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Un nuevo CAT para un nuevo desarrollo


La prolongación de los Certificados de Abonos Tributarios (CAT) representa un alivio oportuno para los exportadores nacionales. Suprimirlos hubiera sido un duro golpe para industriales que trabajan en el mercado internacional.
Sin embargo, ésta es una coyuntura para que reflexionemos en torno a este incentivo fiscal que se ha estado entregando en forma diríamos un tanto descontrolada e indiscriminada sin reparar en que esta herramienta fiscal debe corresponder a una política jerarquizada de exportaciones reales y no supuestas.
En otras palabras, la entrega del CAT debería tener parámetros importantes, a saber, su incidencia en el estímulo a empresas que empleen al mayor número de personas, o que impulsen actividades inexistentes o de presencia magra, y otros factores que justifiquen el sacrificio fiscal. Así se prescindirá de la apariencia de subsidio que tiene el certificado y asumiría éste un perfil de aliento al desarrollo.
En el momento de reformular el apoyo a las exportaciones, Panamá tendría argumentos más sólidos para justificar el mecanismo de incentivos, insertándolo en un proyecto nacional con miras a los tratados de libre comercio en proceso de negociaciones y de manera particular el ALCA.
Estados Unidos y los estados miembros de la Comunidad Europea, hoy ampliada con países de Europa Oriental, no aceptan la prescindencia del apoyo estatal a la producción agrícola, argumentando que no se trata de simples subsidios sino de políticas de desarrollo.
La Contraloría ha detectado algunos casos de falsas exportaciones realizadas para percibir el CAT y se asegura que hay empresas que parecen haber surgido para desnaturalizar el apoyo que sí merecen empresas responsables. Justos no deben pagar por pecadores. Pero para eliminar a los defraudadores hay que revisar el otorgamiento de los Certificados de Abono Tributario y sustentarlos en prioridades nacionales. Corresponde al Ministerio de Comercio, Economía y Finanzas y a la Contraloría, examinar cuáles son los resultados del CAT en términos de potenciación industrial y fijar nuevos parámetros para entregarlos.
El gobierno también viola los derechos humanos. El presidente constantemente ataca a los medios de comunicación venezolanos y promueve la violencia en su contra. Recientemente los chavistas atacaron a varias estaciones de televisión y grupos paramilitares llamados Círculos Bolivarianos, armados hasta los dientes, circulan por Caracas, intimidando a los opositores del gobierno. Tal delincuencia es contraria a las leyes. Chávez también resolvió darle petróleo a Cuba, aunque por ley eso requiere la ratificación del congreso de un tratado internacional.
Chávez hubiera podido concentrar todo el poder en sus manos si su ambición no lo hubiera empujado a tratar de controlar a PDVSA. Los empleados de PDVSA, desde los gerentes hasta los obreros, están ahora en huelga, lo mismo que la federación de sindicatos, los empresarios y alrededor de 80% de todos los trabajadores.
A medida que el país se hunde, se desintegra la democracia y Chávez aumenta su agresividad, la OEA sigue meditando acerca de "negociaciones", insistiendo que el odiado Chávez fue "democráticamente electo". El mensaje claro tanto para Chávez como para Castro es que la OEA es débil, sumisa, impotente y fácilmente ignorada por cualquier dictador actual o en potencia.

*Editora de la columna Las Américas del Wall Street Journal, diario donde fue publicado originalmente este artículo y autorizó la traducción de AIPE.
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