Un mensaje equivocado

Por Panamá pasa mucho dinero, del bueno y del malo. Hay panameños a los que les va muy bien en términos económicos, porque son profesionales competentes, o empresarios audaces que saben optimizar las oportunidades y reducir los riesgos. Pero también hay panameños que hacen dinero sobre la base de negocios ilícitos, asociados al crimen organizado. La diferencia entre estos dos mundos la marca el sistema de justicia. Una administración de justicia eficiente, con credibilidad y con la capacidad de tramitar los juicios en términos cortos de modo que la decisión llegue en tiempo oportuno, es esencial para la buena salud de las actividades económicas. En materia de justicia penal hoy tenemos un sistema altamente deficiente, plagado de corrupción y todo tipo de corruptelas, con un espantoso rezago en la tramitación de los procesos y una marcada ausencia de credibilidad en las decisiones. En un sistema así, del favorecido por la sentencia se sospechan medios ilícitos. En estas circunstancias el país clama por un cambio en el sistema de justicia. La decisión del Ejecutivo de proponer la posposición, por dos años, de la entrada en vigencia del Nuevo Código Procesal Penal manda un mensaje equivocado sobre las prioridades del país. Tal parece que aquí solo importa hacer dinero, de la manera que sea; la justicia es tema muy secundario. Personas honradas no pueden diferenciarse de maleantes porque la dirección política del país parece no creer que los conflictos puedan resolverse mediante procesos ágiles y jueces probos.