Un mundo sin muros
REUNIDOS EN Uruguay el 2 y 3 de noviembre pasado, un conjunto de organizaciones participantes del II Encuentro Cívico Iberoamericano, con la consigna de "Migraciones: un mundo sin muros por un desarrollo sostenible para todos y todas", elaboró una declaración y las propuestas de acción a la XVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. Destacamos algunas partes del texto, que expone la exigencia de que los Estados y gobiernos se responsabilicen y tomen medidas para prevenir y solucionar la situación de los millones de migrantes que día a día son vulnerados en sus derechos, mientras buscan a través del abandono de su lugar o país de origen o de adopción la forma de escapar de la pobreza, la falta de empleo, la desigualdad, la exclusión, el racismo y la discriminación de género que provocan las políticas económicas neoliberales.
Las políticas económicas, sociales y culturales base de la actual globalización impiden un desarrollo humano y sostenible desde los propios intereses y necesidades de todas las sociedades. La acción de ciertas empresas multinacionales, la deuda externa, la pérdida de soberanía alimentaria, el comercio injusto, la explotación de los recursos naturales y los conflictos armados son causa de que las personas se vean forzadas a desplazarse y emigrar, tanto hacia países desarrollados fuera de América Latina, como entre sus mismos países, y por ello es necesario ampliar nuestra visión sobre la migración iberoamericana.
Es necesario democratizar todas las instancias oficiales de discusión y compromisos internacionales y multilaterales, así como avanzar en la participación efectiva de la sociedad civil en los procesos de toma de decisiones. Uno de los objetivos prioritarios de los gobiernos debería ser impulsar las políticas de desarrollo necesarias para garantizar la libertad de no emigrar. Es preciso, no obstante, establecer acuerdos bilaterales y multilaterales que tiendan a una mayor apertura a flujos migratorios y potencien los impactos positivos de la migración en origen y destino, a partir de la corresponsabilidad de los gobiernos y de la participación activa de los propios migrantes.
Las políticas selectivas dirigidas a estimular el éxodo del personal altamente calificado y de los talentos de los países esencialmente emisores, constituyen un serio impedimento a los esfuerzos de éstos por el desarrollo, agravado además por el costo adicional que suponen las inversiones realizadas en la preparación de dichos profesionales.
Consideramos significativa la Declaración de Asunción en la VI Conferencia Sudamericana sobre Migraciones, pues plantea una agenda para los países sudamericanos cercana a las demandas y exigencias de las organizaciones de migrantes y movimientos sociales, mientras que vemos con alarma el retroceso en las políticas migratorias de la Unión Europea y los Estados Unidos por su carácter restrictivo y represivo.
Rechazamos la existencia de muros o vallas para separar los pueblos que provocan graves conflictos, la muerte de migrantes, al tiempo que fomenta el negocio de la migración ilegal, así como la trata y el tráfico de personas, y estimula actitudes xenofóbicas y de separación entre los pueblos.
Por ello, demandamos a los Jefes de Estado y de Gobiernos de Iberoamérica que denuncien enérgicamente la construcción del muro en la frontera entre México y Estados Unidos.
Denunciamos que niños y mujeres son particularmente vulnerables en las migraciones, sufriendo peores condiciones laborales, abusos legales, violencia social y sexual.
Afirmamos que las y los jóvenes son un sector poblacional altamente sensible a los procesos migratorios, porque requieren oportunidades de empleo e ingreso -insuficientes en sus regiones de origen- lo que provoca desarraigo social y vulnera la estructura demográfica, afectando el desarrollo de los países.
Destacamos que el empleo digno es el principal factor de integración social de los migrantes y sus familias a las sociedades de destino. Es preciso garantizar la igualdad de trato y de oportunidades entre los trabajadores migrantes y autóctonos, en materia de derechos laborales y protección social. Asimismo es imprescindible garantizar la libertad sindical de los trabajadores migrantes y reconocer el principio de no repatriación cuando se hayan violado sus derechos.
Todos los países deben comprometerse a la formulación e implantación de políticas públicas migratorias que permitan el disfrute de estos derechos socio laborales.
El racismo, la xenofobia y la discriminación con respecto a los y las inmigrantes es un fenómeno presente y creciente en los países desarrollados, que también existe en los países de América Latina lo que provoca tensión social y exclusión. Es inaceptable la intolerancia, que lleva a acciones de violencia física y simbólica que se acentúa para el caso de los pueblos originarios, afrodescendientes y las minorías étnicas, religiosas y culturales.
Reafirmamos la riqueza de una sociedad intercultural y pluriétnica donde los valores de los diferentes países y culturas no solo conviven sino que interactúan, facilitando relaciones de confianza entre las personas.
Denunciamos la existencia de mafias y redes de control que fomentan la trata de personas, la explotación sexual de mujeres, niñas, niños y adolescentes, valiéndose de diversos medios incluyendo el turismo sexual. Entre sus componentes se cuentan algunos agentes públicos y aporte fundamental para visibilizar la problemática de la trata y el tráfico ilícito de personas.
Las políticas económicas, sociales y culturales base de la actual globalización impiden un desarrollo humano y sostenible desde los propios intereses y necesidades de todas las sociedades. La acción de ciertas empresas multinacionales, la deuda externa, la pérdida de soberanía alimentaria, el comercio injusto, la explotación de los recursos naturales y los conflictos armados son causa de que las personas se vean forzadas a desplazarse y emigrar, tanto hacia países desarrollados fuera de América Latina, como entre sus mismos países, y por ello es necesario ampliar nuestra visión sobre la migración iberoamericana.
Es necesario democratizar todas las instancias oficiales de discusión y compromisos internacionales y multilaterales, así como avanzar en la participación efectiva de la sociedad civil en los procesos de toma de decisiones. Uno de los objetivos prioritarios de los gobiernos debería ser impulsar las políticas de desarrollo necesarias para garantizar la libertad de no emigrar. Es preciso, no obstante, establecer acuerdos bilaterales y multilaterales que tiendan a una mayor apertura a flujos migratorios y potencien los impactos positivos de la migración en origen y destino, a partir de la corresponsabilidad de los gobiernos y de la participación activa de los propios migrantes.
Las políticas selectivas dirigidas a estimular el éxodo del personal altamente calificado y de los talentos de los países esencialmente emisores, constituyen un serio impedimento a los esfuerzos de éstos por el desarrollo, agravado además por el costo adicional que suponen las inversiones realizadas en la preparación de dichos profesionales.
Consideramos significativa la Declaración de Asunción en la VI Conferencia Sudamericana sobre Migraciones, pues plantea una agenda para los países sudamericanos cercana a las demandas y exigencias de las organizaciones de migrantes y movimientos sociales, mientras que vemos con alarma el retroceso en las políticas migratorias de la Unión Europea y los Estados Unidos por su carácter restrictivo y represivo.
Rechazamos la existencia de muros o vallas para separar los pueblos que provocan graves conflictos, la muerte de migrantes, al tiempo que fomenta el negocio de la migración ilegal, así como la trata y el tráfico de personas, y estimula actitudes xenofóbicas y de separación entre los pueblos.
Por ello, demandamos a los Jefes de Estado y de Gobiernos de Iberoamérica que denuncien enérgicamente la construcción del muro en la frontera entre México y Estados Unidos.
Denunciamos que niños y mujeres son particularmente vulnerables en las migraciones, sufriendo peores condiciones laborales, abusos legales, violencia social y sexual.
Afirmamos que las y los jóvenes son un sector poblacional altamente sensible a los procesos migratorios, porque requieren oportunidades de empleo e ingreso -insuficientes en sus regiones de origen- lo que provoca desarraigo social y vulnera la estructura demográfica, afectando el desarrollo de los países.
Destacamos que el empleo digno es el principal factor de integración social de los migrantes y sus familias a las sociedades de destino. Es preciso garantizar la igualdad de trato y de oportunidades entre los trabajadores migrantes y autóctonos, en materia de derechos laborales y protección social. Asimismo es imprescindible garantizar la libertad sindical de los trabajadores migrantes y reconocer el principio de no repatriación cuando se hayan violado sus derechos.
Todos los países deben comprometerse a la formulación e implantación de políticas públicas migratorias que permitan el disfrute de estos derechos socio laborales.
El racismo, la xenofobia y la discriminación con respecto a los y las inmigrantes es un fenómeno presente y creciente en los países desarrollados, que también existe en los países de América Latina lo que provoca tensión social y exclusión. Es inaceptable la intolerancia, que lleva a acciones de violencia física y simbólica que se acentúa para el caso de los pueblos originarios, afrodescendientes y las minorías étnicas, religiosas y culturales.
Reafirmamos la riqueza de una sociedad intercultural y pluriétnica donde los valores de los diferentes países y culturas no solo conviven sino que interactúan, facilitando relaciones de confianza entre las personas.
Denunciamos la existencia de mafias y redes de control que fomentan la trata de personas, la explotación sexual de mujeres, niñas, niños y adolescentes, valiéndose de diversos medios incluyendo el turismo sexual. Entre sus componentes se cuentan algunos agentes públicos y aporte fundamental para visibilizar la problemática de la trata y el tráfico ilícito de personas.
