Una Asamblea Diferente
Existe exasperación con la Asamblea Legislativa. Nos preguntamos: ¿es posible una Asamblea Legislativa diferente y mejor? ºSí! Puesto que la pasada Asamblea, con todo y sus fallas, fue mucho mejor. Nada impide que la próxima también lo sea.
Cabe destacar primero la variedad de Presidentes de la Asamblea pasada, expresión de una variedad de mayorías. Primero, lo fue el Legislador Carlos Arellano sobre la base de los veintiocho Legisladores que tenía el PDC y de la gran mayoría legislativa que tuvo la ADO-Civilista al comienzo. Luego fue Presidente Alonso Fernández de MOLIRENA, electo por una parte de la mayoría oficialista con apoyo del PRD. En el tercer año, una mayoría de algunos Legisladores oficialistas, llamados "Ninyas" , con los del PDC, ya excluidos del Ejecutivo, eligieron a Marco Ameglio, un Liberal Auténtico disidente. En los dos últimos períodos fueron Presidentes un Arnulfista, Lucas Zarak, y otro MOLIRENA, Arturo Vallarino, electos con votos del PRD, lo cual facilitó el acceso del PRD a Presidencias de Comisiones. Hubo así pluralismo, con participación opositora, como no lo ha habido en la actual Asamblea.
Por otra parte, la Asamblea demostró una independencia de criterio con respecto al Ejecutivo como no se ha atrevido a hacerlo la actual Asamblea. En el año 90, el Presidente Endara vetó la Ley del Patronato de Servicio Nacional de Nutrición, propuesta por los demócratas cristianos Milton Henríquez y Keith Holder y conocida como la Ley de "la galleta y el vaso de leche", pero se terminó pasándola por insistencia. En el año 92 los legisladores demócratas cristianos Raúl Ossa y Willy Cochez impulsaron la Ley de devolución de la tercera partida del décimotercer mes. Endara la vetó. Ambos Legisladores recurrieron ante la Corte Suprema y ganaron.
Más aún, cuando el Ejecutivo cambió su tesis de establecer contrato-planes con las entidades de servicio público y planteó su privatización, la bancada demócrata cristiana acuerpó la Ley marco de las privatizaciones, presentada por Henríquez , que se aplicaba sólo a las empresas productivas y contemplaba la posibilidad de una participación en la propiedad para los trabajadores. Sirvió para privatizar Cítricos de Chiriquí y Cemento Bayano. Pero las empresas de servicio público exigían una Ley específica. Cuando el Ejecutivo presentó la Ley para privatizar el INTEL, la bancada demócrata cristiana hizo causa común con los trabajadores y exigió un programa efectivo de reconversión para quienes pudieran perder su puesto de trabajo. Ante la negativa del Ejecutivo, la bancada logró hacer una mayoría en contra de dicha privatización. La Asamblea demostró su sentido de independencia institucional, que contrasta con el servilismo de la actual Asamblea, la cual ha concedido varias veces facultades extraordinarias al Ejecutivo, aunque estuviera convocada a sesiones extraordinarias.
El Legislador Henríquez cuenta que cuando asumió la Presidencia de la Comisión de Presupuesto, los antiguos funcionarios del MIPPE le informaron que los miembros de dicha Comisión en tiempos de la dictadura tenían el "derecho" a nombrar veinte empleados públicos cada uno en el Ejecutivo y gozaban de partidas circuitales. Les respondió que no volvieran a hablar de ello y durante los tres años de su Presidencia no hubo ni lo uno ni lo otro. Luego un Presidente MOLIRENA de la Comisión reintrodujo las malhadadas partidas, que le han servido desde entonces al Ejecutivo para "domesticar" a los Legisladores. Por su parte, José Hill intentó sin éxito que se le descontara a los Legisladores por sus ausencias y se limitara el tope de exoneración por vehículo. Hubo así en la pasada Asamblea Legisladores con sentido exigente de austeridad. No han abundado en la actual Asamblea, cuyo presupuesto casi se ha duplicado hasta llegar a 34 millones al año, con 170 millones más en partidas circuitales de 1994 a 1999.
La labor Legislativa es la tarea esencial de una Asamblea. La pasada realizó una enorme tarea en este sentido. Puedo destacar la parte de la bancada demócrata cristiana. En el campo institucional abrió brecha para que el país administrara los bienes revertidos con la creación de la ARI, en la que trabajó Ossa. Inició una serie de reformas constitucionales que desgraciadamente no fueron aprobadas en el referéndum del 92, pero dos reformas sí fueron luego ratificadas por la actual Asamblea, a saber la eliminación del ejército y la creación de la Autoridad del Canal. En ello fue decisivo José Antonio Sossa, quien como Presidente de la Comisión de Gobierno y Asuntos Constitucionales también impulsó la Ley de la PTJ y varias modificaciones al Código Civil y al Penal. En esta última área se pasó una importante legislación para luchar contra el narcotráfico y el lavado de dinero, gracias al impulso de Camilo Brenes.
En el campo económico-financiero sobresalieron la Ley que creó la industria del "leasing" (obra de Henríquez), la que eliminó el impuesto sobre la renta a quienes ganaban menos de B/300 al mes (bajo responsabilidad de Cochez y Camilo Brenes), la de incentivos a la reforestación, así como la que modificó el FECI y salvó al BDA de la quiebra (obras del Erick Fidel Santamaría, con Brenes), la que prorrogó los intereses preferenciales sobre hipotecas de viviendas populares y de clase media (impulsada por Mery Villageliú), la de incentivos a la producción bananera (en la que trabajaron Brenes y José Domingo Torres), la de concesión de Puerto Manzanillo, que inició la renovación portuaria en manos de la empresa privada (apoyada por varios demócratas cristianos), y la Ley para promover las actividades turísticas, base del auge actual de nuevos hoteles (fruto del trabajo muy productivo de Cochez).
En el campo social, la bancada se distinguió. A la aprobación del Código de la Familia contribuyeron Anastasio Batista, Brenes, Henríquez y Holder. Villageliú propuso las Leyes que introdujeron la equidad para las mujeres en las causales de divorcio y el uso del apellido propio. Los médicos Legisladores Raquel Lanuza, Gabriel Arosemena y Gloria Moreno de López impulsaron la Ley a favor de medidas de profilaxis y control del SIDA. En educación Alonso Villareal fue responsable por la Ley que democratizó el régimen de la Universidad de Panamá. Brenes, Santamaría y Torres se responsabilizaron por la Ley que creó la Universidad de Chiriquí. Vicente Caballero, con Ada de Gordón y Villareal, impulsaron las Leyes para introducir la enseñanza del cooperativismo, de informática y del medio ambiente en nuestro sistema escolar. Batista propició una Ley a favor de buenos estudiantes-deportistas. Cochez logró que se eliminara el ITBM sobre los útiles escolares. Ramón Aizpurúa presentó la Ley que hizo obligatorio el uso del cinturón de seguridad en los automóviles. Trabajaron en la Ley del transporte Alexis Ayala y Alfredo Ehlers, quien también impulsó la creación del Fondo Especial de Vivienda de Interés Social. Sossa logró que el Estado asumiera el pago de luz y agua de las instituciones de asistencia social no lucrativas. Hill consiguió que las áreas revertidas al oeste del Canal se integraran al Distrito de Arraiján y trabajó en la Ley de propiedad horizontal. La bancada trabajó por la justicia social.
Cuando los panameños y panameñas desesperamos de tener una Asamblea Legislativa diferente y mejor, debemos recordar que la pasada fue más pluralista, independiente, seria y más equilibrada en las Leyes que aprobó. Por otra parte, debemos tener presente que los electores somos en última instancia los responsables por los Legisladores que tenemos. Nos guste o no, ellos nos reflejan. La próxima Asamblea puede cambiar y mejorar considerablemente, si lo exigimos.
Cabe destacar primero la variedad de Presidentes de la Asamblea pasada, expresión de una variedad de mayorías. Primero, lo fue el Legislador Carlos Arellano sobre la base de los veintiocho Legisladores que tenía el PDC y de la gran mayoría legislativa que tuvo la ADO-Civilista al comienzo. Luego fue Presidente Alonso Fernández de MOLIRENA, electo por una parte de la mayoría oficialista con apoyo del PRD. En el tercer año, una mayoría de algunos Legisladores oficialistas, llamados "Ninyas" , con los del PDC, ya excluidos del Ejecutivo, eligieron a Marco Ameglio, un Liberal Auténtico disidente. En los dos últimos períodos fueron Presidentes un Arnulfista, Lucas Zarak, y otro MOLIRENA, Arturo Vallarino, electos con votos del PRD, lo cual facilitó el acceso del PRD a Presidencias de Comisiones. Hubo así pluralismo, con participación opositora, como no lo ha habido en la actual Asamblea.
Por otra parte, la Asamblea demostró una independencia de criterio con respecto al Ejecutivo como no se ha atrevido a hacerlo la actual Asamblea. En el año 90, el Presidente Endara vetó la Ley del Patronato de Servicio Nacional de Nutrición, propuesta por los demócratas cristianos Milton Henríquez y Keith Holder y conocida como la Ley de "la galleta y el vaso de leche", pero se terminó pasándola por insistencia. En el año 92 los legisladores demócratas cristianos Raúl Ossa y Willy Cochez impulsaron la Ley de devolución de la tercera partida del décimotercer mes. Endara la vetó. Ambos Legisladores recurrieron ante la Corte Suprema y ganaron.
Más aún, cuando el Ejecutivo cambió su tesis de establecer contrato-planes con las entidades de servicio público y planteó su privatización, la bancada demócrata cristiana acuerpó la Ley marco de las privatizaciones, presentada por Henríquez , que se aplicaba sólo a las empresas productivas y contemplaba la posibilidad de una participación en la propiedad para los trabajadores. Sirvió para privatizar Cítricos de Chiriquí y Cemento Bayano. Pero las empresas de servicio público exigían una Ley específica. Cuando el Ejecutivo presentó la Ley para privatizar el INTEL, la bancada demócrata cristiana hizo causa común con los trabajadores y exigió un programa efectivo de reconversión para quienes pudieran perder su puesto de trabajo. Ante la negativa del Ejecutivo, la bancada logró hacer una mayoría en contra de dicha privatización. La Asamblea demostró su sentido de independencia institucional, que contrasta con el servilismo de la actual Asamblea, la cual ha concedido varias veces facultades extraordinarias al Ejecutivo, aunque estuviera convocada a sesiones extraordinarias.
El Legislador Henríquez cuenta que cuando asumió la Presidencia de la Comisión de Presupuesto, los antiguos funcionarios del MIPPE le informaron que los miembros de dicha Comisión en tiempos de la dictadura tenían el "derecho" a nombrar veinte empleados públicos cada uno en el Ejecutivo y gozaban de partidas circuitales. Les respondió que no volvieran a hablar de ello y durante los tres años de su Presidencia no hubo ni lo uno ni lo otro. Luego un Presidente MOLIRENA de la Comisión reintrodujo las malhadadas partidas, que le han servido desde entonces al Ejecutivo para "domesticar" a los Legisladores. Por su parte, José Hill intentó sin éxito que se le descontara a los Legisladores por sus ausencias y se limitara el tope de exoneración por vehículo. Hubo así en la pasada Asamblea Legisladores con sentido exigente de austeridad. No han abundado en la actual Asamblea, cuyo presupuesto casi se ha duplicado hasta llegar a 34 millones al año, con 170 millones más en partidas circuitales de 1994 a 1999.
La labor Legislativa es la tarea esencial de una Asamblea. La pasada realizó una enorme tarea en este sentido. Puedo destacar la parte de la bancada demócrata cristiana. En el campo institucional abrió brecha para que el país administrara los bienes revertidos con la creación de la ARI, en la que trabajó Ossa. Inició una serie de reformas constitucionales que desgraciadamente no fueron aprobadas en el referéndum del 92, pero dos reformas sí fueron luego ratificadas por la actual Asamblea, a saber la eliminación del ejército y la creación de la Autoridad del Canal. En ello fue decisivo José Antonio Sossa, quien como Presidente de la Comisión de Gobierno y Asuntos Constitucionales también impulsó la Ley de la PTJ y varias modificaciones al Código Civil y al Penal. En esta última área se pasó una importante legislación para luchar contra el narcotráfico y el lavado de dinero, gracias al impulso de Camilo Brenes.
En el campo económico-financiero sobresalieron la Ley que creó la industria del "leasing" (obra de Henríquez), la que eliminó el impuesto sobre la renta a quienes ganaban menos de B/300 al mes (bajo responsabilidad de Cochez y Camilo Brenes), la de incentivos a la reforestación, así como la que modificó el FECI y salvó al BDA de la quiebra (obras del Erick Fidel Santamaría, con Brenes), la que prorrogó los intereses preferenciales sobre hipotecas de viviendas populares y de clase media (impulsada por Mery Villageliú), la de incentivos a la producción bananera (en la que trabajaron Brenes y José Domingo Torres), la de concesión de Puerto Manzanillo, que inició la renovación portuaria en manos de la empresa privada (apoyada por varios demócratas cristianos), y la Ley para promover las actividades turísticas, base del auge actual de nuevos hoteles (fruto del trabajo muy productivo de Cochez).
En el campo social, la bancada se distinguió. A la aprobación del Código de la Familia contribuyeron Anastasio Batista, Brenes, Henríquez y Holder. Villageliú propuso las Leyes que introdujeron la equidad para las mujeres en las causales de divorcio y el uso del apellido propio. Los médicos Legisladores Raquel Lanuza, Gabriel Arosemena y Gloria Moreno de López impulsaron la Ley a favor de medidas de profilaxis y control del SIDA. En educación Alonso Villareal fue responsable por la Ley que democratizó el régimen de la Universidad de Panamá. Brenes, Santamaría y Torres se responsabilizaron por la Ley que creó la Universidad de Chiriquí. Vicente Caballero, con Ada de Gordón y Villareal, impulsaron las Leyes para introducir la enseñanza del cooperativismo, de informática y del medio ambiente en nuestro sistema escolar. Batista propició una Ley a favor de buenos estudiantes-deportistas. Cochez logró que se eliminara el ITBM sobre los útiles escolares. Ramón Aizpurúa presentó la Ley que hizo obligatorio el uso del cinturón de seguridad en los automóviles. Trabajaron en la Ley del transporte Alexis Ayala y Alfredo Ehlers, quien también impulsó la creación del Fondo Especial de Vivienda de Interés Social. Sossa logró que el Estado asumiera el pago de luz y agua de las instituciones de asistencia social no lucrativas. Hill consiguió que las áreas revertidas al oeste del Canal se integraran al Distrito de Arraiján y trabajó en la Ley de propiedad horizontal. La bancada trabajó por la justicia social.
Cuando los panameños y panameñas desesperamos de tener una Asamblea Legislativa diferente y mejor, debemos recordar que la pasada fue más pluralista, independiente, seria y más equilibrada en las Leyes que aprobó. Por otra parte, debemos tener presente que los electores somos en última instancia los responsables por los Legisladores que tenemos. Nos guste o no, ellos nos reflejan. La próxima Asamblea puede cambiar y mejorar considerablemente, si lo exigimos.
