Un paso atrás
La Ministra de Educación ha enviado a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que representa un retroceso en materia de descentralización del sistema educativo, eliminando una serie de Juntas Educativas Regionales que ya habían sido creadas, y que estaban funcionando de acuerdo a la ley anterior. De ser aprobada la nueva medida, estaríamos caminando en sentido contrario al planteado por las necesidades modernas de repartir responsabilidades a padres de familia y miembros de la sociedad en el manejo del complejo tema de la educación nacional.
Además, el proyecto de ley sienta un mal precedente, pues regresa a la época en la que los gremios magisteriales y el Ministerio decidían el futuro de la educación sin contar con organismos representativos de la sociedad civil. Su contenido no ha sido discutido con las organizaciones de padres de familia, universidades, iglesias, clubes cívicos y representantes del sector productivo que expresaron su compromiso de participar activamente en todo lo relacionado con el proceso de modernización de la educación.
Cuando Panamá decidió iniciar el proceso de descentralización en su sistema educativo, ya estaba retrasada con relación a lo realizado en este campo por otros países de la región, especialmente El Salvador y Nicaragua donde el poder de decisión descansa desde hace tiempo sobre las Juntas Escolares. Los resultados obtenidos en estos países, en cuanto a participación de la comunidad en el trabajo escolar han sido ejemplares, y sus avances en el desarrollo de la educación son notables.
Evidentemente el cambio de sistema no es fácil y en su implementación se presentan dificultades que deben irse resolviendo. Las Juntas Educativas Escolares requieren de directores de escuela preparados en actividades de gestión y no simplemente académicas, y los miembros de las Juntas Educativas Regionales necesitan de una orientación y de un audito para evitar conflictos internos y malos manejos.
Sin embargo, ninguno de estos problemas justifica regresar por el camino ya andado, sino más bien exigen una confirmación de la voluntad de descentralizar el sistema y un refuerzo en la solución de los inconvenientes que surjan. Deben habilitarse programas de capacitación para directores de escuela y aplicar las sanciones en el caso de miembros de las Juntas Regionales que no cumplan con sus funciones, pero nunca eliminar los organismos de participación social ya establecidos.
No podemos regresar a la época en la que la educación era un tema exclusivo de los educadores y del Ministerio de Educación. Esos errores se pagan con un sistema educativo incapaz de enfrentar el reto del futuro. Así lo han comprendido las naciones que buscan la participación de padres de familia y de miembros de la sociedad como un medio de adecuar la formación de sus jóvenes para el desafío de convertirlos en mejores ciudadanos, más participativos y más productivos.
Además, el proyecto de ley sienta un mal precedente, pues regresa a la época en la que los gremios magisteriales y el Ministerio decidían el futuro de la educación sin contar con organismos representativos de la sociedad civil. Su contenido no ha sido discutido con las organizaciones de padres de familia, universidades, iglesias, clubes cívicos y representantes del sector productivo que expresaron su compromiso de participar activamente en todo lo relacionado con el proceso de modernización de la educación.
Cuando Panamá decidió iniciar el proceso de descentralización en su sistema educativo, ya estaba retrasada con relación a lo realizado en este campo por otros países de la región, especialmente El Salvador y Nicaragua donde el poder de decisión descansa desde hace tiempo sobre las Juntas Escolares. Los resultados obtenidos en estos países, en cuanto a participación de la comunidad en el trabajo escolar han sido ejemplares, y sus avances en el desarrollo de la educación son notables.
Evidentemente el cambio de sistema no es fácil y en su implementación se presentan dificultades que deben irse resolviendo. Las Juntas Educativas Escolares requieren de directores de escuela preparados en actividades de gestión y no simplemente académicas, y los miembros de las Juntas Educativas Regionales necesitan de una orientación y de un audito para evitar conflictos internos y malos manejos.
Sin embargo, ninguno de estos problemas justifica regresar por el camino ya andado, sino más bien exigen una confirmación de la voluntad de descentralizar el sistema y un refuerzo en la solución de los inconvenientes que surjan. Deben habilitarse programas de capacitación para directores de escuela y aplicar las sanciones en el caso de miembros de las Juntas Regionales que no cumplan con sus funciones, pero nunca eliminar los organismos de participación social ya establecidos.
No podemos regresar a la época en la que la educación era un tema exclusivo de los educadores y del Ministerio de Educación. Esos errores se pagan con un sistema educativo incapaz de enfrentar el reto del futuro. Así lo han comprendido las naciones que buscan la participación de padres de familia y de miembros de la sociedad como un medio de adecuar la formación de sus jóvenes para el desafío de convertirlos en mejores ciudadanos, más participativos y más productivos.
