Un magistrado o lucha plutocrática
Con independencia de los argumentos legales que puedan existir a favor y en contra de la pretensión del representante del Órgano Ejecutivo de remover de su cargo al Magistrado Presidente de la Corte Suprema de Justicia (Órgano Judicial), al socaire de la aplicación de la Ley Faúndes, en el fondo, lo que se vislumbra es una sórdida lucha política entre poderosos y encontrados intereses económicos.
Y como bien han expresado figuras entendidas en la materia, el Magistrado representa un sector de éstos, -temporalmente fuera del poder político del Estado- y quien preside el Ejecutivo, el otro.
Lo lamentable de todo esto es que mientras la plutocracia (gobierno de los ricos) escenifica un nuevo sainete político, ocurre con la población panameña lo mismo que sucede cuando dos elefantes se enfrentan: quien sale perdiendo es "la selva". En el caso del pueblo panameño, éste continúa padeciendo los mismos males de siempre: pobreza, miseria extrema, desempleo, falta de seguridad pública, etc. Y la Ley, como en todo el pretérito republicano, sigue siendo la aliada incondicional y selectiva de la corrupción.
Y decimos incondicional y selectiva porque en todos los casos de probable cohecho del pasado gobierno, festinados a más no poder por los medios de comunicación social, no está asociado el nombre de ningún hombre o mujer de a pie, hijo o hija de la "cocinera", ni ahora ni en el pasado; de manera que la corrupción pública y privada es obra, casi que exclusiva, de los "cocotudos" y, eventualmente, de amanuenses o testaferros de éstos.
Genéricamente podríamos decir, que la venalidad es un crimen típico de la oligarquía, de la plutocracia. Pero paradójicamente quienes guardan prisión son los pobres.
A propósito de esta última afirmación, surgen las siguientes interrogantes: ¿Por qué frente a un evidente delito de corrupción se obliga al ciudadano decente que denuncia a "preconstituir" la prueba? ¿Por qué no existe un verdadero sistema de protección de los testigos? ¿Por qué se requiere un dictamen previo de la Contraloría para que el Ministerio Público pueda "actuar"? ¿Por qué no hay suficientes instituciones especializadas (fiscalías y juzgados) para procesar las denuncias de corrupción? ¿Quiénes están detrás o son los autores intelectuales de toda esa legislación y prácticas protectoras de los delincuentes de "cuello blanco"?
No cabe la menor duda que se trata de un mal de las alturas. También es un típico mecanismo de distracción política, a objeto de evitar el reagrupamiento del pueblo en defensa de sus verdaderos intereses particulares y generales; frente a una oligarquía plutocrática, dentro y fuera del gobierno, que apenas representa el 0.05 % del total de la población istmeña.
De allí que lo que realmente se debate en estos momentos no es la legalidad, ni la constitucionalidad de lo actuado por el Órgano Ejecutivo. Ni siquiera se trata de un problema de la institucionalidad política del Estado. Es, por el contrario, un feroz combate entre dos facciones de la oligarquía, por el control y subordinación de los órganos del Estado; donde el país decente es mero espectador, aunque se le quiere obligar a tomar partido mediante una profusa actividad mediática.
Pero como diría un chusco: En esta pelea el pueblo es "cucaracha en baile de gallinas". ¡Así de sencilla es la cosa!
(*) Coordinador del Movimiento Democrático Torrijista (MDT).
Y como bien han expresado figuras entendidas en la materia, el Magistrado representa un sector de éstos, -temporalmente fuera del poder político del Estado- y quien preside el Ejecutivo, el otro.
Lo lamentable de todo esto es que mientras la plutocracia (gobierno de los ricos) escenifica un nuevo sainete político, ocurre con la población panameña lo mismo que sucede cuando dos elefantes se enfrentan: quien sale perdiendo es "la selva". En el caso del pueblo panameño, éste continúa padeciendo los mismos males de siempre: pobreza, miseria extrema, desempleo, falta de seguridad pública, etc. Y la Ley, como en todo el pretérito republicano, sigue siendo la aliada incondicional y selectiva de la corrupción.
Y decimos incondicional y selectiva porque en todos los casos de probable cohecho del pasado gobierno, festinados a más no poder por los medios de comunicación social, no está asociado el nombre de ningún hombre o mujer de a pie, hijo o hija de la "cocinera", ni ahora ni en el pasado; de manera que la corrupción pública y privada es obra, casi que exclusiva, de los "cocotudos" y, eventualmente, de amanuenses o testaferros de éstos.
Genéricamente podríamos decir, que la venalidad es un crimen típico de la oligarquía, de la plutocracia. Pero paradójicamente quienes guardan prisión son los pobres.
A propósito de esta última afirmación, surgen las siguientes interrogantes: ¿Por qué frente a un evidente delito de corrupción se obliga al ciudadano decente que denuncia a "preconstituir" la prueba? ¿Por qué no existe un verdadero sistema de protección de los testigos? ¿Por qué se requiere un dictamen previo de la Contraloría para que el Ministerio Público pueda "actuar"? ¿Por qué no hay suficientes instituciones especializadas (fiscalías y juzgados) para procesar las denuncias de corrupción? ¿Quiénes están detrás o son los autores intelectuales de toda esa legislación y prácticas protectoras de los delincuentes de "cuello blanco"?
No cabe la menor duda que se trata de un mal de las alturas. También es un típico mecanismo de distracción política, a objeto de evitar el reagrupamiento del pueblo en defensa de sus verdaderos intereses particulares y generales; frente a una oligarquía plutocrática, dentro y fuera del gobierno, que apenas representa el 0.05 % del total de la población istmeña.
De allí que lo que realmente se debate en estos momentos no es la legalidad, ni la constitucionalidad de lo actuado por el Órgano Ejecutivo. Ni siquiera se trata de un problema de la institucionalidad política del Estado. Es, por el contrario, un feroz combate entre dos facciones de la oligarquía, por el control y subordinación de los órganos del Estado; donde el país decente es mero espectador, aunque se le quiere obligar a tomar partido mediante una profusa actividad mediática.
Pero como diría un chusco: En esta pelea el pueblo es "cucaracha en baile de gallinas". ¡Así de sencilla es la cosa!
(*) Coordinador del Movimiento Democrático Torrijista (MDT).
