Un gobierno inspirado en el pasado
Seguidamente debe abocarse a la tarea impostergable de conformar una Asamblea Constituyente apolítica integrada por notables de trayectorias intachables con el propósito de redactar una Constitución nueva verdaderamente democrática.
Es impensable seguir poniendo parches a la seudo Constitución que lleva la impronta del desgobierno de los cuarteles y sus cómplices civiles. Entre otras cosas la nueva Carta Magna debe permitir la postulación de candidatos independientes para poner fin a la partidocracia que tanto daño ha infligido a nuestro Panamá.
Se impone igualmente la reorganización del Poder Judicial inclusive la Corte Suprema para crear las condiciones que logren una justicia imparcial apartada de los favoritismos.
Los actos deshonestos de los jueves deben ser denunciados, y en los casos de comprobada culpabilidad deben merecer ir de acuerdo a la gravedad de la falta, la destitución y aún de la cárcel.
Es decepcionante por decir lo menos, que la Comisión de la Verdad haya topado con la inercia del Ministerio Público que aparentemente alega que "para qué tanto trabajo si el Tribunal Superior lo va mandar a archivar" lo que es inaceptable.
El nuevo gobierno debe desarrollar un programa que favorezca a los que poco tienen, y al mismo tiempo promover la inversión extranjera, y el desarrollo del país de manera equilibrada.
Lo que requiere la nación en la coyuntura presente es un gobierno de unión nacional, y el Ejecutivo debe rodearse de colaboradores honestos y capaces sin tomar en cuenta la filiación política, y los que no cumplan deben ser reemplazados, como ocurre en la empresa privada.
El número de Legisladores es excesivo en la actualidad pues tan importante tarea no depende del número sino de la calidad de los actores, y la ausencia a las sesiones lejos de considerarse un derecho, es una falta si no se justifica y debe tener consecuencias. Asimismo, no tiene lógica que un Suplente -para qué dos?- tenga derecho a remuneración cuando le ha tocado reemplazar al principal.
La remuneración a los funcionarios públicos, empezando por el Presidente de la República debe ser acorde al nivel de pobreza de la nación, y las prerrogativas de no pago de impuestos y de otra índole deben ser reducidos a nivel razonables.
Debe mantenerse la prohibición del Ejecutivo, a reelegirse por periodos consecutivos, pues esto limita el daño que supone una gestión mediocre. El buen gobernante debe esforzarse por atender todas las necesidades materiales, de salud, educación, y esparcimiento de los gobernados, estableciendo prioridades de mayor beneficio para todos.
Sólo si el futuro Presidente de la República abraza tales iniciativas podrá dar nueva validez a su partido político, y al imponer este estilo de gobierno renovador, los líderes de otros partidos se verán obligados a imitarlo, y entonces la Patria estará a salvo en el futuro previsible.
Es impensable seguir poniendo parches a la seudo Constitución que lleva la impronta del desgobierno de los cuarteles y sus cómplices civiles. Entre otras cosas la nueva Carta Magna debe permitir la postulación de candidatos independientes para poner fin a la partidocracia que tanto daño ha infligido a nuestro Panamá.
Se impone igualmente la reorganización del Poder Judicial inclusive la Corte Suprema para crear las condiciones que logren una justicia imparcial apartada de los favoritismos.
Los actos deshonestos de los jueves deben ser denunciados, y en los casos de comprobada culpabilidad deben merecer ir de acuerdo a la gravedad de la falta, la destitución y aún de la cárcel.
Es decepcionante por decir lo menos, que la Comisión de la Verdad haya topado con la inercia del Ministerio Público que aparentemente alega que "para qué tanto trabajo si el Tribunal Superior lo va mandar a archivar" lo que es inaceptable.
El nuevo gobierno debe desarrollar un programa que favorezca a los que poco tienen, y al mismo tiempo promover la inversión extranjera, y el desarrollo del país de manera equilibrada.
Lo que requiere la nación en la coyuntura presente es un gobierno de unión nacional, y el Ejecutivo debe rodearse de colaboradores honestos y capaces sin tomar en cuenta la filiación política, y los que no cumplan deben ser reemplazados, como ocurre en la empresa privada.
El número de Legisladores es excesivo en la actualidad pues tan importante tarea no depende del número sino de la calidad de los actores, y la ausencia a las sesiones lejos de considerarse un derecho, es una falta si no se justifica y debe tener consecuencias. Asimismo, no tiene lógica que un Suplente -para qué dos?- tenga derecho a remuneración cuando le ha tocado reemplazar al principal.
La remuneración a los funcionarios públicos, empezando por el Presidente de la República debe ser acorde al nivel de pobreza de la nación, y las prerrogativas de no pago de impuestos y de otra índole deben ser reducidos a nivel razonables.
Debe mantenerse la prohibición del Ejecutivo, a reelegirse por periodos consecutivos, pues esto limita el daño que supone una gestión mediocre. El buen gobernante debe esforzarse por atender todas las necesidades materiales, de salud, educación, y esparcimiento de los gobernados, estableciendo prioridades de mayor beneficio para todos.
Sólo si el futuro Presidente de la República abraza tales iniciativas podrá dar nueva validez a su partido político, y al imponer este estilo de gobierno renovador, los líderes de otros partidos se verán obligados a imitarlo, y entonces la Patria estará a salvo en el futuro previsible.
