, que las supuestas fallas que las leyes pudieran contener; que la pobreza y la marginalidad de que sufre una porción significativa de las familias panameñas son la secuela amarga de una larga tradición de exclusión social que tiene como eje central la política y el Estado panameño; y que es la falta de aplicación uniforme de la ley la que contamina la vida pública y deteriora la credibilidad de las instituciones.
