Un Spadafora
Soy amigo de Winnie Spadafora y soy chitreano, pero no soy del clan. Le conozco, a él y su familia, desde hace muchos años. Ambos estudiamos en Italia, lo que adicionó a la relación de amigos y de familias, una visión del mundo que compartimos y cuyas exquisiteces, en la mesa y en la tertulia, disfrutamos con satisfacción, ya sea para comer bollo chango y paladear el gusto de un vino Montalcino, que para conversar de los retos que el país tiene en un ambiente de plena tolerancia y respeto.
Es un hombre de profundas convicciones democráticas y de gran sensibilidad social. Se graduó, muy bien por cierto, en una de las universidades más antigua del mundo, cuyos estudios exigían cualidades intelectuales que muchos de los que cuestionan su competencia profesional no pasarían. Ciertamente es un hombre de carácter y orgulloso, duro en el hablar y franco hasta la muerte, pero con el corazón de merengue y con capacidad para que se le agüen los ojos ante las injusticias y para no negar a sus amigos. Su padre era así, italiano al fin, que alzaba la voz, se ponía rojo y gesticulaba, pero tendía la mano con tanta generosidad y compromiso con la gente humilde, que muchos chitreanos le recordamos con verdadero afecto y le consideramos un ciudadano ejemplar y un pionero de la industria, en medio de tantas sandías, tomates y campesinos.
También Hugo era así. Iconoclasta y rebelde, pero de una generosidad que le costó la vida. Ambos, Hugo y Melo, más que mártires de la democracia oligárquica y civilista, fueron y serán mártires de la democracia amplia y generosa de nuestro pueblo, la misma por la que luchó y entregó su vida Omar Torrijos. Melo, por sus convicciones de liberal renovador, panchista convencido; Hugo, por su compromiso socialdemócrata y revolucionario; y Omar Torrijos porque quería y admiraba a gente como los Spadafora.
Para juzgar a Winston Spadafora, para decidir si merece ocupar un sillón en la Corte, hay que hacerlo, pues, de manera integral, evaluando sus atributos individuales, así como ponderando, sin mezquindades, el patrimonio de valores que representan los Spadafora.
Los que alegan que su carrera de abogado no tuvo el fausto de los grandes bufetes de la capital, pierden de vista varias cosas. Quedarse en Chitré, donde las oportunidades para profesionales como nosotros eran tan reducidas en esos años, no fue el resultado de un cálculo electorero, como muchos otros profesionales todavía hacen, sino una elección personal, que no oculta valentía y desprendimiento o amor por su terruño y por su vida transparente y sencilla. Siempre he pensado que Winnie, lo que auténticamente ha querido es ser sólo y simplemente abogado. Idéntico a Hugo, que quería sólo ser médico de pobres.
Ambos han sido políticos por obligación. Uno, porque decidió curar la enfermedad verdadera ante la cual finalmente sucumbió: la injusticia. El otro, porque decidió rescatar esa justicia y con ella una democracia nueva, no tutelada por los cuarteles, ni hipotecada a los poderosos. Ninguno de los dos ha usado su profesión para hacerse rico.
Ser abogado de pueblo no desmerece la condición profesional de Winston Spadafora ni su elección opaca la majestad de la Corte, empañada por bien otras razones y pelafustanes. No perdió brillo la Corte con la llegada de ese gran y querido abogado de pueblo que fue Tito Collado, sustituto de un titular que la Asamblea desbancó y volvió a colocar en su lugar, en medio de un silencio de colegas, que optaron por inhibirse.
Lo más preciado de un juez es el conjunto de sus cualidades para decidir con justicia. Lo importante es que el balance sea positivo. La justicia, antes que en los códigos, está en la conciencia y en el corazón de los jueces y de ambos es rico Winston Spadafora.
Pero hay otro asunto. Las constituciones no son neutrales. Ellas expresan compromisos entre las diferentes fuerzas políticas que participan en su redacción. De allí que, a veces tengan ambigüedades, lagunas o significados que sólo pueden resolverse mediante la interpretación del espíritu y la intención que animó a los constituyentes.
Siempre decimos que tenemos un régimen presidencialista. Esto es cierto en particular en la administración de la cosa pública. Es menos cierto en relación con la independencia de los tres poderes del Estado. Obsérvese que sólo el Legislativo puede constitucionalmente poner fin al mandato de un presidente y sólo la Corte tendrá la última palabra.
A la inversa, cualquier intento, de parte del Ejecutivo, de disolver el Legislativo o clausurar la Corte, implicaría una ruptura del orden constitucional. Es innegable que esta situación coloca al presidente en desventaja en momentos de crisis y enfrentamientos entre los dos órganos políticos del Estado.
Ahora bien, esta inconsistencia jurídica ha sido justificación para una larga y desafortunada práctica en nuestro país, que más que en esa inconsistencia, tiene sus raíces en nuestra débil cultura democrática. Por un lado, la práctica del golpismo parlamentario y de la persecución posterior de los Presidentes. Prácticamente no ha habido un presidente panameño que no haya tenido que enfrentar un juicio en la Asamblea. Por el otro lado, para poder prevenir el peligro de golpe que ofrece esa inconsistencia jurídica, los presidentes panameños han hecho cuanto ha estado a su alcance para "controlar" la Corte y la fuerza pública. ¿No era esa la preocupación que llevó el anterior presidente a crear, con su propia mayoría parlamentaria, una nueva sala con tres magistrados que le protegieran en los sinsabores del fin del mandato?
Nuestra Constitución, mientras no se modifique, no tiene solución jurídica para ponerle fin a estos abusos y desconfianzas institucionales. La única solución es política: que los partidos dejen en libertad a sus legisladores para que aprueben las designaciones de la Presidenta y que la Presidenta, además de designar a un candidato de su confianza -que al final sólo uno necesita- acepte la postulación de otro por la oposición.
Una decisión de la oposición en este sentido, le ofrecería a la Presidenta la garantía de que no se hará uso de esa inconsistencia jurídica para enjuiciarla, que es lo que ya está en el ambiente y le restituiría al sistema democrático, el equilibrio y la estabilidad que sus inconsistencias jurídicas e inmadurez democrática le quitan.
Por último, algo delicado. Si la preocupación, de algunos dirigentes de la oposición, es la relación matrimonial que pueda vincular a Winston Spadafora con la Presidenta y la contemporaneidad por tres años de ambos mandatos, pues hay maneras más civilizadas de tratar este asunto que el de denigrar en términos personales a ambos.
Primero, en el corazón no manda nadie. Se trata de un evento futuro e incierto, que no ha ocurrido todavía. Segundo, en caso de que ocurriese, nada en la Constitución lo prohíbe. Esa es una imprevisión que sólo puede resolverse modificando la Constitución.
Y aquí me dirijo a dos amigos. Confiemos todos --también tu Martín, que tienes muchas razones para hacerlo-- que un Spadafora sabrá cumplir su deber en la Corte, como otro te protegió en la guerra de Nicaragua. Y créame Don Ricardo: ese espíritu de consenso que usted tanto reconoció, no era mío, porque yo sólo era un mediador. En realidad, de lo que se trata también es de no perder la dimensión humana de la política.
Es un hombre de profundas convicciones democráticas y de gran sensibilidad social. Se graduó, muy bien por cierto, en una de las universidades más antigua del mundo, cuyos estudios exigían cualidades intelectuales que muchos de los que cuestionan su competencia profesional no pasarían. Ciertamente es un hombre de carácter y orgulloso, duro en el hablar y franco hasta la muerte, pero con el corazón de merengue y con capacidad para que se le agüen los ojos ante las injusticias y para no negar a sus amigos. Su padre era así, italiano al fin, que alzaba la voz, se ponía rojo y gesticulaba, pero tendía la mano con tanta generosidad y compromiso con la gente humilde, que muchos chitreanos le recordamos con verdadero afecto y le consideramos un ciudadano ejemplar y un pionero de la industria, en medio de tantas sandías, tomates y campesinos.
También Hugo era así. Iconoclasta y rebelde, pero de una generosidad que le costó la vida. Ambos, Hugo y Melo, más que mártires de la democracia oligárquica y civilista, fueron y serán mártires de la democracia amplia y generosa de nuestro pueblo, la misma por la que luchó y entregó su vida Omar Torrijos. Melo, por sus convicciones de liberal renovador, panchista convencido; Hugo, por su compromiso socialdemócrata y revolucionario; y Omar Torrijos porque quería y admiraba a gente como los Spadafora.
Para juzgar a Winston Spadafora, para decidir si merece ocupar un sillón en la Corte, hay que hacerlo, pues, de manera integral, evaluando sus atributos individuales, así como ponderando, sin mezquindades, el patrimonio de valores que representan los Spadafora.
Los que alegan que su carrera de abogado no tuvo el fausto de los grandes bufetes de la capital, pierden de vista varias cosas. Quedarse en Chitré, donde las oportunidades para profesionales como nosotros eran tan reducidas en esos años, no fue el resultado de un cálculo electorero, como muchos otros profesionales todavía hacen, sino una elección personal, que no oculta valentía y desprendimiento o amor por su terruño y por su vida transparente y sencilla. Siempre he pensado que Winnie, lo que auténticamente ha querido es ser sólo y simplemente abogado. Idéntico a Hugo, que quería sólo ser médico de pobres.
Ambos han sido políticos por obligación. Uno, porque decidió curar la enfermedad verdadera ante la cual finalmente sucumbió: la injusticia. El otro, porque decidió rescatar esa justicia y con ella una democracia nueva, no tutelada por los cuarteles, ni hipotecada a los poderosos. Ninguno de los dos ha usado su profesión para hacerse rico.
Ser abogado de pueblo no desmerece la condición profesional de Winston Spadafora ni su elección opaca la majestad de la Corte, empañada por bien otras razones y pelafustanes. No perdió brillo la Corte con la llegada de ese gran y querido abogado de pueblo que fue Tito Collado, sustituto de un titular que la Asamblea desbancó y volvió a colocar en su lugar, en medio de un silencio de colegas, que optaron por inhibirse.
Lo más preciado de un juez es el conjunto de sus cualidades para decidir con justicia. Lo importante es que el balance sea positivo. La justicia, antes que en los códigos, está en la conciencia y en el corazón de los jueces y de ambos es rico Winston Spadafora.
Pero hay otro asunto. Las constituciones no son neutrales. Ellas expresan compromisos entre las diferentes fuerzas políticas que participan en su redacción. De allí que, a veces tengan ambigüedades, lagunas o significados que sólo pueden resolverse mediante la interpretación del espíritu y la intención que animó a los constituyentes.
Siempre decimos que tenemos un régimen presidencialista. Esto es cierto en particular en la administración de la cosa pública. Es menos cierto en relación con la independencia de los tres poderes del Estado. Obsérvese que sólo el Legislativo puede constitucionalmente poner fin al mandato de un presidente y sólo la Corte tendrá la última palabra.
A la inversa, cualquier intento, de parte del Ejecutivo, de disolver el Legislativo o clausurar la Corte, implicaría una ruptura del orden constitucional. Es innegable que esta situación coloca al presidente en desventaja en momentos de crisis y enfrentamientos entre los dos órganos políticos del Estado.
Ahora bien, esta inconsistencia jurídica ha sido justificación para una larga y desafortunada práctica en nuestro país, que más que en esa inconsistencia, tiene sus raíces en nuestra débil cultura democrática. Por un lado, la práctica del golpismo parlamentario y de la persecución posterior de los Presidentes. Prácticamente no ha habido un presidente panameño que no haya tenido que enfrentar un juicio en la Asamblea. Por el otro lado, para poder prevenir el peligro de golpe que ofrece esa inconsistencia jurídica, los presidentes panameños han hecho cuanto ha estado a su alcance para "controlar" la Corte y la fuerza pública. ¿No era esa la preocupación que llevó el anterior presidente a crear, con su propia mayoría parlamentaria, una nueva sala con tres magistrados que le protegieran en los sinsabores del fin del mandato?
Nuestra Constitución, mientras no se modifique, no tiene solución jurídica para ponerle fin a estos abusos y desconfianzas institucionales. La única solución es política: que los partidos dejen en libertad a sus legisladores para que aprueben las designaciones de la Presidenta y que la Presidenta, además de designar a un candidato de su confianza -que al final sólo uno necesita- acepte la postulación de otro por la oposición.
Una decisión de la oposición en este sentido, le ofrecería a la Presidenta la garantía de que no se hará uso de esa inconsistencia jurídica para enjuiciarla, que es lo que ya está en el ambiente y le restituiría al sistema democrático, el equilibrio y la estabilidad que sus inconsistencias jurídicas e inmadurez democrática le quitan.
Por último, algo delicado. Si la preocupación, de algunos dirigentes de la oposición, es la relación matrimonial que pueda vincular a Winston Spadafora con la Presidenta y la contemporaneidad por tres años de ambos mandatos, pues hay maneras más civilizadas de tratar este asunto que el de denigrar en términos personales a ambos.
Primero, en el corazón no manda nadie. Se trata de un evento futuro e incierto, que no ha ocurrido todavía. Segundo, en caso de que ocurriese, nada en la Constitución lo prohíbe. Esa es una imprevisión que sólo puede resolverse modificando la Constitución.
Y aquí me dirijo a dos amigos. Confiemos todos --también tu Martín, que tienes muchas razones para hacerlo-- que un Spadafora sabrá cumplir su deber en la Corte, como otro te protegió en la guerra de Nicaragua. Y créame Don Ricardo: ese espíritu de consenso que usted tanto reconoció, no era mío, porque yo sólo era un mediador. En realidad, de lo que se trata también es de no perder la dimensión humana de la política.
