Una Constitución agotada
Los 30 años de vigencia que cumple hoy la Constitución militarista de 1972, debieran marcar un punto de reflexión y inflexión de la crisis de legitimidad política que afecta a toda nuestra sociedad. Las nuevas realidades internacionales y nacionales son desconocidas por los creadores y padrinos de dicho texto, así como los hoy, nuevos protectores de la agotada Constitución, que no osan dar los pasos democráticos necesarios para realizar el profundo cambio de sentimiento y acción constitucional que el país requiere, que se cobijan hoy con la manta de la misma Constitución que ayer -antes de ser Gobierno- decían rechazar. ¿Cómo negar lo obsoleta y agotada que es la actual Constitución, la cual no responde en nada, para nada y por nada a la realidad social y política actual de nuestro país? Ha sido el interés de servirse de la Constitución militarista de 1972 la que conduce la crisis de lo político, es decir, del sistema de participación ciudadana sobre el que está llamada en basarse una democracia moderna.
El apego de algunos a la Constitución militarista del 72 es un brebaje de miedo y confusión. Miedo a la democracia. Confusión ante los cambios que son urgentes y necesarios para darle un nuevo y verdadero rumbo a la nación panameña con un verdadero carácter republicano, ciudadano y participativo. Pero la actitud de las cúpulas defensoras de la Constitución vigente, logran cada vez menos acallar las voces de los diversos sectores de la sociedad que rechazan, de una u otra forma, el actual y agotado ordenamiento constitucional. El largo camino -deberíamos decir calvario- que ha recorrido a lo largo de los últimos 30 años la sociedad panameña, bajo la égida y la férula de la Constitución militarista del 72, ha sido difícil, tortuoso y sacrificado. No podemos en esta ocasión recorrer meticulosamente, con la escrupulosidad que amerita y reseñarlo todo, pero valga sí destacar que hemos ingresado al siglo XXI dándole la espalda a la historia, a la realidad mundial, al cambio y al progreso, cuales Prometeos encadenados a nuestro propio destino, sin decidir qué queremos ser y cuál debe ser nuestro proyecto futuro.
El golpe de estado del 11 de octubre de 1968 irrumpió en la vida nacional de tal forma que desnaturalizó y degeneró aún más al aparato estatal existente entonces, para hacer de Panamá no un Estado que contaba con un ejército, sino un ejército que contaba con un Estado. Estado que -rápidamente- las diversas fuerzas y procesos, dentro y fuera de Panamá, lo lanzaron a un intervencionismo en la economía y la sociedad, a un monopolio de los criterios de desarrollo, a una dependencia hacia el poder militar de las principales fuerzas sociales. Así mismo, al Estado panameño (o lo que había de Estado) lo coaccionaron, lo desgastaron, lo amenazaron en su coherencia e integridad, en su posible autonomía, en su necesaria eficacia y permanencia, en su existencia misma.
Lo que debe quedarnos claro y que no debemos olvidar, es que la Constitución militarista de 1972 sirvió no sólo para legalizar y legitimar un gobierno de facto. Ha servido y sirve también para desnaturalizar, desviar y desvirtuar la evolución de los panameños y sus acciones y luchas para alcanzar su personalidad propia y perfeccionar su mediatizada independencia. Las reformas hechas hasta la fecha a la Constitución de 1972, no han traído al país absolutamente nada de lo que sus promotores y defensores prometieron en su momento. Muy por el contrario, las mismas han servido para extender la hegemonía política de los que -militares o no- controlan el poder. Tanto en 1978, como en 1983, así como en 1993/94; las reformas excluyeron las facultades soberanas del único y verdadero poder constituyente, que no es otro que el pueblo.
Por temor a realizar el esfuerzo por racionalizar el poder político, sometiéndolo a la Ley, por el desprecio de los factores reales de poder que controlan la clase política a la necesidad de llegar a un punto que quienes gobiernan sólo puedan actuar cuando la Ley los autoriza, ente su negativa a eliminar tanto el capricho como la discrecionalidad de los gobernantes como la situación privilegiada de los poderosos, implantando la igualdad de todos ante la Ley, es que vemos cómo todos los gobiernos que se han instaurado desde el 20 de diciembre de 1989 han abrazado con especial y particular cariño la Constitución militarista y rechazan la convocatoria a un proceso dinámico de participación ciudadana a través de una constituyente. No quieren, por nada del mundo, que se rompa con la tradición y la concepción providencial del mundo. No pueden permitir que el pueblo sea protagonista.
El debate sobre la necesidad y conveniencia de abrir paso a un proceso político que culmine con la convocatoria y realización de unas elecciones democráticas de las que surja una Asamblea Nacional Constituyente, tiene defensores y detractores de todo signo y condición. Eso es normal y conveniente, puesto que dicho debate forma parte medular de la reflexión y el contraste de opiniones necesarias para esclarecer, cara al conjunto de la ciudadanía, ¿qué país queremos?, ¿qué rumbo darle a la nación? La sola existencia del debate en curso pone en evidencia que nos encontramos ya inmersos, nos percatemos o no, les guste o les disguste a algunos, en el proceso político que nos conduce necesariamente a un verdadero cambio constitucional.
(mabernal@sinfo.net)
El apego de algunos a la Constitución militarista del 72 es un brebaje de miedo y confusión. Miedo a la democracia. Confusión ante los cambios que son urgentes y necesarios para darle un nuevo y verdadero rumbo a la nación panameña con un verdadero carácter republicano, ciudadano y participativo. Pero la actitud de las cúpulas defensoras de la Constitución vigente, logran cada vez menos acallar las voces de los diversos sectores de la sociedad que rechazan, de una u otra forma, el actual y agotado ordenamiento constitucional. El largo camino -deberíamos decir calvario- que ha recorrido a lo largo de los últimos 30 años la sociedad panameña, bajo la égida y la férula de la Constitución militarista del 72, ha sido difícil, tortuoso y sacrificado. No podemos en esta ocasión recorrer meticulosamente, con la escrupulosidad que amerita y reseñarlo todo, pero valga sí destacar que hemos ingresado al siglo XXI dándole la espalda a la historia, a la realidad mundial, al cambio y al progreso, cuales Prometeos encadenados a nuestro propio destino, sin decidir qué queremos ser y cuál debe ser nuestro proyecto futuro.
El golpe de estado del 11 de octubre de 1968 irrumpió en la vida nacional de tal forma que desnaturalizó y degeneró aún más al aparato estatal existente entonces, para hacer de Panamá no un Estado que contaba con un ejército, sino un ejército que contaba con un Estado. Estado que -rápidamente- las diversas fuerzas y procesos, dentro y fuera de Panamá, lo lanzaron a un intervencionismo en la economía y la sociedad, a un monopolio de los criterios de desarrollo, a una dependencia hacia el poder militar de las principales fuerzas sociales. Así mismo, al Estado panameño (o lo que había de Estado) lo coaccionaron, lo desgastaron, lo amenazaron en su coherencia e integridad, en su posible autonomía, en su necesaria eficacia y permanencia, en su existencia misma.
Lo que debe quedarnos claro y que no debemos olvidar, es que la Constitución militarista de 1972 sirvió no sólo para legalizar y legitimar un gobierno de facto. Ha servido y sirve también para desnaturalizar, desviar y desvirtuar la evolución de los panameños y sus acciones y luchas para alcanzar su personalidad propia y perfeccionar su mediatizada independencia. Las reformas hechas hasta la fecha a la Constitución de 1972, no han traído al país absolutamente nada de lo que sus promotores y defensores prometieron en su momento. Muy por el contrario, las mismas han servido para extender la hegemonía política de los que -militares o no- controlan el poder. Tanto en 1978, como en 1983, así como en 1993/94; las reformas excluyeron las facultades soberanas del único y verdadero poder constituyente, que no es otro que el pueblo.
Por temor a realizar el esfuerzo por racionalizar el poder político, sometiéndolo a la Ley, por el desprecio de los factores reales de poder que controlan la clase política a la necesidad de llegar a un punto que quienes gobiernan sólo puedan actuar cuando la Ley los autoriza, ente su negativa a eliminar tanto el capricho como la discrecionalidad de los gobernantes como la situación privilegiada de los poderosos, implantando la igualdad de todos ante la Ley, es que vemos cómo todos los gobiernos que se han instaurado desde el 20 de diciembre de 1989 han abrazado con especial y particular cariño la Constitución militarista y rechazan la convocatoria a un proceso dinámico de participación ciudadana a través de una constituyente. No quieren, por nada del mundo, que se rompa con la tradición y la concepción providencial del mundo. No pueden permitir que el pueblo sea protagonista.
El debate sobre la necesidad y conveniencia de abrir paso a un proceso político que culmine con la convocatoria y realización de unas elecciones democráticas de las que surja una Asamblea Nacional Constituyente, tiene defensores y detractores de todo signo y condición. Eso es normal y conveniente, puesto que dicho debate forma parte medular de la reflexión y el contraste de opiniones necesarias para esclarecer, cara al conjunto de la ciudadanía, ¿qué país queremos?, ¿qué rumbo darle a la nación? La sola existencia del debate en curso pone en evidencia que nos encontramos ya inmersos, nos percatemos o no, les guste o les disguste a algunos, en el proceso político que nos conduce necesariamente a un verdadero cambio constitucional.
(mabernal@sinfo.net)
