Un parlamento para el nuevo milenio
En medio de la dinámica de cambios internacionales, las sociedades modernas se enfrentan al imperativo histórico de fortalecer el creciente papel que han asumido los Parlamentarios, no sólo frente a la necesidad de asegurar la gobernabilidad democrática de nuestros países, sino ante el imperativo de dotar al Estado de legislaciones modernas que coadyuven a mejorar la calidad tanto de su gestión como de su producto, promoviendo el interés nacional como medio racional, plural y eficaz para dirimir las diferencias de los grupos y sectores sociales.
Conscientes de esta realidad y ante el hecho de que el país precisaba instrumentar oportunamente cambios en su funcionamiento estructural de administración, a riesgo de continuar aislado frente a la dinámica de cambios internacionales el liderazgo panameño desde 1994, asumió con voluntad política un agresivo proceso de negociación del país en su inserción en la economía mundial ante el desafío de administrar eficientemente el Canal en la antesala del próximo siglo.
La experiencia de algunos países latinoamericanos nos indica que los Gobiernos con poco espacio de maniobra han tenido que enfrentarse a la disyuntiva histórica de propiciar un desarrollo económico con una apertura sin límites, asumiendo un alto costo social que amenaza la gobernabilidad democrática, tampoco sería responsable adoptar una conducta en desconocimiento de los desafíos de un mundo que se encuentra cada vez más dispuesto a dejar rezagado a quienes no se adapten a sus nuevas dinámicas; en el caso de Panamá podría afirmarse que los cambios no han tenido el mismo nivel de traumatismo, porque se adoptaron oportunamente una posición equilibrada armonizando las posibilidades del desarrollo económico con la realidad política y social del país.
Lo cierto es que con la creciente interdependencia entre las naciones y el desarrollo tecnológico de las telecomunicaciones, los Parlamentos se han visto abocados a compartir experiencias legislativas para fomentar la cooperación entre los Estados, circunstancia que ha contribuido a la ampliación del marco de su acción política, fortaleciendo la capacidad de negociación de los Gobiernos en sus agendas de política exterior, promoviendo acuerdos de aproximación dentro del entramado proceso de integración, tal como se revela de los temarios de las convocatorias del Parlamento Centroamericano y el Parlamento Latinoamericano.
Nos encontramos ante la realidad insoslayable de hacerle frente a las exigencias de la Globalización con la apertura de mercados, circunstancias que demandará de nuestros gobiernos mayor capacidad para promover su modernidad, su consolidación interna y su eficacia para generar consensos entre los actores sociales, los cuales coadyuvarán afianzar la gobernabilidad, a través de bases sólidas que traduzcan el esfuerzo gubernamental en beneficios generalizados para la población. Los Gobiernos que han sido capaces de definir objetivos estratégicos en sus políticas de desarrollo económico, a través del consenso entre los principales actores de la sociedad civil y política han hecho posible la consolidación de la gobernabilidad democrática, en medio de las políticas que promueven el desarrollo económico con eficiencia.
No se puede negar que el fenómeno de la globalización económica ha creado situaciones de exclusión social en algunos sectores de nuestro país, por lo que se hace necesario continuar impulsando políticas sociales de Estado frente a objetivos estratégicos, circunstancia en que los poderes legislativo y ejecutivo podrán consolidar un frente interno con capacidad de negociación en su propósito de impulsar estrategias comunes para hacerle frente a las demandas sociales en materia de vivienda, educación, la creación de infraestructuras para promover la inversión y las fuentes de generación de empleos, así como para proteger y dimensionar la articulación de sus mercados internos.
En la dinámica del proceso de integración, no se puede soslayar el papel que ha tenido la diplomacia parlamentaria como un valioso mecanismo que ha contribuido al intercambio de experiencias legislativas para mitigar el impacto de la globalización económica; así como los llamados que han formulado los foros interparlamentarios ante los organismos financieros internacionales par que sensibilicen las políticas de ajustes estructurales.
El impulso de la modernización institucional y la apertura política, así como la integración económica es una tarea que en el ámbito nacional corresponde a los Parlamentarios sobre cualquier institución, toda vez que como legítimos representantes de la soberanía popular, se han empeñado en complementar las tareas de los Ejecutivos, propiciando consensos nacionales en las convocatorias a la sociedad civil, los cuales están destinados a facilitar leyes estratégicas al menor costo social, haciendo énfasis en la gradualidad como un instrumento de equilibrio, indispensable en el proceso de apertura económica.
En la perspectiva del avance de la integración política y económica de la región, los contactos interparlamentarios han jugado un papel coadyuvante en la definición de estrategias comunes, no sólo porque sus acuerdos no comprometen directamente a sus Ejecutivos, sino porque se han constituido en instrumentos eficaces para situar las relaciones interestatales en un nuevo contexto; obviamente a través del diálogo político y franco es posible superar las tradicionales rigideces protocolares de las Cancillerías; de tal suerte que facilita el conocimiento de las realidades internas y la posición de otros países en el concierto de naciones, circunstancias que ha facilitado la construcción de consensos necesarios para ampliar los espacios de comunicación, entendimiento y cooperación entre los Gobiernos.
En medio de la corresponsabilidad que conlleva la mundialización de los fenómenos, la diplomacia internacional está llamada asumir un sentido de eficacia y oportunidad, a tal punto que permita a los Gobiernos promover gradualmente los procesos de cooperación e integración, y aún cuando en nuestro orden constitucional presidencialista, el manejo de las relaciones exteriores sean asuntos de competencia exclusiva y privativa del Ejecutivo, nada impide que el Parlamento panameño en forma complementaria puedan enriquecer dichos contactos, coadyuvando a través de sus relaciones políticas a la realización de los objetivos estratégicos de política exterior.
De tal suerte, que las relaciones entre los Parlamentarios constituyen un mecanismo de coordinación interparlamentaria que facilitan la creación de espacios de deliberación con capacidad de analizar con rigor y sentido de cooperación los problemas bilaterales y multilaterales más críticos que atraviesan nuestros países; aportando con la racionalidad negociadora soluciones políticas y jurídicas conforme a la norma de la reciprocidad.
Es importante señalar que para garantizar el proceso de gobernabilidad de la sociedad democrática, que el Parlamento cuente con amplia capacidad deliberativa y con instrumentos adecuados para cumplir en forma eficaz su papel de foro abierto al debate de los problemas nacionales y las ideas políticas; por lo que resulta un imperativo, que se encuentren dotados de soprtes técnicos, de modo que estén en condiciones de producir legislación, control y representación de la mejor calidad.
Consecuente con este nuevo enfoque, las Directivas de la Asamblea Legislativa desde septiembre de 1994, en medio de la transparencia democrática que experimentaba el país, promovieron la optimización de la estructura funcional del Primer Organo del Estado, asumiendo con voluntad política el reto impostergable de darle impulso al programa de modernización y fortalecimiento institucional del Parlamento para garantizar la mejor marcha del Estado panameño en su conjunto.
En efecto, durante la presente Legislatura se puso en marcha el régimen de Carrera de Servicio Legislativo, lo que garantizará un adecuado balance entre los factores políticos y técnicos que determinan el funcionamiento de un órgano político por excelencia, coadyuvando a promover la productividad de sus funcionarios al reconocer estabilidad laboral en base a méritos, la experiencia, preparación académica y eficiencia en el desempeño de sus funciones, incluso posibilitando su especialización y permanente actualización.
A la permanente actualización de sus recursos humanos de la Asamblea Legislativa, se sumará la incorporación de la tecnología de punta en los sistemas de informática legislativa, lo cual facilitará la participación documentada de los parlamentarios al integrarse a la red interna del Parlamento, las Comisiones Permanentes, la biblioteca, los centros nacionales de información y a la red mundial de Internet; además de la interconexión con los entes encargados de administrar las finanzas públicas, fiscalización que se coadyuvará a darle eficacia a las funciones de control que está llamado a ejercer el Parlamento en la supervisión presupuestaria.
La dotación de insumos técnicos en la modernización de la Asamblea Legislativa contribuirá a la optimización del proceso de elaboración legislativa, el cual se ha vigorizado con el funcionamiento de Secretarías Técnicas y las Asesorías Multidisciplinarias que se constituirán en el soporte del trabajo en las Comisiones Permanentes; mientras que se concretan a corto plazo el proyecto de traslado al Palacio Justo Arosemena en las futuras instalaciones que se edificarán en las áreas revertidas como nueva sede de la Asamblea Legislativa, la que estará dotada de infraestructuras modernas que contribuirán a garantizar la eficiente labor del primer Organo del Estado de acuerdo a las exigencias del próximo milenio.
Finalmente, ante los nuevos desafíos que conlleva el proceso de inserción del país en los mercados internacionales, debemos reconocer que el Parlamento panameño, ha cumplido su propósito de generar nuevos escenarios de diálogo y análisis en la búsqueda de soluciones legislativas a la problemática nacional, coadyuvando a la amplia participación de la sociedad civil en la aprobación de leyes que promuevan el desarrollo social y económico, garantizando a corto plazo la realización de los objetivos estratégicos que permitan a la nación panameña consolidar su destino histórico.
Conscientes de esta realidad y ante el hecho de que el país precisaba instrumentar oportunamente cambios en su funcionamiento estructural de administración, a riesgo de continuar aislado frente a la dinámica de cambios internacionales el liderazgo panameño desde 1994, asumió con voluntad política un agresivo proceso de negociación del país en su inserción en la economía mundial ante el desafío de administrar eficientemente el Canal en la antesala del próximo siglo.
La experiencia de algunos países latinoamericanos nos indica que los Gobiernos con poco espacio de maniobra han tenido que enfrentarse a la disyuntiva histórica de propiciar un desarrollo económico con una apertura sin límites, asumiendo un alto costo social que amenaza la gobernabilidad democrática, tampoco sería responsable adoptar una conducta en desconocimiento de los desafíos de un mundo que se encuentra cada vez más dispuesto a dejar rezagado a quienes no se adapten a sus nuevas dinámicas; en el caso de Panamá podría afirmarse que los cambios no han tenido el mismo nivel de traumatismo, porque se adoptaron oportunamente una posición equilibrada armonizando las posibilidades del desarrollo económico con la realidad política y social del país.
Lo cierto es que con la creciente interdependencia entre las naciones y el desarrollo tecnológico de las telecomunicaciones, los Parlamentos se han visto abocados a compartir experiencias legislativas para fomentar la cooperación entre los Estados, circunstancia que ha contribuido a la ampliación del marco de su acción política, fortaleciendo la capacidad de negociación de los Gobiernos en sus agendas de política exterior, promoviendo acuerdos de aproximación dentro del entramado proceso de integración, tal como se revela de los temarios de las convocatorias del Parlamento Centroamericano y el Parlamento Latinoamericano.
Nos encontramos ante la realidad insoslayable de hacerle frente a las exigencias de la Globalización con la apertura de mercados, circunstancias que demandará de nuestros gobiernos mayor capacidad para promover su modernidad, su consolidación interna y su eficacia para generar consensos entre los actores sociales, los cuales coadyuvarán afianzar la gobernabilidad, a través de bases sólidas que traduzcan el esfuerzo gubernamental en beneficios generalizados para la población. Los Gobiernos que han sido capaces de definir objetivos estratégicos en sus políticas de desarrollo económico, a través del consenso entre los principales actores de la sociedad civil y política han hecho posible la consolidación de la gobernabilidad democrática, en medio de las políticas que promueven el desarrollo económico con eficiencia.
No se puede negar que el fenómeno de la globalización económica ha creado situaciones de exclusión social en algunos sectores de nuestro país, por lo que se hace necesario continuar impulsando políticas sociales de Estado frente a objetivos estratégicos, circunstancia en que los poderes legislativo y ejecutivo podrán consolidar un frente interno con capacidad de negociación en su propósito de impulsar estrategias comunes para hacerle frente a las demandas sociales en materia de vivienda, educación, la creación de infraestructuras para promover la inversión y las fuentes de generación de empleos, así como para proteger y dimensionar la articulación de sus mercados internos.
En la dinámica del proceso de integración, no se puede soslayar el papel que ha tenido la diplomacia parlamentaria como un valioso mecanismo que ha contribuido al intercambio de experiencias legislativas para mitigar el impacto de la globalización económica; así como los llamados que han formulado los foros interparlamentarios ante los organismos financieros internacionales par que sensibilicen las políticas de ajustes estructurales.
El impulso de la modernización institucional y la apertura política, así como la integración económica es una tarea que en el ámbito nacional corresponde a los Parlamentarios sobre cualquier institución, toda vez que como legítimos representantes de la soberanía popular, se han empeñado en complementar las tareas de los Ejecutivos, propiciando consensos nacionales en las convocatorias a la sociedad civil, los cuales están destinados a facilitar leyes estratégicas al menor costo social, haciendo énfasis en la gradualidad como un instrumento de equilibrio, indispensable en el proceso de apertura económica.
En la perspectiva del avance de la integración política y económica de la región, los contactos interparlamentarios han jugado un papel coadyuvante en la definición de estrategias comunes, no sólo porque sus acuerdos no comprometen directamente a sus Ejecutivos, sino porque se han constituido en instrumentos eficaces para situar las relaciones interestatales en un nuevo contexto; obviamente a través del diálogo político y franco es posible superar las tradicionales rigideces protocolares de las Cancillerías; de tal suerte que facilita el conocimiento de las realidades internas y la posición de otros países en el concierto de naciones, circunstancias que ha facilitado la construcción de consensos necesarios para ampliar los espacios de comunicación, entendimiento y cooperación entre los Gobiernos.
En medio de la corresponsabilidad que conlleva la mundialización de los fenómenos, la diplomacia internacional está llamada asumir un sentido de eficacia y oportunidad, a tal punto que permita a los Gobiernos promover gradualmente los procesos de cooperación e integración, y aún cuando en nuestro orden constitucional presidencialista, el manejo de las relaciones exteriores sean asuntos de competencia exclusiva y privativa del Ejecutivo, nada impide que el Parlamento panameño en forma complementaria puedan enriquecer dichos contactos, coadyuvando a través de sus relaciones políticas a la realización de los objetivos estratégicos de política exterior.
De tal suerte, que las relaciones entre los Parlamentarios constituyen un mecanismo de coordinación interparlamentaria que facilitan la creación de espacios de deliberación con capacidad de analizar con rigor y sentido de cooperación los problemas bilaterales y multilaterales más críticos que atraviesan nuestros países; aportando con la racionalidad negociadora soluciones políticas y jurídicas conforme a la norma de la reciprocidad.
Es importante señalar que para garantizar el proceso de gobernabilidad de la sociedad democrática, que el Parlamento cuente con amplia capacidad deliberativa y con instrumentos adecuados para cumplir en forma eficaz su papel de foro abierto al debate de los problemas nacionales y las ideas políticas; por lo que resulta un imperativo, que se encuentren dotados de soprtes técnicos, de modo que estén en condiciones de producir legislación, control y representación de la mejor calidad.
Consecuente con este nuevo enfoque, las Directivas de la Asamblea Legislativa desde septiembre de 1994, en medio de la transparencia democrática que experimentaba el país, promovieron la optimización de la estructura funcional del Primer Organo del Estado, asumiendo con voluntad política el reto impostergable de darle impulso al programa de modernización y fortalecimiento institucional del Parlamento para garantizar la mejor marcha del Estado panameño en su conjunto.
En efecto, durante la presente Legislatura se puso en marcha el régimen de Carrera de Servicio Legislativo, lo que garantizará un adecuado balance entre los factores políticos y técnicos que determinan el funcionamiento de un órgano político por excelencia, coadyuvando a promover la productividad de sus funcionarios al reconocer estabilidad laboral en base a méritos, la experiencia, preparación académica y eficiencia en el desempeño de sus funciones, incluso posibilitando su especialización y permanente actualización.
A la permanente actualización de sus recursos humanos de la Asamblea Legislativa, se sumará la incorporación de la tecnología de punta en los sistemas de informática legislativa, lo cual facilitará la participación documentada de los parlamentarios al integrarse a la red interna del Parlamento, las Comisiones Permanentes, la biblioteca, los centros nacionales de información y a la red mundial de Internet; además de la interconexión con los entes encargados de administrar las finanzas públicas, fiscalización que se coadyuvará a darle eficacia a las funciones de control que está llamado a ejercer el Parlamento en la supervisión presupuestaria.
La dotación de insumos técnicos en la modernización de la Asamblea Legislativa contribuirá a la optimización del proceso de elaboración legislativa, el cual se ha vigorizado con el funcionamiento de Secretarías Técnicas y las Asesorías Multidisciplinarias que se constituirán en el soporte del trabajo en las Comisiones Permanentes; mientras que se concretan a corto plazo el proyecto de traslado al Palacio Justo Arosemena en las futuras instalaciones que se edificarán en las áreas revertidas como nueva sede de la Asamblea Legislativa, la que estará dotada de infraestructuras modernas que contribuirán a garantizar la eficiente labor del primer Organo del Estado de acuerdo a las exigencias del próximo milenio.
Finalmente, ante los nuevos desafíos que conlleva el proceso de inserción del país en los mercados internacionales, debemos reconocer que el Parlamento panameño, ha cumplido su propósito de generar nuevos escenarios de diálogo y análisis en la búsqueda de soluciones legislativas a la problemática nacional, coadyuvando a la amplia participación de la sociedad civil en la aprobación de leyes que promuevan el desarrollo social y económico, garantizando a corto plazo la realización de los objetivos estratégicos que permitan a la nación panameña consolidar su destino histórico.
