Un Estado constitucional
El vacío constitucional que conoce nuestra sociedad ha traído como consecuencia que los ciudadanos descuidemos nuestros esfuerzos para someter el poder político de las cúpulas a la Ley.
Esta situación ha facilitado el comportamiento abusador e irresponsable -por parte de quienes gobiernan- de olvidar olímpicamente que sólo pueden actuar cuando la Ley los autoriza. Simultáneamente, ésta ha facilitado que los gobernados olvidemos -también olímpicamente- que sólo pueden obrar dentro de la Ley. En otras palabras, la igualdad de todos ante la Ley ha cedido su lugar al capricho y discrecionalidad de los gobernantes, así como a la situación privilegiada de los poderosos.
Un Estado constitucional moderno debe cimentar su estructura en dos pilares fundamentales. Pedro de Vega nos dice: “Por un lado, en el principio político democrático; por otro, en el principio jurídico de supremacía constitucional”.
En el Panamá de hoy, se le continúa negando al pueblo el ejercicio del poder constituyente. Se busca con ello, entre otras cosas, impedir que el constitucionalismo cobre vida en nuestro medio como sistema institucionalizado de controles o contenciones sobre quienes tienen atribuidos poderes por la Ley.
Esa situación es la que utilizan para evitar que se rompa con una serie de dañinas tradiciones en materia de superación del maquiavelismo que justifica al poder por sus fines. Por ello los vemos desenvolverse con holgura cuando de justificar el poder por el poder se trata, cuando evitar por todos los medios que la gente asuma la responsabilidad de hacer su propia historia, se convierte en su razón de ser como autoridad con poder. Para tal propósito no renuncian al secreto y se niegan a que todos su actos sean públicos evitando así que la sociedad se aproxime a una decidida salida del atraso en la reflexión política, económica y social.
En su locura dionisiaca por el poder rehuyen la responsabilidad de facilitarle a los habitantes de nuestro territorio los instrumentos para una convivencia consciente, racional sobre la base de la equidad, la libertad la solidaridad, la justicia, la dignidad del trabajo. Apurados como están en institucionalizar su práctica corrupta de pretender vulnerar lo más posible el sistema jurídico para su provecho personal, no desmayan en armar sus negocios dentro del Estado y dejan de lado la misión o el servicio público.
Cuando vemos la multiplicidad de tramas destructivas armadas en el aparato estatal por ciertos funcionarios que, en forma intencional provocan daño e injusticia a amplios sectores de la población, como parte de su proyecto político o económico de permanencia en el poder, conviene tener presente la sabia enseñanza de Ferdinand Lasalle: “Los problemas constitucionales no son, primariamente, problemas de derecho, sino de poder...”.
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