Un sistema nacional de salud
A pesar que en términos generales hemos alcanzado altos niveles de salud, si estos niveles son comparados con los de otras naciones latinoamericanas, las diferencias aún fueran más notorias. Pero sufrimos de deficiencias estructurales, que son barreras que no nos permiten tener mejores resultados con respecto a los millones de dólares que se destinan a este sector.
Panamá gasta e invierte un porcentaje significativo de su presupuesto, siendo uno de los países del área de mayor gasto en salud. Tenemos dos instituciones encargadas para prestar servicios de salud, y por no existir una única política en la materia y la mínima coordinación entre ambas entidades, estamos promoviendo la duplicidad en dichos servicios.
A mediados de los años de 1970 se intentó aplicar un sistema único de salud, llamado Sistema Integrado de Salud (SIS), que se elevó a nivel constitucional. A nuestro juicio, fracasó. Primero, porque hubo una total improvisación; segundo, no existió un mecanismo evaluador para corregir las fallas que se dan en la práctica en estos casos y haber tenido después de estas evaluaciones la implementación gradual que estos sistemas necesitan para que en un tiempo de cinco a siete años se ejecutara en todo el país. Además, desde su inicio y hasta la última administración que lo trató de poner en práctica, nunca hubo acuerdo de los dos principales jerarcas de la salud: el Ministro de Salud y el Director de la Caja de Seguro Social (CSS).
Por otra parte, el SIS sufrió un rechazo de la población; en parte, porque nunca se explicó en qué consistía y, por otro lado, por situaciones políticas.
La verdad es que es necesario que en nuestros países tengamos una sola política de salud nacional. Esta fue una recomendación hecha en los años de 1960 por la Organización Panamericana de la Salud, y que muchas naciones han adoptado. Costa Rica, igual que Panamá, fracasó en el primer intento; pero luego, corrigiendo los errores del pasado, la implementaron nuevamente y hoy, y desde hace más de 10 años, está funcionando en beneficio de la salud. En el Brasil se ejecutó igual hace algunos años.
Para que lo que invirtamos en salud en Panamá obtenga los resultados proporcionales, y de esta manera elevemos aún más nuestros niveles en el sector, principalmente en las áreas indígenas, rurales y marginales urbanas, tenemos que crear un sistema nacional de salud, donde exista una coordinación real y profunda entre ambas instituciones, respetando sus integridades; pero los responsables directivos deben tener capacidad, inteligencia y tolerancia necesarias para no quererse imponer; de lo contrario, seguiremos con los errores de construir hospitales de ambas instituciones uno a lado del otro. El Seguro Social construyendo unidades de atención primaria, cerca donde ya existe un centro de salud que presta similar servicio. Y así duplicando servicios sin que con esto se dé mejor atención. Mientras esta barrera no la superemos, estaremos condenados a la ineficiencia y al fracaso. Este es un proceso que lleva de unos cinco a siete años implementarlo nacionalmente, con evaluaciones semestrales en el área donde se va aplicando, y haciendo los correctivos antes de seguir adelante.
Esta política nacional de salud fue consensuada en el Diálogo de la CSS desde el pasado noviembre, y las autoridades no han querido iniciar su implementación, afectando a la salud de los panameños.
“Cuando los hombres decentes no participan en política, los indecentes se aprovechan de ella y entonces los decentes tendrán que callar”. Gandhi.
Adicionalmente el contrato no se celebra con la Asamblea Legislativa sino con la institución o ministerio regente del tema en cuestión.
En tanto, Javier Marrero, director administrativo, financiero y comercial de la empresa de generación eléctrica Bahía Las Minas, sostuvo que desde que se creó la Ley 6 que rige al sector eléctrico se establecieron las reglas y el inversionista, en base a esas reglas del juego, la empresa tomó la decisión de invertir en el país.
Marrero manifestó que uno de los dilemas que produce cierta inseguridad jurídica en las empresas es que el ERSP emite resoluciones a un ritmo promedio de 3 por día y ya suman miles. "Estas resoluciones hablan de absolutamente todo y en muchas ocasiones se contradicen unas a otras, creando fluctuaciones en el marco regulatorio", advirtió el director.
Las inversiones en el sector eléctrico al concretarse las privatizaciones sumaron los 600 millones de dólares.
Marrero aseguró que éstas se hicieron en base a un marco que está en permanente fluctuación.
El director administrativo de Bahía Las Minas subrayó que ellos son los primeros en exigir que las normas que se establecieron se cumplan, pero no que se cambien.
También participaron en el foro los abogados Juan Ramón Vallarino padre y Juan Ramón Vallarino Jr. que subrayaron que los contratos leyes empezaron en 1916 y se han presentado a lo largo de la república.
El Foro fue presidido por el licenciado Carlos A. Vásquez, presidente del Colegio Nacional de Abogados, y en la mesa de honor estuvieron presentes el director y subdirector del diario El Panamá América, Octavio Amat y Mario Castro Arenas, respectivamente.
Panamá gasta e invierte un porcentaje significativo de su presupuesto, siendo uno de los países del área de mayor gasto en salud. Tenemos dos instituciones encargadas para prestar servicios de salud, y por no existir una única política en la materia y la mínima coordinación entre ambas entidades, estamos promoviendo la duplicidad en dichos servicios.
A mediados de los años de 1970 se intentó aplicar un sistema único de salud, llamado Sistema Integrado de Salud (SIS), que se elevó a nivel constitucional. A nuestro juicio, fracasó. Primero, porque hubo una total improvisación; segundo, no existió un mecanismo evaluador para corregir las fallas que se dan en la práctica en estos casos y haber tenido después de estas evaluaciones la implementación gradual que estos sistemas necesitan para que en un tiempo de cinco a siete años se ejecutara en todo el país. Además, desde su inicio y hasta la última administración que lo trató de poner en práctica, nunca hubo acuerdo de los dos principales jerarcas de la salud: el Ministro de Salud y el Director de la Caja de Seguro Social (CSS).
Por otra parte, el SIS sufrió un rechazo de la población; en parte, porque nunca se explicó en qué consistía y, por otro lado, por situaciones políticas.
La verdad es que es necesario que en nuestros países tengamos una sola política de salud nacional. Esta fue una recomendación hecha en los años de 1960 por la Organización Panamericana de la Salud, y que muchas naciones han adoptado. Costa Rica, igual que Panamá, fracasó en el primer intento; pero luego, corrigiendo los errores del pasado, la implementaron nuevamente y hoy, y desde hace más de 10 años, está funcionando en beneficio de la salud. En el Brasil se ejecutó igual hace algunos años.
Para que lo que invirtamos en salud en Panamá obtenga los resultados proporcionales, y de esta manera elevemos aún más nuestros niveles en el sector, principalmente en las áreas indígenas, rurales y marginales urbanas, tenemos que crear un sistema nacional de salud, donde exista una coordinación real y profunda entre ambas instituciones, respetando sus integridades; pero los responsables directivos deben tener capacidad, inteligencia y tolerancia necesarias para no quererse imponer; de lo contrario, seguiremos con los errores de construir hospitales de ambas instituciones uno a lado del otro. El Seguro Social construyendo unidades de atención primaria, cerca donde ya existe un centro de salud que presta similar servicio. Y así duplicando servicios sin que con esto se dé mejor atención. Mientras esta barrera no la superemos, estaremos condenados a la ineficiencia y al fracaso. Este es un proceso que lleva de unos cinco a siete años implementarlo nacionalmente, con evaluaciones semestrales en el área donde se va aplicando, y haciendo los correctivos antes de seguir adelante.
Esta política nacional de salud fue consensuada en el Diálogo de la CSS desde el pasado noviembre, y las autoridades no han querido iniciar su implementación, afectando a la salud de los panameños.
“Cuando los hombres decentes no participan en política, los indecentes se aprovechan de ella y entonces los decentes tendrán que callar”. Gandhi.
Adicionalmente el contrato no se celebra con la Asamblea Legislativa sino con la institución o ministerio regente del tema en cuestión.
En tanto, Javier Marrero, director administrativo, financiero y comercial de la empresa de generación eléctrica Bahía Las Minas, sostuvo que desde que se creó la Ley 6 que rige al sector eléctrico se establecieron las reglas y el inversionista, en base a esas reglas del juego, la empresa tomó la decisión de invertir en el país.
Marrero manifestó que uno de los dilemas que produce cierta inseguridad jurídica en las empresas es que el ERSP emite resoluciones a un ritmo promedio de 3 por día y ya suman miles. "Estas resoluciones hablan de absolutamente todo y en muchas ocasiones se contradicen unas a otras, creando fluctuaciones en el marco regulatorio", advirtió el director.
Las inversiones en el sector eléctrico al concretarse las privatizaciones sumaron los 600 millones de dólares.
Marrero aseguró que éstas se hicieron en base a un marco que está en permanente fluctuación.
El director administrativo de Bahía Las Minas subrayó que ellos son los primeros en exigir que las normas que se establecieron se cumplan, pero no que se cambien.
También participaron en el foro los abogados Juan Ramón Vallarino padre y Juan Ramón Vallarino Jr. que subrayaron que los contratos leyes empezaron en 1916 y se han presentado a lo largo de la república.
El Foro fue presidido por el licenciado Carlos A. Vásquez, presidente del Colegio Nacional de Abogados, y en la mesa de honor estuvieron presentes el director y subdirector del diario El Panamá América, Octavio Amat y Mario Castro Arenas, respectivamente.
