Un voto por la justicia
CUANDO LOS panameños, los que nos preocupamos por las cuestiones propias de la nacionalidad, pensamos en función de la "Patria Nueva", consideramos una serie de hechos y circunstancias que nos permiten proyectar la positiva pretensión de querer construir o edificar un nuevo modelo de Estado.
Dentro de esas consideraciones, los verdaderos visionarios, comprendemos la importancia de toda labor o tarea de revisión. Y es que, precisa aclarar que, nada en esta vida puede ser objeto de transformaciones si, primero, no somos capaces de advertir la importancia que radica en la labor de fijar cuáles son los tópicos que merecen ser analizados, revisados, reflexionados, puntualizados, etc.
Toda labor filosófica respecto a las cuestiones del Estado, de la política, de la sociología política, del hombre como premisa fundamental para un estudio completo del Estado panameño, pasa, primeramente, revista a los principios inspiradores de la legislación, del ordenamiento jurídico del respectivo Estado. Es así como podemos comprender a un Napoleón para quien su célebre Código Civil influyó en todas las dimensiones de vida de su anhelada Francia y de gran parte del resto de los países del mundo occidental. En dicho código quedaron definidas las concepciones jurídicas del ser persona natural, persona jurídica, los atributos de la persona humana; en fin, de un sinnúmero de instituciones jurídicas que, hasta hoy siguen siendo objeto de ponderación jurídico política. El Dr. Belisario Porras, en nuestro medio, pudo comprender a inicios de la República, la necesidad de dotar al naciente Estado de códigos en materia penal, civil, judicial, de minas, etc.
Siempre, el perseguir un nuevo paradigma entraña que se revolucionen ideas, métodos, metas o fines. Todo cambio debe considerar un conjunto de factores que transitan por los de naturaleza social, cultural, jurídica, política, educacional, económica, etc. Si prescindimos de esos factores, de su correcta valoración axiológica, epistemológica y sociológica, no cabe duda, que estamos destinados al fracaso de nuestros proyectos y metas.
Un nuevo modelo de nación, luego, demanda el replanteamiento de nuestros principios jurídicos, entre otras cosas, y que al decir de Hans Kelsen, el teórico del iusposistivismo puro, cada día nacen nuevas instituciones jurídicas y que, agregamos por nuestra parte, son el producto de los cambios sociales que se producen, hoy más que nunca, de modo vertiginoso.
El nuevo modelo de Patria que queremos y que ha sido prometido a toda una nación, a su población, transita por un necesario o indispensable revisionismo crítico científico de toda nuestra juridicidad. A mí no me importa tanto el mecanismo de introducir los cambios en los paradigmas constitucionales, sino el contenido de esos cambios y cómo éstos se insertan en el carácter unitario del ordenamiento jurídico que, según Bobbio, debe estar connotado o caracterizado por notas de coherencia, logicidad y unicidad.
En ese sentido, no niego el carácter progresista de las recientes reformas constitucionales y de las cuales la nación entera empieza a advertir su importancia tras la puesta en vigencia inmediata con efectos positivos para nuestra institucionalidad político jurídica. La historia dará fe de nuestras defensas públicas, verbales y escritas, de dichas reformas y de las cuales me honra recordar que el presidente Torrijos nos solicitó, junto a nuestro hermano Ramiro, su ponderación pública a lo largo y ancho de toda nuestra geografía.
Creemos haber abonado el terreno en nuestra conciencia ciudadana para que fructifiquen los nuevos paradigmas constitucionales. Pero, precisa aclarar que no todo está dicho ni todo se ha dado en torno a los nuevos modelos jurídicos que demanda el país. En otras palabras, se requiere que pensemos en la renovación de los actuales modelos penales, procesales, civiles, laborales, agrarios, administrativos, etc. Es hora ya que la tarea de renovar la Patria empiece por un exhaustivo revisionismo de nuestra juridicidad.
La sociedad agradecerá al gobierno y al Presidente que se le dote de nuevos modelos jurídicos que recojan y proyecten los fines y metas que permitan sustentar una sociedad solidaria, democrática, pluralista y participativa, igualitaria, convergente en las ideas y no divergente. Una sociedad que se enorgullezca de sus instituciones judiciales, de su Ministerio Público, de sus fiscales y jueces. La lectura de la verticalidad de un Estado o nación empieza por la verticalidad, firmeza y justeza de sus instituciones jurídicas; del respeto y plena vigencia de sus postulados normativos. Hemos venido insistiendo, "Sin justicia la Patria se vicia".
Ya el pueblo panameño, en alguna encuesta de un medio de comunicación social, vertió su criterio respecto a la preferencia entre empleo o justicia y la respuesta fue sentenciadora: ¡Justicia! Parece paradójico que entre nuestros hombres y mujeres, marginados de todo progreso y desarrollo social, hostigados por la pobreza y la miseria, en cuyos hogares pernocta el hambre y la enfermedad, antes que tener derecho a un empleo, primero expresara que prefiere justicia. Se cumple el vaticinio pronunciado por quienes creemos, firmemente, que de dignidad se puede vivir. "Es mejor morir con dignidad que vivir sin ella". Toda América Latina viene dando fe de ello: ¡Queremos justicia! La primera lectura que la sociedad hace de esa tan anhelada justicia es: Rendición de cuentas; luego, la justicia social.
(stekrakri@hotmail.com)
Dentro de esas consideraciones, los verdaderos visionarios, comprendemos la importancia de toda labor o tarea de revisión. Y es que, precisa aclarar que, nada en esta vida puede ser objeto de transformaciones si, primero, no somos capaces de advertir la importancia que radica en la labor de fijar cuáles son los tópicos que merecen ser analizados, revisados, reflexionados, puntualizados, etc.
Toda labor filosófica respecto a las cuestiones del Estado, de la política, de la sociología política, del hombre como premisa fundamental para un estudio completo del Estado panameño, pasa, primeramente, revista a los principios inspiradores de la legislación, del ordenamiento jurídico del respectivo Estado. Es así como podemos comprender a un Napoleón para quien su célebre Código Civil influyó en todas las dimensiones de vida de su anhelada Francia y de gran parte del resto de los países del mundo occidental. En dicho código quedaron definidas las concepciones jurídicas del ser persona natural, persona jurídica, los atributos de la persona humana; en fin, de un sinnúmero de instituciones jurídicas que, hasta hoy siguen siendo objeto de ponderación jurídico política. El Dr. Belisario Porras, en nuestro medio, pudo comprender a inicios de la República, la necesidad de dotar al naciente Estado de códigos en materia penal, civil, judicial, de minas, etc.
Siempre, el perseguir un nuevo paradigma entraña que se revolucionen ideas, métodos, metas o fines. Todo cambio debe considerar un conjunto de factores que transitan por los de naturaleza social, cultural, jurídica, política, educacional, económica, etc. Si prescindimos de esos factores, de su correcta valoración axiológica, epistemológica y sociológica, no cabe duda, que estamos destinados al fracaso de nuestros proyectos y metas.
Un nuevo modelo de nación, luego, demanda el replanteamiento de nuestros principios jurídicos, entre otras cosas, y que al decir de Hans Kelsen, el teórico del iusposistivismo puro, cada día nacen nuevas instituciones jurídicas y que, agregamos por nuestra parte, son el producto de los cambios sociales que se producen, hoy más que nunca, de modo vertiginoso.
El nuevo modelo de Patria que queremos y que ha sido prometido a toda una nación, a su población, transita por un necesario o indispensable revisionismo crítico científico de toda nuestra juridicidad. A mí no me importa tanto el mecanismo de introducir los cambios en los paradigmas constitucionales, sino el contenido de esos cambios y cómo éstos se insertan en el carácter unitario del ordenamiento jurídico que, según Bobbio, debe estar connotado o caracterizado por notas de coherencia, logicidad y unicidad.
En ese sentido, no niego el carácter progresista de las recientes reformas constitucionales y de las cuales la nación entera empieza a advertir su importancia tras la puesta en vigencia inmediata con efectos positivos para nuestra institucionalidad político jurídica. La historia dará fe de nuestras defensas públicas, verbales y escritas, de dichas reformas y de las cuales me honra recordar que el presidente Torrijos nos solicitó, junto a nuestro hermano Ramiro, su ponderación pública a lo largo y ancho de toda nuestra geografía.
Creemos haber abonado el terreno en nuestra conciencia ciudadana para que fructifiquen los nuevos paradigmas constitucionales. Pero, precisa aclarar que no todo está dicho ni todo se ha dado en torno a los nuevos modelos jurídicos que demanda el país. En otras palabras, se requiere que pensemos en la renovación de los actuales modelos penales, procesales, civiles, laborales, agrarios, administrativos, etc. Es hora ya que la tarea de renovar la Patria empiece por un exhaustivo revisionismo de nuestra juridicidad.
La sociedad agradecerá al gobierno y al Presidente que se le dote de nuevos modelos jurídicos que recojan y proyecten los fines y metas que permitan sustentar una sociedad solidaria, democrática, pluralista y participativa, igualitaria, convergente en las ideas y no divergente. Una sociedad que se enorgullezca de sus instituciones judiciales, de su Ministerio Público, de sus fiscales y jueces. La lectura de la verticalidad de un Estado o nación empieza por la verticalidad, firmeza y justeza de sus instituciones jurídicas; del respeto y plena vigencia de sus postulados normativos. Hemos venido insistiendo, "Sin justicia la Patria se vicia".
Ya el pueblo panameño, en alguna encuesta de un medio de comunicación social, vertió su criterio respecto a la preferencia entre empleo o justicia y la respuesta fue sentenciadora: ¡Justicia! Parece paradójico que entre nuestros hombres y mujeres, marginados de todo progreso y desarrollo social, hostigados por la pobreza y la miseria, en cuyos hogares pernocta el hambre y la enfermedad, antes que tener derecho a un empleo, primero expresara que prefiere justicia. Se cumple el vaticinio pronunciado por quienes creemos, firmemente, que de dignidad se puede vivir. "Es mejor morir con dignidad que vivir sin ella". Toda América Latina viene dando fe de ello: ¡Queremos justicia! La primera lectura que la sociedad hace de esa tan anhelada justicia es: Rendición de cuentas; luego, la justicia social.
(stekrakri@hotmail.com)
