Una Contraloría Independiente
Las principales funciones constitucionales de la Contraloría General de la República son llevar las cuentas nacionales; fiscalizar, regular y controlar todos los actos de manejos de fondos y otros bienes públicos, en forma previa o posterior; y examinar, intervenir, fenecer y juzgar las cuentas de los funcionarios, entidades o personas que administren, manejen o custodien fondos u otros bienes públicos. En fin, es el "auditor independiente" del Estado.
A pesar de que por disposición constitucional, el Contralor es nombrado por la Asamblea Legislativa por un período igual al del Presidente de la República y de que no puede ser removido o suspendido sino por la Corte Suprema de Justicia, todos los últimos contralores han sido personas demasiado allegadas al Palacio de las Garzas.
Es iluso pensar que parientes o copartidarios, aún nombrados por la Asamblea, van a realizar un áudito celoso de la gestión del gobierno. Tampoco serán severos al detectar irregularidades. De hecho, la Contraloría ha sido en general reactiva en lo que respecta a la corrupción individual e institucional, actuando solamente después que irregularidades son señaladas a través de los medios, cuando en realidad debe promover una gestión preventiva. En ocasiones, se ha visto hasta involucrada en ilícitos o irregularidades o actuado en forma poco transparente, creando mayores suspicacias. En general, si comparamos su gestión con la que, por ejemplo, la Comisión Nacional de Valores requiere de los auditores independientes de las empresas cuyos valores se negocian en la plaza, se llegaría a la conclusión que se requiere un cambio drástico.
Por ello, le asiste razón al Presidente para América Latina de Transparencia Internacional cuando sugiere variar la fórmula de elección del Contralor. Es oportuno comenzar a explorar la viabilidad de una reforma constitucional para adoptar un régimen que le garantice verdadera independencia a la institución, comenzando desde el más alto cargo.
A pesar de que por disposición constitucional, el Contralor es nombrado por la Asamblea Legislativa por un período igual al del Presidente de la República y de que no puede ser removido o suspendido sino por la Corte Suprema de Justicia, todos los últimos contralores han sido personas demasiado allegadas al Palacio de las Garzas.
Es iluso pensar que parientes o copartidarios, aún nombrados por la Asamblea, van a realizar un áudito celoso de la gestión del gobierno. Tampoco serán severos al detectar irregularidades. De hecho, la Contraloría ha sido en general reactiva en lo que respecta a la corrupción individual e institucional, actuando solamente después que irregularidades son señaladas a través de los medios, cuando en realidad debe promover una gestión preventiva. En ocasiones, se ha visto hasta involucrada en ilícitos o irregularidades o actuado en forma poco transparente, creando mayores suspicacias. En general, si comparamos su gestión con la que, por ejemplo, la Comisión Nacional de Valores requiere de los auditores independientes de las empresas cuyos valores se negocian en la plaza, se llegaría a la conclusión que se requiere un cambio drástico.
Por ello, le asiste razón al Presidente para América Latina de Transparencia Internacional cuando sugiere variar la fórmula de elección del Contralor. Es oportuno comenzar a explorar la viabilidad de una reforma constitucional para adoptar un régimen que le garantice verdadera independencia a la institución, comenzando desde el más alto cargo.
