Un país rehén de los transportistas
Puede decirse que los transportistas panameños son mucho más que un "grupo de presión", entendiendo este concepto como una asociación humana que ejecuta acciones destinadas a influir en el poder público, para producir decisiones favorables a sus fines. No, los señores del transporte trascienden esta definición sociológica, y caen en los parajes de la corrupción y la intimidación, muy alejados de las técnicas persuasivas propias de la negociación democrática.
Frente a la necesidad impostergable de cambiar de manera sustancial el sistema de transporte en el país, los actuales dirigentes de los grupos federados recurren al grito, a la amenaza de huelga, casi a la extorsión, para obligar al gobierno a posponer y trastocar los planes de modernización. Con su presencia y acciones coactivas han logrado dividir las discusiones sobre el tema en tantas mesas de diálogo como sea posible, y han diluido la posibilidad de acciones concretas. Lo más triste de todo es que las autoridades, con propósitos todavía misteriosos, se dejan acorralar.
Las arrogantes exigencias transportistas buscan anular toda posibilidad de purga a un sistema que agoniza por empacho. No quieren inversión extranjera ni ajena a sus oscuras hermandades, y si bien piensan que se les debe dar participación accionaria en las nuevas formas de gestión del transporte público, no están dispuestos a responsabilizarse por las deudas y otras obligaciones venideras. En pocas palabras, lo que quieren es lo ancho para ellos, y lo angosto para el resto del país.
El sistema actual fue un error desde sus inicios en la década de los años 70, y tenemos entre manos la preciosa oportunidad de extirparlo del cuerpo social, que se pudre cada día con su presencia. La actitud oficial da pena, denota una crítica falta de liderazgo y carisma, y hace peligrar una solución que parecía decidida, pero que se ha anegado por un mar de incertidumbre y falta de carácter. ¡Hasta cuándo!
Frente a la necesidad impostergable de cambiar de manera sustancial el sistema de transporte en el país, los actuales dirigentes de los grupos federados recurren al grito, a la amenaza de huelga, casi a la extorsión, para obligar al gobierno a posponer y trastocar los planes de modernización. Con su presencia y acciones coactivas han logrado dividir las discusiones sobre el tema en tantas mesas de diálogo como sea posible, y han diluido la posibilidad de acciones concretas. Lo más triste de todo es que las autoridades, con propósitos todavía misteriosos, se dejan acorralar.
Las arrogantes exigencias transportistas buscan anular toda posibilidad de purga a un sistema que agoniza por empacho. No quieren inversión extranjera ni ajena a sus oscuras hermandades, y si bien piensan que se les debe dar participación accionaria en las nuevas formas de gestión del transporte público, no están dispuestos a responsabilizarse por las deudas y otras obligaciones venideras. En pocas palabras, lo que quieren es lo ancho para ellos, y lo angosto para el resto del país.
El sistema actual fue un error desde sus inicios en la década de los años 70, y tenemos entre manos la preciosa oportunidad de extirparlo del cuerpo social, que se pudre cada día con su presencia. La actitud oficial da pena, denota una crítica falta de liderazgo y carisma, y hace peligrar una solución que parecía decidida, pero que se ha anegado por un mar de incertidumbre y falta de carácter. ¡Hasta cuándo!
