Un proceso para el cambio
Importante proceso para orientar el desarrollo integral sostenido, es el de la planificación, para integrar los distintos niveles de administración. Más aún si se refiere a un país de pequeña extensión territorial, y de recursos monetarios limitados, como lo es Panamá. Para atender los complejos problemas y las variadas necesidades de su población, las políticas nacionales para procurar ese desarrollo tienen que expresarse en términos prioritarios, en sus aplicaciones geográficas, con claros objetivos de lograr el equilibrio socioeconómico a lo largo y ancho del territorio nacional - justicia social en el contenido constitucional. El marco geográfico es la región, que puede ser una o más provincias, y constituye guía general a los reparos administrativos de niveles inferiores - urbano, rural, metropolitano, municipal - para hacer consistentes y coherentes propuestas y ejecutorias. Este proceso es democrático y no se concibe jamás a la inversa, puesto que son los intereses nacionales los que priban sobre los otros. Así lo define la Constitución.
Los insumos socioeconómicos que se invierten en aquellos repartos son comprendidos y manejados mejor que los habitantes locales, que sufren los rigores de las privaciones y las ineficiencias, porque inciden sobre su calidad de vida. Su participación es esencial en una democracia, pero el traslado de los instrumentos administrativos, legales, fiscales y financieros, tiene que producirse mediante una descentralización cuidadosa, selectiva y por etapas prioritarias, conforme a las estrategias nacionales, para evitar las ineficencias y los vicios de despilfarro y corrupción. Así lo define la Constitución. Este proceso será encaminado, también, a captar el interés del sector privado y el de otras fuentes de financiamiento deseosos de canalizar sus inversiones a través de procesos transparentes y asegurar los mejores resultados posibles en términos de generación de empleos y de productividad. Así lo requiere la Constitución.
La población presente y la proyectada son factores centrales del proceso, puesto que los insumos socioeconómicos se programan para satisfacer sus necesidades, según su estructura. El rápido crecimiento de algunos asentamientos, debido principalmente a los efectos migratorios y el estancamiento o disminución de la población de otros, constituyen fenómenos importantes en la formulación de planes espaciales estratégicos racionales, para evitar que las propuestas caigan rápidamente en lo obsoleto. Los planes detallados se limitan a las áreas prioritarias menores que demandan urgentes mejoras, dentro del concepto de unidades contenidas - vivienda y los servicios sociales (de utilidad pública y asistenciales).
Asuntos serios son los conocimientos que obligatoriamente tiene que intervenir en el proceso para marginar las improvisaciones. A diferencia del pasado en que los arreglos espaciales, urbanos y metropolitano, eran efectuados exclusivamente por arquitectos o ingenieros, las respuestas no muy positivas aconsejan distintos desde hace mucho tiempo. Economía, administración, sociología, geogragía, biología y ecología, tecnología, derecho, así como las instituciones de base cultural, en adición a los primeros, a lo largo del proceso, son indispensables en la gestión para promover el cambio.
Sin duda, aquel es el enfoque contemporáneo que debe servir de marco a la modernización de la adminitración pública de Panamá. En una forma organizada de alcanzar los objetivos de desarrollo integral sostenido - que demandan los distintos sectores del país, y para cumplir los compromisos suscritos en diversos foros internacionales.
Lamentablemente, se han tomado algunas decisiones recientes y obviado otras, que de mantenerse, contribuirán poco a lograr aquellos objetivos.
La función regional instrumento de definición geográfica de las estrategias nacionales - que conformaban responsabilidades del feneficio Ministerio de Planificación y Política Económica (MIPPE), fueron eliminadas de la Ley No. 97 de 21 de diciembre de 1998 que creó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
El Decreto No. 54 de 25 de junio de 1999, que crea el Consejo Nacional de Urbanismo (CONAUR), adscrito al Ministerio de Vivienda (MIVI), reitera responsabilidades de la planificación urbana - de escasos cumplimiento en el pasado- con independencia de las áreas rurales. Los centros urbanos, que son áreas de consumo y las rurales de producción, tienen que conformar un sólo plan, orientado por la estrategia nacional y diseñada por conocimientos interdisciplinados. El mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural, la vivienda rural, la producción y comercialización de productos agropecuarios, el catastro general de tierras y aguas, los recursos naturales, el régimen de aguas, los recursos forestales, la protección ecológica y de las áreas escénicas, sobresalientes de interés turístico, son responsabilidades del Código Agrario. Son factores que inciden sobre la vida de los centros urbanos adyacentes, de áreas pequeñas, cuyos progresos descansan grandemente en la coherencia de esa relación.
La planificación municipal - urbana y rural - por disposición constitucional, es asunto de los gobierno locales, independientemente del asesoramiento técnico previsto por el MIVI, el MEF, el MIDA u otras entidades centrales. La derogación en 1994 de la Resolución No. 21393 del 29 de octubre de 1993, por un jefe político transitorio del MIVI, ha dado paso a los fecuentes cambios en los usos del suelo urbano. Contaria a la recomendación técnicas, se han invalidado arbitrariamente propuestas de costoso Plan Metropolitano de Panamá. Estos cambios están promoviendo protestas de residentes de distintos sectores de la ciudad al afectar su privacidad, tranquilidad y seguridad, y perjudicado el carácter de esos sectores. El aumento exagerado de la densidad de población - por intereses mercantilistas - intensificará el uso de los servicios públicos, ya deficientes, para beneficiar a unos pocos, pero en perjuicio de los entornos ecológicos y de la comunidad en general. Son éstos excesos los que justificar la institucionalización de los procesos y la devolución a los gobiernos locales, la administración de sus propios destinos para promover el verdadero cambio.
Los insumos socioeconómicos que se invierten en aquellos repartos son comprendidos y manejados mejor que los habitantes locales, que sufren los rigores de las privaciones y las ineficiencias, porque inciden sobre su calidad de vida. Su participación es esencial en una democracia, pero el traslado de los instrumentos administrativos, legales, fiscales y financieros, tiene que producirse mediante una descentralización cuidadosa, selectiva y por etapas prioritarias, conforme a las estrategias nacionales, para evitar las ineficencias y los vicios de despilfarro y corrupción. Así lo define la Constitución. Este proceso será encaminado, también, a captar el interés del sector privado y el de otras fuentes de financiamiento deseosos de canalizar sus inversiones a través de procesos transparentes y asegurar los mejores resultados posibles en términos de generación de empleos y de productividad. Así lo requiere la Constitución.
La población presente y la proyectada son factores centrales del proceso, puesto que los insumos socioeconómicos se programan para satisfacer sus necesidades, según su estructura. El rápido crecimiento de algunos asentamientos, debido principalmente a los efectos migratorios y el estancamiento o disminución de la población de otros, constituyen fenómenos importantes en la formulación de planes espaciales estratégicos racionales, para evitar que las propuestas caigan rápidamente en lo obsoleto. Los planes detallados se limitan a las áreas prioritarias menores que demandan urgentes mejoras, dentro del concepto de unidades contenidas - vivienda y los servicios sociales (de utilidad pública y asistenciales).
Asuntos serios son los conocimientos que obligatoriamente tiene que intervenir en el proceso para marginar las improvisaciones. A diferencia del pasado en que los arreglos espaciales, urbanos y metropolitano, eran efectuados exclusivamente por arquitectos o ingenieros, las respuestas no muy positivas aconsejan distintos desde hace mucho tiempo. Economía, administración, sociología, geogragía, biología y ecología, tecnología, derecho, así como las instituciones de base cultural, en adición a los primeros, a lo largo del proceso, son indispensables en la gestión para promover el cambio.
Sin duda, aquel es el enfoque contemporáneo que debe servir de marco a la modernización de la adminitración pública de Panamá. En una forma organizada de alcanzar los objetivos de desarrollo integral sostenido - que demandan los distintos sectores del país, y para cumplir los compromisos suscritos en diversos foros internacionales.
Lamentablemente, se han tomado algunas decisiones recientes y obviado otras, que de mantenerse, contribuirán poco a lograr aquellos objetivos.
La función regional instrumento de definición geográfica de las estrategias nacionales - que conformaban responsabilidades del feneficio Ministerio de Planificación y Política Económica (MIPPE), fueron eliminadas de la Ley No. 97 de 21 de diciembre de 1998 que creó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
El Decreto No. 54 de 25 de junio de 1999, que crea el Consejo Nacional de Urbanismo (CONAUR), adscrito al Ministerio de Vivienda (MIVI), reitera responsabilidades de la planificación urbana - de escasos cumplimiento en el pasado- con independencia de las áreas rurales. Los centros urbanos, que son áreas de consumo y las rurales de producción, tienen que conformar un sólo plan, orientado por la estrategia nacional y diseñada por conocimientos interdisciplinados. El mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural, la vivienda rural, la producción y comercialización de productos agropecuarios, el catastro general de tierras y aguas, los recursos naturales, el régimen de aguas, los recursos forestales, la protección ecológica y de las áreas escénicas, sobresalientes de interés turístico, son responsabilidades del Código Agrario. Son factores que inciden sobre la vida de los centros urbanos adyacentes, de áreas pequeñas, cuyos progresos descansan grandemente en la coherencia de esa relación.
La planificación municipal - urbana y rural - por disposición constitucional, es asunto de los gobierno locales, independientemente del asesoramiento técnico previsto por el MIVI, el MEF, el MIDA u otras entidades centrales. La derogación en 1994 de la Resolución No. 21393 del 29 de octubre de 1993, por un jefe político transitorio del MIVI, ha dado paso a los fecuentes cambios en los usos del suelo urbano. Contaria a la recomendación técnicas, se han invalidado arbitrariamente propuestas de costoso Plan Metropolitano de Panamá. Estos cambios están promoviendo protestas de residentes de distintos sectores de la ciudad al afectar su privacidad, tranquilidad y seguridad, y perjudicado el carácter de esos sectores. El aumento exagerado de la densidad de población - por intereses mercantilistas - intensificará el uso de los servicios públicos, ya deficientes, para beneficiar a unos pocos, pero en perjuicio de los entornos ecológicos y de la comunidad en general. Son éstos excesos los que justificar la institucionalización de los procesos y la devolución a los gobiernos locales, la administración de sus propios destinos para promover el verdadero cambio.
