"Un mal no existe nunca sin causa verdadera"
Un mal no existe nunca sin causa verdadera", afirma José Martí. Nadie niega que la sociedad panameña está sacudida por la inseguridad ciudadana. El conjunto de hechos cotidianos de violencia, aparece atentando contra la vida humana y al patrimonio a través de prácticas criminales, que afectan la calidad de vida de la gente manteniendo, en muchos casos, intranquilidad y angustia en la población panameña. También es fácil que la ciudadanía sea poseída por la cultura del miedo como bien la dibuja Michael Moore en la excepcional película Bowling for Columbine, y que decidamos armarnos hasta los dientes, crear no sólo cadena perpetua sino pena de muerte, y negarnos a salir ni siquiera a la esquina.
El problema también devela la calidad de las respuestas, pues frente a todo esto "Se constata un Estado incapaz de responder con eficacia frente a las verdaderas causas del problema que normalmente responde ensayando una fórmula de represión penal. Por el contrario, la lucha contra la criminalidad ha significado siempre una puerta abierta a la trasgresión y desconocimiento de derechos fundamentales de aquellos sectores sociales más deprimidos económicamente sobre los cuales se suele incidir en este problema."(Roberto Cuellar, IIDH)
Las causas de la inseguridad son variadas, pero entre ellas se encuentra la pobreza y la desigualdad, la descomposición de los valores, la desintegración familiar, los mensajes de violencia de los medios masivos de comunicación, la exclusión social, la impunidad y la corrupción, el deficiente sistema de justicia y la situación de las cárceles calificadas hace siglo y medio por don Justo Arosemena: "El sistema penal es más propio para empeorar que para corregir a un delincuente. Nuestros presidios son focos de infección física y moral, escuelas de perversidad, en donde el hombre, todavía sano, se corrompe y el malvado se perfecciona en el crimen perdiendo el último resto de pudor..."
El Audito Ciudadano de la Justicia Penal en Panamá, recientemente presentado por la Alianza Ciudadana Pro Justicia lo corrobora: La población penitenciaria en octubre de 2003 era de 11,458 detenidos (as) y la capacidad física de los centros penitenciarios del país era de 7,348, por lo que el número de detenidos excedía en un 40% la capacidad de las cárceles. Esto trae como consecuencia un marcado hacinamiento, situación que se agrava ante la falta de presupuesto, personal técnico e infraestructura adecuada.
La ejecución de la pena privativa de libertad se cumple en centros penitenciarios y en celdas de las instalaciones policiales que no reúnen las condiciones mínimas que permitan el respeto de los derechos humanos y, por ende, limitan, en unos casos, el desarrollo de programas integrales de rehabilitación. En general, las instalaciones que albergan la población penitenciaria no se construyen tomando en cuenta criterios técnicos que priman en materia criminológica y penitenciaria. Según la información reflejada por el Sistema Penitenciario al 12 de septiembre de 2003, el 54% de los reclusos, en el ámbito nacional, se encuentra en condición preventiva. El número de defensores de oficio no es suficiente para atender a la población de escasos recursos que requiere de un servicio gratuito tal y como lo establece la Constitución Nacional.
Tardíamente, menos de dos meses antes de finalizar su gestión, el Gobierno anuncia un paquete de medidas duras y represivas, huérfanas de acciones preventivas, de propuestas de resocialización y rehabilitación. Además las medidas anunciadas únicamente apuntan a la delincuencia callejera sin atacar la corrupción de alto vuelo y la delincuencia de cuello blanco que hacen su baluarte en la impunidad.
Se ha utilizado la reacción ciudadana de miedo y horror ante la inseguridad para vender el paquete punitivo que lleva a la aceptación de muchos, pero que por ello no significa que sea la verdadera solución. La inseguridad ciudadana es un problema que no se resuelve sólo con penas duras, represión, armas, policías y patrullas. Verlo así es una visión limitada que deja escapar un concepto más amplio de seguridad que radica en que existan condiciones de vida digna para todos. No se ubican ni examinan las causas estructurales de la violencia, de la ausencia de justicia, de la necesidad de la vigencia de un poder judicial involucrado en la resolución la agenda pendiente de la justicia que es un anhelo social de todos y todas.
¿El paredón, la cámara de gas o la silla eléctrica pararán la inseguridad? Frente a la inseguridad y las respuestas gubernamentales unilaterales e inconexas debemos construir la visión integral de seguridad para los habitantes, debe significa abordar el problema integralmente y con una amplia alianza de esfuerzos. Por ejemplo, en las elecciones de 1999 los candidatos firmaron un Pacto con la Juventud que ubicaba elementos clave en este enfoque integral, pero no se cumplió. Hoy se criminaliza la pobreza y se castiga a la juventud popular sin ofrecer propuestas que enaltezcan sus vidas muchas veces truncadas y sometidas a la exclusión.
(raulleisr@hotmail.com)
El problema también devela la calidad de las respuestas, pues frente a todo esto "Se constata un Estado incapaz de responder con eficacia frente a las verdaderas causas del problema que normalmente responde ensayando una fórmula de represión penal. Por el contrario, la lucha contra la criminalidad ha significado siempre una puerta abierta a la trasgresión y desconocimiento de derechos fundamentales de aquellos sectores sociales más deprimidos económicamente sobre los cuales se suele incidir en este problema."(Roberto Cuellar, IIDH)
Las causas de la inseguridad son variadas, pero entre ellas se encuentra la pobreza y la desigualdad, la descomposición de los valores, la desintegración familiar, los mensajes de violencia de los medios masivos de comunicación, la exclusión social, la impunidad y la corrupción, el deficiente sistema de justicia y la situación de las cárceles calificadas hace siglo y medio por don Justo Arosemena: "El sistema penal es más propio para empeorar que para corregir a un delincuente. Nuestros presidios son focos de infección física y moral, escuelas de perversidad, en donde el hombre, todavía sano, se corrompe y el malvado se perfecciona en el crimen perdiendo el último resto de pudor..."
El Audito Ciudadano de la Justicia Penal en Panamá, recientemente presentado por la Alianza Ciudadana Pro Justicia lo corrobora: La población penitenciaria en octubre de 2003 era de 11,458 detenidos (as) y la capacidad física de los centros penitenciarios del país era de 7,348, por lo que el número de detenidos excedía en un 40% la capacidad de las cárceles. Esto trae como consecuencia un marcado hacinamiento, situación que se agrava ante la falta de presupuesto, personal técnico e infraestructura adecuada.
La ejecución de la pena privativa de libertad se cumple en centros penitenciarios y en celdas de las instalaciones policiales que no reúnen las condiciones mínimas que permitan el respeto de los derechos humanos y, por ende, limitan, en unos casos, el desarrollo de programas integrales de rehabilitación. En general, las instalaciones que albergan la población penitenciaria no se construyen tomando en cuenta criterios técnicos que priman en materia criminológica y penitenciaria. Según la información reflejada por el Sistema Penitenciario al 12 de septiembre de 2003, el 54% de los reclusos, en el ámbito nacional, se encuentra en condición preventiva. El número de defensores de oficio no es suficiente para atender a la población de escasos recursos que requiere de un servicio gratuito tal y como lo establece la Constitución Nacional.
Tardíamente, menos de dos meses antes de finalizar su gestión, el Gobierno anuncia un paquete de medidas duras y represivas, huérfanas de acciones preventivas, de propuestas de resocialización y rehabilitación. Además las medidas anunciadas únicamente apuntan a la delincuencia callejera sin atacar la corrupción de alto vuelo y la delincuencia de cuello blanco que hacen su baluarte en la impunidad.
Se ha utilizado la reacción ciudadana de miedo y horror ante la inseguridad para vender el paquete punitivo que lleva a la aceptación de muchos, pero que por ello no significa que sea la verdadera solución. La inseguridad ciudadana es un problema que no se resuelve sólo con penas duras, represión, armas, policías y patrullas. Verlo así es una visión limitada que deja escapar un concepto más amplio de seguridad que radica en que existan condiciones de vida digna para todos. No se ubican ni examinan las causas estructurales de la violencia, de la ausencia de justicia, de la necesidad de la vigencia de un poder judicial involucrado en la resolución la agenda pendiente de la justicia que es un anhelo social de todos y todas.
¿El paredón, la cámara de gas o la silla eléctrica pararán la inseguridad? Frente a la inseguridad y las respuestas gubernamentales unilaterales e inconexas debemos construir la visión integral de seguridad para los habitantes, debe significa abordar el problema integralmente y con una amplia alianza de esfuerzos. Por ejemplo, en las elecciones de 1999 los candidatos firmaron un Pacto con la Juventud que ubicaba elementos clave en este enfoque integral, pero no se cumplió. Hoy se criminaliza la pobreza y se castiga a la juventud popular sin ofrecer propuestas que enaltezcan sus vidas muchas veces truncadas y sometidas a la exclusión.
(raulleisr@hotmail.com)
