Un futuro sin petróleo

Hace ya mucho tiempo que los gobiernos perdieron el control de la economía. Los funcionarios y representantes que elegimos en democracia no tienen la capacidad de dirigir las inversiones, ni alterar los ciclos económicos. Tienen limitados instrumentos para intervenir en ciertos sectores productivos, y, en países como los nuestros, tienen la desventaja adicional de contar con una institucionalidad débil, en medio de una ausencia de compromiso de los diversos actores económicos de honrar las reglas, todo lo cual agrava la precariedad de las políticas diseñadas para obtener efectos coyunturales.
Un ejemplo de lo referido lo encontramos en los precios del combustible, pues a pesar de la acertada iniciativa del gobierno, los consumidores no han visto plenamente cumplidas sus expectativas en cuanto a la reducción de los costos de la gasolina y el diesel. En cualquier caso, la ley que redujo temporalmente el impuesto sobre los hidrocarburos no estaba supuesta a reemplazar una política energética. La misma fue expedida como un paliativo a una situación de repentinos aumentos exorbitantes, y lo que procede ahora es estimular diversas fuentes energéticas alternativas, facilitando la transición hacia nuevos productos de consumo masivo, como el gas licuado, de modo que el país se vaya preparando para las próximas arremetidas del precio del crudo.
Pues, como se ha visto, es probable que la ola alcista se repita, mientras que las rebajas son una posibilidad remota. Ambos, gobierno y sociedad, deben trabajar conjuntamente, pues el problema es de todos y no sólo de los gobernantes.