Un país de contrastes
Nadie puede negar que Panamá ha estado transitando por impactante aceleración en sus procesos de crecimiento económico en la última década y, en especial, en la actual gestión presidencial. Pareciera que todo el mundo quisiera invertir y mudarse para este país, mientras que el común de los ciudadanos observa cómo disminuye su capacidad adquisitiva de cara a contratos y adendas firmadas en pasadas administraciones, que sólo aseguran la rentabilidad de las grandes compañías, olvidándose del 60 % de la población que vive en la pobreza y la miseria. El problema radica en que el 30% que constituye la clase media reducida y empobrecida, carga sobre sus hombros el Presupuesto del Estado, mientras que los nuevos ricos y comerciantes (10%) son los que se aprovechan de los recursos de la áreas revertidas, del tercer juego de esclusas, del boom del turismo residencial de la tercera edad procedente de países desarrollados y extranjeros que huyen de los gobiernos populistas de Centro y Sur América, para poner a buen recaudo sus bienes en esta Suiza de América.
Por un lado, miles de familias reciben 35 dólares al mes para poder sobrevivir y por el otro, un grupo de adinerados paga por una cena $5,000 por pareja ó 150 para una mesa VIP, en algún centro de diversión. Nadie entiende cómo se puede construir una fábrica de cemento y un oleoducto a ambos lados de las esclusas del Canal y un megapuerto de contenedores cerca a un gigantesco desarrollo turístico e inmobiliario con islas artificiales incluidas, y rascacielos. Mientras se inician los trabajos de la Cinta Costera, nadie se atreve a proponer un ferrocarril hacia el interior o un subterráneo o tren aéreo que realmente solucione el congestionamiento creciente de la urbe capitalina.
Los insumos han subido de precios y hasta ahora lo único que han reducido es el tamaño de los envases de los alimentos. Parece que en este país, los fuegos se apagan echándoles gasolina, como la inoportuna decisión de hacer público en estos convulsionados momentos de negociación, el anteproyecto en borrador del nuevo SPS, en donde aparece que no existirán escalafones y que la provisión de los servicios de salud pasan a la maltrecha CSS y peor aún, la nefasta intervención de las cuentas bancarias de los médicos en huelga, sin previa orden judicial.
No entiendo nada, ¿será que me está entrando el Alzheimer?
