Un Estado irresponsable

Un fallo de la Corte Suprema ha sentenciado que el Estado no es responsable por las muertes ocurridas en el lamentable accidente del 23 de octubre de 2006 cuando un autobús se incendió en plena vía pública, causando la pérdida de 18 personas que quedaron atrapadas entre las llamas y murieron calcinadas ante la mirada impotente de sus conciudadanos.

Entre otras cosas, el fallo de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, tribunal competente para determinar la responsabilidad del Estado, se apoya en una decisión anterior de la Sala Segunda de lo Penal que había encontrado culpables de la horrible tragedia al conductor y al dueño del vehículo siniestrado. Los togados han ignorado así que una cosa es la responsabilidad penal de las personas, y otra la responsabilidad de carácter administrativo que le cabe a la corporación de gobierno. El examen de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) estableció claramente que la razón por la que 18 de las 43 personas que viajaban en el transporte público con placa de identificación 8B-06 no pudieron abandonar sus asientos a tiempo, está en relación directa con la inexistencia de una puerta de emergencia, que les habría permitido salir ilesos ante una eventual necesidad. Las autoridades de tránsito jamás debieron concederle permiso de operación a un vehículo que no contaba con las condiciones mínimas para hacerle frente a este tipo de riesgos. El 8B-06 era una trampa de muerte y circulaba legalmente debido a que las autoridades incumplieron su deber de velar por las vidas de los panameños.