Una cesión de derechos y garantías soberanos
Ahora bien, un deseo de congraciarse con el gobierno actual de Estados Unidos como medida de protección personal contra escándalos, o una indiferencia total frente a la naturaleza de la crisis que estamos viviendo, pueden tener como consecuencia una negociación acelerada y complaciente que incluya concesiones inaceptables.
En efecto, a raíz de los atentados terroristas del 11 de septiembre pasado en Nueva York, el gobierno de Estados Unidos ha venido adoptando legislación y reglamentaciones que han sido denunciadas dentro y fuera de ese país como de carácter fascista y violatorias de los derechos consagrados en el "Bill of Rights". Tanto movimientos de derechos civiles como intelectuales de renombre mundial han descrito los atentados como "un regalo" para las derechas más retrógradas, y no ha faltado quien piense que la verdadera intención es mantener una policía continental con acceso a todas las finanzas ocultas, públicas y privadas, para usar la información como instrumento persuasivo cuando convenga, lo que por cierto atañe a varias de las más discutidas figuras locales.
Conviene tener presente que, cuando se trataba de grandes concesiones que Estados Unidos debía hacer como en el caso de los Tratados Torrijos-Carter, las negociaciones se prolongaron por una docena de años, y conviene recordar también que Estados Unidos no titubea en pedir que otros hagan lo que ellos mismos no harían con sus nacionales.
En el borrador de tratado se conceden potestades y facultades a funcionarios de Estados Unidos que en nuestro país no tiene ninguna de las más altas autoridades. Hay concesiones de derechos de investigación y verificación y exhibición de documentos que pasan por encima del título de garantías de nuestra constitución. Como si fuera poco, llega hasta el punto de que Panamá se compromete a legislar, y por último se pueden "añadir" facultades de los funcionarios extranjeros después de la ratificación, o sea que hasta la facultad de legislar y la de imponer legislación de facto serían objeto de cesión.
En efecto, a raíz de los atentados terroristas del 11 de septiembre pasado en Nueva York, el gobierno de Estados Unidos ha venido adoptando legislación y reglamentaciones que han sido denunciadas dentro y fuera de ese país como de carácter fascista y violatorias de los derechos consagrados en el "Bill of Rights". Tanto movimientos de derechos civiles como intelectuales de renombre mundial han descrito los atentados como "un regalo" para las derechas más retrógradas, y no ha faltado quien piense que la verdadera intención es mantener una policía continental con acceso a todas las finanzas ocultas, públicas y privadas, para usar la información como instrumento persuasivo cuando convenga, lo que por cierto atañe a varias de las más discutidas figuras locales.
Conviene tener presente que, cuando se trataba de grandes concesiones que Estados Unidos debía hacer como en el caso de los Tratados Torrijos-Carter, las negociaciones se prolongaron por una docena de años, y conviene recordar también que Estados Unidos no titubea en pedir que otros hagan lo que ellos mismos no harían con sus nacionales.
En el borrador de tratado se conceden potestades y facultades a funcionarios de Estados Unidos que en nuestro país no tiene ninguna de las más altas autoridades. Hay concesiones de derechos de investigación y verificación y exhibición de documentos que pasan por encima del título de garantías de nuestra constitución. Como si fuera poco, llega hasta el punto de que Panamá se compromete a legislar, y por último se pueden "añadir" facultades de los funcionarios extranjeros después de la ratificación, o sea que hasta la facultad de legislar y la de imponer legislación de facto serían objeto de cesión.
