¡Una buena noticia!
El Panamá América, 15/3/200, Nales., pág. 8 A, publica artículo intitulado "Falta de presupuesto afecta aplicación de ley para menores" (sic), de Magaly Rocío Montilla.
Nos complace, en relación con la Ley 40 de 1999, que una funcionaria del Ministerio Público" ...presentó ante el pleno legislativo un proyecto de ley dirigido a postergar para enero del 2001 el nombramiento del los jueces, fiscales y Defensores de Oficio,... "(sic).
Esta complacencia dista de motivaciones personales. Nuestro apoyo se justifica, porque otras personas han sabido enfrentarse a la cruda realidad: ¡actualmente no conocemos del personal capacitado y los fondos necesarios, para tales nombramientos! Pero la existencia de estas limitaciones nos parece secundaria, pues de nada serviría que las subsanemos para echar a andar un sistema que creemos predestinado al fracaso.. Es por ello nuestra insistencia en que, de darse la postergación, sea no sólo para aguardar los recursos y la formación de los funcionarios requeridos. Utilizemos la pausa para revisar radicalmente la Ley 40 de 1999, los supuesto peligros en que basa su justificación, su ¿conformidad? con convenios internacionales, la delegación de responsabilidades (seguimiento) en funcionarios que parecen carentes de la motivación y la preparación especial para desempeñarlas eficientemente, la insistencia en un aparente enfoque represivo, etc.
Aceptamos que la presentación del proyecto de ley mencionado plantea un reto al Ministerio de la Juventud la Mujer y la Familia, respecto a la atención de los jóvenes al cuidado de esa entidad. Aplaudimos el esfuerzo por el óptimo aprovechamiento del recurso humano disponible y confiamos en que utilizará juiciosamente la pausa para una eficiente reorganización de los centros para niños y adolescentes a su cargo. Nos parece importante que haya admitido las carencias mencionadas, sin que olvidemos otras que hemos sugerido, en eras de las cuales resulta valiosa su contribución a la superación exitosa de este compás de espera. Pero debe aclarar el sentido y alcance que se le da a la expresión "atención agresiva" (sic), para evaluar si está o no imbuida de bondad.
Es así uno de los subtítulos del artículo aludido: "Se explica que hay un aumento de los casos de menores delincuentes, por lo que preocupa la situación" (sic). Rechazamos, como en ocasiones anteriores, la afirmación implícita en la frase transcrita. Estadísticamente de las infracciones cometidas en el territorio nacional, se atribuye un 97% a los adultos y solo un 3% a los niños y adolescentes. A una ínfima porción de ese 3% se acusa de quebrantamientos graves. Por tanto, si aumentan las infracciones atribuidas a los jóvenes, siguen constituyendo un porcentaje mínimo del total nacional.
Desde nuestras estrecheces fiscales, no se justifica la creación de una estructura sumamente costosa para luego hacer un uso tan limitado de ella. Desde la perspectiva de su utilidad, ya hemos oído de jóvenes imputados liberados, porque las investigaciones no finalizaron en el tiempo legalmente establecido (¿impunidad?). Al examinar los principios que la insuflan, el triunfo del concepto represivo sobre la esperanza de reeducación y resocialización de ninguna manera nos parece positivo. Ya hemos comprobado la inutilidad de ese camino en los centros de reclusión de mayores. Como consecuencia de un enfoque alarmista, abandonamos un sistema que ofreció éxitos parciales a pesar de sus limitaciones y lo permutamos por uno que parece sintetizar la renuncia al arrepentimiento, a la capacidad de aprendizaje y cambio propia de niños y adolescentes.
¡Claro que nos preocupa la suerte de nuestros niños y adolescentes, aunque su número y agresividad, por lo general, no llegue a hacer peligrar nuestros derechos a la existencia y a la paz como colectivo humano! Pero estimamos que esta preocupación debe expresarse positivamente mediante políticas de redención, no de ostracismo social.
El artículo periodístico examinado repite afirmación rebatida en nuestra entrega anterior, "¿Cómo hacerlo?", cual es: "..la falta de presupuesto o de recursos humanos no puede ser excusa para no dar cumplimiento a la Ley 40,.." (sic). Sin olvidar objeciones de otra índole, nos interesa mucho conocer, por la falta de nuevos fondos y de personal calificado para estas funciones especiales, ¿cómo se atenderán estas nuevas responsabilidades sin descuidar otras preexistentes? Los pronunciamientos heroicos pueden estimular la voluntad y el ingenio humano a la luz de carencias parciales, pero dudamos seriamente de su eficacia ante una ausencia total de los medios requeridos.
Nos complace, en relación con la Ley 40 de 1999, que una funcionaria del Ministerio Público" ...presentó ante el pleno legislativo un proyecto de ley dirigido a postergar para enero del 2001 el nombramiento del los jueces, fiscales y Defensores de Oficio,... "(sic).
Esta complacencia dista de motivaciones personales. Nuestro apoyo se justifica, porque otras personas han sabido enfrentarse a la cruda realidad: ¡actualmente no conocemos del personal capacitado y los fondos necesarios, para tales nombramientos! Pero la existencia de estas limitaciones nos parece secundaria, pues de nada serviría que las subsanemos para echar a andar un sistema que creemos predestinado al fracaso.. Es por ello nuestra insistencia en que, de darse la postergación, sea no sólo para aguardar los recursos y la formación de los funcionarios requeridos. Utilizemos la pausa para revisar radicalmente la Ley 40 de 1999, los supuesto peligros en que basa su justificación, su ¿conformidad? con convenios internacionales, la delegación de responsabilidades (seguimiento) en funcionarios que parecen carentes de la motivación y la preparación especial para desempeñarlas eficientemente, la insistencia en un aparente enfoque represivo, etc.
Aceptamos que la presentación del proyecto de ley mencionado plantea un reto al Ministerio de la Juventud la Mujer y la Familia, respecto a la atención de los jóvenes al cuidado de esa entidad. Aplaudimos el esfuerzo por el óptimo aprovechamiento del recurso humano disponible y confiamos en que utilizará juiciosamente la pausa para una eficiente reorganización de los centros para niños y adolescentes a su cargo. Nos parece importante que haya admitido las carencias mencionadas, sin que olvidemos otras que hemos sugerido, en eras de las cuales resulta valiosa su contribución a la superación exitosa de este compás de espera. Pero debe aclarar el sentido y alcance que se le da a la expresión "atención agresiva" (sic), para evaluar si está o no imbuida de bondad.
Es así uno de los subtítulos del artículo aludido: "Se explica que hay un aumento de los casos de menores delincuentes, por lo que preocupa la situación" (sic). Rechazamos, como en ocasiones anteriores, la afirmación implícita en la frase transcrita. Estadísticamente de las infracciones cometidas en el territorio nacional, se atribuye un 97% a los adultos y solo un 3% a los niños y adolescentes. A una ínfima porción de ese 3% se acusa de quebrantamientos graves. Por tanto, si aumentan las infracciones atribuidas a los jóvenes, siguen constituyendo un porcentaje mínimo del total nacional.
Desde nuestras estrecheces fiscales, no se justifica la creación de una estructura sumamente costosa para luego hacer un uso tan limitado de ella. Desde la perspectiva de su utilidad, ya hemos oído de jóvenes imputados liberados, porque las investigaciones no finalizaron en el tiempo legalmente establecido (¿impunidad?). Al examinar los principios que la insuflan, el triunfo del concepto represivo sobre la esperanza de reeducación y resocialización de ninguna manera nos parece positivo. Ya hemos comprobado la inutilidad de ese camino en los centros de reclusión de mayores. Como consecuencia de un enfoque alarmista, abandonamos un sistema que ofreció éxitos parciales a pesar de sus limitaciones y lo permutamos por uno que parece sintetizar la renuncia al arrepentimiento, a la capacidad de aprendizaje y cambio propia de niños y adolescentes.
¡Claro que nos preocupa la suerte de nuestros niños y adolescentes, aunque su número y agresividad, por lo general, no llegue a hacer peligrar nuestros derechos a la existencia y a la paz como colectivo humano! Pero estimamos que esta preocupación debe expresarse positivamente mediante políticas de redención, no de ostracismo social.
El artículo periodístico examinado repite afirmación rebatida en nuestra entrega anterior, "¿Cómo hacerlo?", cual es: "..la falta de presupuesto o de recursos humanos no puede ser excusa para no dar cumplimiento a la Ley 40,.." (sic). Sin olvidar objeciones de otra índole, nos interesa mucho conocer, por la falta de nuevos fondos y de personal calificado para estas funciones especiales, ¿cómo se atenderán estas nuevas responsabilidades sin descuidar otras preexistentes? Los pronunciamientos heroicos pueden estimular la voluntad y el ingenio humano a la luz de carencias parciales, pero dudamos seriamente de su eficacia ante una ausencia total de los medios requeridos.
