Un Estado eficiente y competitivo
La competitividad del país requiere necesariamente la transformación de la estructura actual del Estado en una más eficiente. Para ello, el concepto de competitividad es insustituible y para alcanzarlo en la práctica es necesaria una alianza entre el Estado y el sector privado.
Hay conceptos en políticas de desarrollo económico que se están convirtiendo en fundamentales y universales. La inversión, el ahorro, la eficiencia y la competitividad son objetivos perseguidos hoy en día por todos los gobiernos del mundo.
Sin embargo, en Perú seguimos confundiendo objetivos y metas con procedimientos y medios. Hoy se cuestiona la privatización que no es sino un sinónimo de inversión. Lo que se podría criticar son algunos casos mal implementados. Por otro lado, existen casos, como el de la telefonía, sin duda exitosos.
Otro concepto que está tomando fuerza es el de la competitividad, ahora no sólo como un principio asociado a las empresas privadas, sino también al sector público, El FMI, el Banco Mundial y el BID están monitoreando la competitividad del sector público, ya que éste no se encuentra sometido al rigor de las fuerzas del mercado.
El efecto que tiene el sector público sobre la competitividad de un país en su conjunto es muy grande. El caso argentino es el más ilustrativo. Un sector público altamente burocrático, ineficiente y desarticulado se constituye en la mayor barrera para lograr el apoyo financiero que Argentina requiere.
Entonces, ¿cómo encontrar un atajo para lograr que en Perú el sector público reciba un "shock" de competitividad? La respuesta está en someter el sector público peruano al rigor de la competencia. Después de todo, competitividad viene de la palabra competencia.
No hace falta inventar la rueda, ya que existe un sistema exitoso instrumentado en la mayoría de los países que forman la Mancomunidad Británica de Naciones, que se empezó a aplicar en Inglaterra en 1991.
El sistema se denomina "prueba de mercados obligatoria". Este sistema obliga a las distintas instituciones del gobierno a identificar procesos, establecer niveles de servicios óptimos y costear el valor que le representa al sector público proveerlos.
Con estos datos se convoca a una licitación pública para que compitan empresas del sector privado especializadas en brindar servicios de "outsourcing" (fuentes externas y subcontratación de servicios).
El concepto es simple: una alianza público-privada para lograr lo mejor de cada sector. La tesis fundamental detrás de estos esfuerzos es que los gobiernos deben responder a dos exigencias básicas de los ciudadanos: la calidad del servicio que se les ofrece como clientes o usuarios y la posibilidad de un costo razonable para ellos mismos como contribuyentes.
Las instituciones públicas deben concentrarse en sus funciones distintivas y desarrollar las políticas necesarias para dirigir sus organizaciones, mientras el sector privado ofrece los procesos periféricos a un menor costo y con mejor calidad.
Recientemente, el primer vicepresidente de la República, Raúl Diez Canseco, indicó que para que el estado enfrente de manera exitosa el entorno cambiante en que vivimos, "se tiene que incorporar matices empresariales en la gestión pública, (para hacerla) más moderna, más eficiente".
En Perú ya hay ejemplos exitosos de alianzas públicas y privadas. Uno reciente es el programa Mivivienda. También se pueden identificar éxitos en Sedapal, ONP, Reniec y la ONPE.
Perú debe establecer los procedimientos legales con el fin de implementar la "prueba de mercados obligatoria" como instrumento para modernizar nuestro sector público y fomentar un clima de franco entendimiento y profesionalismo entre el sector público y el sector privado.
Así como se está recuperando en el país la confianza en las instituciones públicas, se debe recuperar con igual o mayor fuerza la credibilidad en el sector privado.
*Presidente Ejecutivo de COM.SA, autor del libro "Outsourcing, compartiendo el conocimiento", prologado por Ruth Richardson, ex ministra de Finanzas de Nueva Zelanda.
(c) www.aipenet.com
Hay conceptos en políticas de desarrollo económico que se están convirtiendo en fundamentales y universales. La inversión, el ahorro, la eficiencia y la competitividad son objetivos perseguidos hoy en día por todos los gobiernos del mundo.
Sin embargo, en Perú seguimos confundiendo objetivos y metas con procedimientos y medios. Hoy se cuestiona la privatización que no es sino un sinónimo de inversión. Lo que se podría criticar son algunos casos mal implementados. Por otro lado, existen casos, como el de la telefonía, sin duda exitosos.
Otro concepto que está tomando fuerza es el de la competitividad, ahora no sólo como un principio asociado a las empresas privadas, sino también al sector público, El FMI, el Banco Mundial y el BID están monitoreando la competitividad del sector público, ya que éste no se encuentra sometido al rigor de las fuerzas del mercado.
El efecto que tiene el sector público sobre la competitividad de un país en su conjunto es muy grande. El caso argentino es el más ilustrativo. Un sector público altamente burocrático, ineficiente y desarticulado se constituye en la mayor barrera para lograr el apoyo financiero que Argentina requiere.
Entonces, ¿cómo encontrar un atajo para lograr que en Perú el sector público reciba un "shock" de competitividad? La respuesta está en someter el sector público peruano al rigor de la competencia. Después de todo, competitividad viene de la palabra competencia.
No hace falta inventar la rueda, ya que existe un sistema exitoso instrumentado en la mayoría de los países que forman la Mancomunidad Británica de Naciones, que se empezó a aplicar en Inglaterra en 1991.
El sistema se denomina "prueba de mercados obligatoria". Este sistema obliga a las distintas instituciones del gobierno a identificar procesos, establecer niveles de servicios óptimos y costear el valor que le representa al sector público proveerlos.
Con estos datos se convoca a una licitación pública para que compitan empresas del sector privado especializadas en brindar servicios de "outsourcing" (fuentes externas y subcontratación de servicios).
El concepto es simple: una alianza público-privada para lograr lo mejor de cada sector. La tesis fundamental detrás de estos esfuerzos es que los gobiernos deben responder a dos exigencias básicas de los ciudadanos: la calidad del servicio que se les ofrece como clientes o usuarios y la posibilidad de un costo razonable para ellos mismos como contribuyentes.
Las instituciones públicas deben concentrarse en sus funciones distintivas y desarrollar las políticas necesarias para dirigir sus organizaciones, mientras el sector privado ofrece los procesos periféricos a un menor costo y con mejor calidad.
Recientemente, el primer vicepresidente de la República, Raúl Diez Canseco, indicó que para que el estado enfrente de manera exitosa el entorno cambiante en que vivimos, "se tiene que incorporar matices empresariales en la gestión pública, (para hacerla) más moderna, más eficiente".
En Perú ya hay ejemplos exitosos de alianzas públicas y privadas. Uno reciente es el programa Mivivienda. También se pueden identificar éxitos en Sedapal, ONP, Reniec y la ONPE.
Perú debe establecer los procedimientos legales con el fin de implementar la "prueba de mercados obligatoria" como instrumento para modernizar nuestro sector público y fomentar un clima de franco entendimiento y profesionalismo entre el sector público y el sector privado.
Así como se está recuperando en el país la confianza en las instituciones públicas, se debe recuperar con igual o mayor fuerza la credibilidad en el sector privado.
*Presidente Ejecutivo de COM.SA, autor del libro "Outsourcing, compartiendo el conocimiento", prologado por Ruth Richardson, ex ministra de Finanzas de Nueva Zelanda.
(c) www.aipenet.com
