Un golpe de suerte
De los clásicos poderes públicos reconocidos en la Constitución, el judicial, como resultado de no ser el producto de la voluntad directa del electorado expresada en las urnas, deviene en el que menos fuerza política ostenta. En verdad, su mayor fortaleza depende del respeto alcanzado por los jueces en la consideración de sus conciudadanos. Si este se perdiese, así mismo habrá de desaparecer o disminuirá en la práctica la condición de poder consagrada a su favor por los textos constitucionales vigentes.
Hoy vuelven a ser centro del debate los asuntos concernientes a la administración de justicia, insertándose la polémica en la proximidad del cambio de gobierno, el cual, según se piensa, crea condiciones propicias para tomar medidas tendientes a superar las irregularidades, insuficiencias, vicios y defectos que se le endilgan y aquejan al sistema, en especial a la Corte Suprema y a sus magistrados.
En busca de las correcciones pretendidas, se ha invocado como precedente o ejemplo la destitución y el nombramiento de los nueve magistrados efectuados por el ex presidente Endara en los primeros días de su gobierno. El ex mandatario calificó este hecho atribuyéndoselo a "un golpe de suerte", pero de inmediato el ex magistrado y actual legislador Jerry Wilson abundó en torno al real significado de ese supuesto azar y sus estrechos vínculos con los hechos políticos desatados por la invasión norteamericana de 1989.
Ciertamente, el golpe de suerte invocado por Endara tuvo las dimensiones de un "gordito" con gran acumulado o de una lotería extraordinaria de navidad, buena fortuna con que no ha tropezado Martín Torrijos, no obstante su contundente victoria electoral.
Además de la de Endara, valdría la pena recordar otras experiencias con la finalidad de evitar la repetición de frustrantes situaciones que terminaron siendo inconducentes y desgastadoras, por encima de los propósitos de adecentamiento de la justicia en que sin duda se inspiraron. Se debe aprender de esas lecciones. A pesar de la gravedad en que pueda encontrarse la administración de justicia, el nuevo gobierno no tiene porqué actuar precipitadamente ni porqué internarse en callejones sin salida. Si, para mejorar y corregir los términos en que la justicia es impartida, se impone la necesidad de actuar con rigor y energía, no sólo el próximo Presidente está obligado a hacerlo. También le corresponde hacer lo mismo a la Asamblea, que en esta materia juega un rol de primer orden, conforme viene señalado en la Constitución y en las leyes.
Los gobernantes no sólo tienen la obligación de hacer respetar las leyes. En un estado de derecho también están obligados a acatarlas, por aquello, muy importante, de dar el ejemplo. Nos guste o no, la materia sobre la destitución de los magistrados de la Corte está claramente pautada en la Constitución y en las leyes y no hay más alternativa que ceñirse a ellas. La ley vigente precisa que para declarar culpable a un magistrado -para destituirlo- se requieren las dos terceras partes de los votos de la Asamblea Legislativa. Ese es el remedio previsto para corregir los vicios, sancionar los delitos y sustituir a cualquier magistrado culpable y merecedor de la destitución. No le busquen la quinta pata al gato.
La fórmula prevista en nuestras leyes no es nada del otro mundo. Recientemente, en Argentina, a varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia se les abrió proceso para su destitución acusándoseles de corrupción ante el Senado. Los encausados, incluyendo al presidente de la Corte, terminaron presentado la renuncia a sus cargos ante la inminente condena a ser proferida en su contra, cumpliéndose el deseo de la mayoría de los argentinos. Esa es la única forma legítima de proceder en cualquier país donde se respete el estado de derecho. Lo contrario corre el riesgo de empeorar los males que se pretenden corregir con el remedio.
No menos importante es tener conciencia de que no basta la imposición de castigos y escarmientos personales si de resolver los problemas de la administración de justicia se trata, por más ejemplarizantes que sean. Medidas adicionales y complementarias serán necesarias para contar en este país con una justicia de primer mundo, como muchos lo reclaman. Pero, si al Órgano Judicial se le continúa tratando con la misma mezquindad presupuestaria que se ha convertido en el patrón tradicional de las finanzas públicas, ese objetivo será sencillamente inalcanzable.
Panamá parece ser una excepción con relación al resto de los países latinoamericanos, donde la violencia, tanto de adultos como de menores, se da en forma más generalizada. De acuerdo a las estadísticas publicadas por El Panamá América, donde se señala un 40% de pobreza y un 26% de pobreza extrema, considero que estamos sentados sobre una bomba de tiempo. Sugiero un estudio de investigación de esta población criminógena, sesgando la información de autoridad paterna-materna y del hábitat.
Desde luego que el rector de las políticas, tanto en su elaboración como en su ejecución, es el gobierno. Las iglesias y ONG también juegan un papel fundamental ofertando programas y proyectos en pro de la minoridad en riesgo social.
Hoy vuelven a ser centro del debate los asuntos concernientes a la administración de justicia, insertándose la polémica en la proximidad del cambio de gobierno, el cual, según se piensa, crea condiciones propicias para tomar medidas tendientes a superar las irregularidades, insuficiencias, vicios y defectos que se le endilgan y aquejan al sistema, en especial a la Corte Suprema y a sus magistrados.
En busca de las correcciones pretendidas, se ha invocado como precedente o ejemplo la destitución y el nombramiento de los nueve magistrados efectuados por el ex presidente Endara en los primeros días de su gobierno. El ex mandatario calificó este hecho atribuyéndoselo a "un golpe de suerte", pero de inmediato el ex magistrado y actual legislador Jerry Wilson abundó en torno al real significado de ese supuesto azar y sus estrechos vínculos con los hechos políticos desatados por la invasión norteamericana de 1989.
Ciertamente, el golpe de suerte invocado por Endara tuvo las dimensiones de un "gordito" con gran acumulado o de una lotería extraordinaria de navidad, buena fortuna con que no ha tropezado Martín Torrijos, no obstante su contundente victoria electoral.
Además de la de Endara, valdría la pena recordar otras experiencias con la finalidad de evitar la repetición de frustrantes situaciones que terminaron siendo inconducentes y desgastadoras, por encima de los propósitos de adecentamiento de la justicia en que sin duda se inspiraron. Se debe aprender de esas lecciones. A pesar de la gravedad en que pueda encontrarse la administración de justicia, el nuevo gobierno no tiene porqué actuar precipitadamente ni porqué internarse en callejones sin salida. Si, para mejorar y corregir los términos en que la justicia es impartida, se impone la necesidad de actuar con rigor y energía, no sólo el próximo Presidente está obligado a hacerlo. También le corresponde hacer lo mismo a la Asamblea, que en esta materia juega un rol de primer orden, conforme viene señalado en la Constitución y en las leyes.
Los gobernantes no sólo tienen la obligación de hacer respetar las leyes. En un estado de derecho también están obligados a acatarlas, por aquello, muy importante, de dar el ejemplo. Nos guste o no, la materia sobre la destitución de los magistrados de la Corte está claramente pautada en la Constitución y en las leyes y no hay más alternativa que ceñirse a ellas. La ley vigente precisa que para declarar culpable a un magistrado -para destituirlo- se requieren las dos terceras partes de los votos de la Asamblea Legislativa. Ese es el remedio previsto para corregir los vicios, sancionar los delitos y sustituir a cualquier magistrado culpable y merecedor de la destitución. No le busquen la quinta pata al gato.
La fórmula prevista en nuestras leyes no es nada del otro mundo. Recientemente, en Argentina, a varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia se les abrió proceso para su destitución acusándoseles de corrupción ante el Senado. Los encausados, incluyendo al presidente de la Corte, terminaron presentado la renuncia a sus cargos ante la inminente condena a ser proferida en su contra, cumpliéndose el deseo de la mayoría de los argentinos. Esa es la única forma legítima de proceder en cualquier país donde se respete el estado de derecho. Lo contrario corre el riesgo de empeorar los males que se pretenden corregir con el remedio.
No menos importante es tener conciencia de que no basta la imposición de castigos y escarmientos personales si de resolver los problemas de la administración de justicia se trata, por más ejemplarizantes que sean. Medidas adicionales y complementarias serán necesarias para contar en este país con una justicia de primer mundo, como muchos lo reclaman. Pero, si al Órgano Judicial se le continúa tratando con la misma mezquindad presupuestaria que se ha convertido en el patrón tradicional de las finanzas públicas, ese objetivo será sencillamente inalcanzable.
Panamá parece ser una excepción con relación al resto de los países latinoamericanos, donde la violencia, tanto de adultos como de menores, se da en forma más generalizada. De acuerdo a las estadísticas publicadas por El Panamá América, donde se señala un 40% de pobreza y un 26% de pobreza extrema, considero que estamos sentados sobre una bomba de tiempo. Sugiero un estudio de investigación de esta población criminógena, sesgando la información de autoridad paterna-materna y del hábitat.
Desde luego que el rector de las políticas, tanto en su elaboración como en su ejecución, es el gobierno. Las iglesias y ONG también juegan un papel fundamental ofertando programas y proyectos en pro de la minoridad en riesgo social.
