Una cuestión de principio
Los funcionarios y quienes como candidatos optan por ganar un puesto de elección popular, tienen el deber de la transparencia frente a sus electores. Esto se traduce en un derecho ciudadano de exigir a los mismos que rindan cuentas de sus actos, tanto en su trayectoria pública como profesional y hasta personal. Al momento de votar, el elector tiene derecho a conocer la verdad. La verdad sobre las propuestas de los candidatos y sobre sus trayectorias.
El votante debe tener la información suficiente para evaluar si la práctica del candidato se compagina con lo que predica. Por ejemplo, si un candidato habla de combatir la corrupción y resulta que, 30 años atrás, se vio involucrado en una investigación por un peculado millonario, donde resulto indagado, aunque no condenado, eso debe ser una información que esté disponible al elector para que juzgue por sí mismo.
Quien escribe estas líneas, cree firmemente en la rendición de cuentas. No en vano soy el único legislador de mi circuito que dejo una oficina abierta para atender a la comunidad, el que más iniciativas de ley ha promovido en materia de transparencia y participación ciudadana, uno de los cinco funcionarios que ha puesto su Declaración Jurada de Estado Patrimonial en el Nodo de Transparencia de la Defensoría del Pueblo, uno de los pocos que contestó el cuestionario de Transparencia Internacional y el único que hasta la fecha (domingo 25 de abril) ha contestado el cuestionario que el Comité Ecuménico y la Alianza Ciudadana Pro Justicia redactó para los candidatos a Legislador que buscan un nuevo período.
He predicado con el ejemplo. Y creo que los candidatos presidenciales deben hacer lo mismo. Por eso he planteado públicamente que deben hacer sus declaraciones de estado patrimonial y responder a cualquier señalamiento que se les haga. Y he hecho fuertes cuestionamientos al candidato del PRD, sustentándome en documentos veraces e información periodística que es de conocimiento público. Nada de lo que dije en mi conferencia de prensa fue inventado por mí. Nada de lo que dije ha sido desmentido categóricamente por el candidato presidencial del PRD, más bien lo que se ha intentado es descalificar a quien denuncia.
Me dicen que porqué lo hice a pocos días de las elecciones. Quienes siguen los medios, saben perfectamente que ese expediente tenía semanas de estar circulando y sin embargo, no se hacía público formalmente hablando. Mientras tanto, el PRD me endilgaba la responsabilidad de ello y previendo que saliera a la palestra pública, iniciaron una campaña para amedrentarme y ensuciar mi imagen, comenzando por las amenazas de Takis y pasando por llamadas anónimas lanzando todo tipo de injurias y calumnias en mi contra. En la práctica, fui yo quien fue sometido a una campaña sucia de la más baja ralea. Y el colmo para mí, fue escuchar con la desfachatez que negaban hasta la existencia misma del expediente, mientras otros actores callaban por temor. Por ello, tomé la decisión de poner estos necesarios elementos de juicio en conocimiento del electorado. No podía callar por respeto a la opinión pública. Y hablé con pruebas en la mano.
La respuesta del PRD fue prácticamente asegurar que el abogado que defiende al responsable de cometer un delito, es un delincuente o una persona falta de moral. Es decir, como yo fui abogado de Raúl Mata, eso por sí sólo desvirtúa el hecho concreto que varias personas en ese expediente mencionan a Martín Torrijos como presente en el lugar donde fueron conducidas las personas secuestradas y días después, como presente en, por lo menos, una reunión donde tomó parte activa para lograr la liberación fuera de los procedimientos legales; es decir, a través de tráfico de influencia, de los colombianos acusados de secuestro en dicho expediente.
No importa si esto incide o no sobre el resultado final de la elección. Para mí, lo importante es que siente un precedente saludable para nuestra democracia. Que los candidatos reconozcamos que lo que hagamos en nuestras vidas, si escogemos el camino del servicio público, deberemos, tarde o temprano, explicarlo ante los votantes. Nada de pasar agachado. Nada de votos que se dan como cheques en blanco. Nada de votar sin saber por quién estamos votando y sin saber cuál es su catadura moral. Para mí es una cuestión de principio. El principio básico y fundamental de la rendición de cuentas. Por eso es que antes de votar, todos merecemos la verdad.
Ir madurando conlleva mayores exigencias; es nuestro derecho demandar que los actos vayan acorde a dicha responsabilidad. Por esta razón, con la primera elección de este mileno sobre sus espaldas, ha llegado el momento de demostrar que el Tribunal Electoral se ha ganado el mérito de ponerse los pantalones largos.
El votante debe tener la información suficiente para evaluar si la práctica del candidato se compagina con lo que predica. Por ejemplo, si un candidato habla de combatir la corrupción y resulta que, 30 años atrás, se vio involucrado en una investigación por un peculado millonario, donde resulto indagado, aunque no condenado, eso debe ser una información que esté disponible al elector para que juzgue por sí mismo.
Quien escribe estas líneas, cree firmemente en la rendición de cuentas. No en vano soy el único legislador de mi circuito que dejo una oficina abierta para atender a la comunidad, el que más iniciativas de ley ha promovido en materia de transparencia y participación ciudadana, uno de los cinco funcionarios que ha puesto su Declaración Jurada de Estado Patrimonial en el Nodo de Transparencia de la Defensoría del Pueblo, uno de los pocos que contestó el cuestionario de Transparencia Internacional y el único que hasta la fecha (domingo 25 de abril) ha contestado el cuestionario que el Comité Ecuménico y la Alianza Ciudadana Pro Justicia redactó para los candidatos a Legislador que buscan un nuevo período.
He predicado con el ejemplo. Y creo que los candidatos presidenciales deben hacer lo mismo. Por eso he planteado públicamente que deben hacer sus declaraciones de estado patrimonial y responder a cualquier señalamiento que se les haga. Y he hecho fuertes cuestionamientos al candidato del PRD, sustentándome en documentos veraces e información periodística que es de conocimiento público. Nada de lo que dije en mi conferencia de prensa fue inventado por mí. Nada de lo que dije ha sido desmentido categóricamente por el candidato presidencial del PRD, más bien lo que se ha intentado es descalificar a quien denuncia.
Me dicen que porqué lo hice a pocos días de las elecciones. Quienes siguen los medios, saben perfectamente que ese expediente tenía semanas de estar circulando y sin embargo, no se hacía público formalmente hablando. Mientras tanto, el PRD me endilgaba la responsabilidad de ello y previendo que saliera a la palestra pública, iniciaron una campaña para amedrentarme y ensuciar mi imagen, comenzando por las amenazas de Takis y pasando por llamadas anónimas lanzando todo tipo de injurias y calumnias en mi contra. En la práctica, fui yo quien fue sometido a una campaña sucia de la más baja ralea. Y el colmo para mí, fue escuchar con la desfachatez que negaban hasta la existencia misma del expediente, mientras otros actores callaban por temor. Por ello, tomé la decisión de poner estos necesarios elementos de juicio en conocimiento del electorado. No podía callar por respeto a la opinión pública. Y hablé con pruebas en la mano.
La respuesta del PRD fue prácticamente asegurar que el abogado que defiende al responsable de cometer un delito, es un delincuente o una persona falta de moral. Es decir, como yo fui abogado de Raúl Mata, eso por sí sólo desvirtúa el hecho concreto que varias personas en ese expediente mencionan a Martín Torrijos como presente en el lugar donde fueron conducidas las personas secuestradas y días después, como presente en, por lo menos, una reunión donde tomó parte activa para lograr la liberación fuera de los procedimientos legales; es decir, a través de tráfico de influencia, de los colombianos acusados de secuestro en dicho expediente.
No importa si esto incide o no sobre el resultado final de la elección. Para mí, lo importante es que siente un precedente saludable para nuestra democracia. Que los candidatos reconozcamos que lo que hagamos en nuestras vidas, si escogemos el camino del servicio público, deberemos, tarde o temprano, explicarlo ante los votantes. Nada de pasar agachado. Nada de votos que se dan como cheques en blanco. Nada de votar sin saber por quién estamos votando y sin saber cuál es su catadura moral. Para mí es una cuestión de principio. El principio básico y fundamental de la rendición de cuentas. Por eso es que antes de votar, todos merecemos la verdad.
Ir madurando conlleva mayores exigencias; es nuestro derecho demandar que los actos vayan acorde a dicha responsabilidad. Por esta razón, con la primera elección de este mileno sobre sus espaldas, ha llegado el momento de demostrar que el Tribunal Electoral se ha ganado el mérito de ponerse los pantalones largos.
