Una forma eficaz de resolver el conflicto sobre derechos humanos en Panamá
El informe del Departamento de Estado sobre los derechos humanos en Panamá ha causado gran revuelo, como era de esperarse. El señor Canciller, así como el señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia y el señor Procurador, sin excluir al señor Presidente de la República, han objetado los comentarios norteamericanos sobre tan importante materia.
El único que ha estado de acuerdo en general, en cuanto a tales señalamientos, ha sido el recién designado defensor del pueblo, Italo Antinori Bolaños, apoyado ahora por el recién entregado informe de los derechos humanos en Panamá durante el año 1997, de la Comisión de Justicia y Paz de la Iglesia Católica.
Políticos y hombres públicos han opinado sobre el particular y creo que sobre la materia todavía no se ha dicho la última palabra, todo esto, dentro del ambiente condimentado por las decapitaciones ocurridas en Coiba y otras denuncias de violaciones recientes a los derechos humanos en Panamá.
El problema es de singular importancia para la democracia, para el Estado de Derecho, en fin, para el desarrollo social y político de la Nación.
Pero estoy seguro que al final, los panameños menos versados o informados no sabrán quién tiene en verdad la razón y, salvo que uno mismo haya sido víctima de una violación de estos derechos fundamentales, si en Panamá se violan o no los derechos humanos.
Si el gobierno estuviese seguro de que su posición es la correcta y no la de quienes sostienen que en Panamá se irrespetan los derechos humanos, de inmediato haría pública una invitación del gobierno panameño a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA para que viniera a Panamá ("visita in loco"), lo antes posible, y rindiera luego un informe.
Lo anterior ya ha ocurrido en dos ocasiones anteriores, por supuesto, en muy distintos momentos y circunstancias. La primera en 1978, para la ratificación de los tratados del Canal de Panamá; y la segunda, en 1989, luego de las elecciones generales de ese año. Creo que el gobierno de la República se anotaría un tremendo triunfo si invita a la Comisión a venir a Panamá y el resultado fuese satisfactorio en materia de respeto a los derechos humanos en nuestro país.
No creo, sin embargo, que el gobierno panameño haga tal invitación. La razón resulta obvia. El resultado de tal visita sería negativo en materia de respeto a los derechos humanos. La simple visita a las cárceles del país; la mora judicial; la aplicación de leyes de desacato recientemente a abogados; la brutalidad policial denunciada en casos concretos; el irrespeto a la presunción de inocencia y su inversión, en ciertos casos, por una de culpa; las largas e injustas detenciones preventivas para ser luego absueltos o sobreseídos o, aún para luego ser condenados, hasta el punto de que el sistema carcelario hace crisis y se aprueba la Ley 43 de 1997, etc., son apenas algunos de los aspectos que, sobre derechos individuales (sin contar con los sociales y económicos) la Comisión tendría en cuenta para escribir su informe.
Por otro lado, las denuncias de violaciones a los derechos humanos de distintos panameños y extranjeros en contra del gobierno de la República de Panamá, presentadas ante la Comisión Interamericana tenga un perfil de Panamá en esta materia.
Las autoridades no deben cerrar los ojos o, si los tienen abiertos, deben ver la realidad que parece que no ven y aceptar que la situación de los derechos humanos en Panamá resulta, ciertamente, verdaderamente preocupante, ahora a siete años de haberse acabado la dictadura militar e instaurado la democracia y a dos años del Siglo XXI.
Sin el respeto a los derechos humanos no hay desarrollo social ni político y no sirve de nada o de poco el desarrollo económico, si es que éste fuese posible en tales circunstacias de irrespeto a los mismos.
El único que ha estado de acuerdo en general, en cuanto a tales señalamientos, ha sido el recién designado defensor del pueblo, Italo Antinori Bolaños, apoyado ahora por el recién entregado informe de los derechos humanos en Panamá durante el año 1997, de la Comisión de Justicia y Paz de la Iglesia Católica.
Políticos y hombres públicos han opinado sobre el particular y creo que sobre la materia todavía no se ha dicho la última palabra, todo esto, dentro del ambiente condimentado por las decapitaciones ocurridas en Coiba y otras denuncias de violaciones recientes a los derechos humanos en Panamá.
El problema es de singular importancia para la democracia, para el Estado de Derecho, en fin, para el desarrollo social y político de la Nación.
Pero estoy seguro que al final, los panameños menos versados o informados no sabrán quién tiene en verdad la razón y, salvo que uno mismo haya sido víctima de una violación de estos derechos fundamentales, si en Panamá se violan o no los derechos humanos.
Si el gobierno estuviese seguro de que su posición es la correcta y no la de quienes sostienen que en Panamá se irrespetan los derechos humanos, de inmediato haría pública una invitación del gobierno panameño a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA para que viniera a Panamá ("visita in loco"), lo antes posible, y rindiera luego un informe.
Lo anterior ya ha ocurrido en dos ocasiones anteriores, por supuesto, en muy distintos momentos y circunstancias. La primera en 1978, para la ratificación de los tratados del Canal de Panamá; y la segunda, en 1989, luego de las elecciones generales de ese año. Creo que el gobierno de la República se anotaría un tremendo triunfo si invita a la Comisión a venir a Panamá y el resultado fuese satisfactorio en materia de respeto a los derechos humanos en nuestro país.
No creo, sin embargo, que el gobierno panameño haga tal invitación. La razón resulta obvia. El resultado de tal visita sería negativo en materia de respeto a los derechos humanos. La simple visita a las cárceles del país; la mora judicial; la aplicación de leyes de desacato recientemente a abogados; la brutalidad policial denunciada en casos concretos; el irrespeto a la presunción de inocencia y su inversión, en ciertos casos, por una de culpa; las largas e injustas detenciones preventivas para ser luego absueltos o sobreseídos o, aún para luego ser condenados, hasta el punto de que el sistema carcelario hace crisis y se aprueba la Ley 43 de 1997, etc., son apenas algunos de los aspectos que, sobre derechos individuales (sin contar con los sociales y económicos) la Comisión tendría en cuenta para escribir su informe.
Por otro lado, las denuncias de violaciones a los derechos humanos de distintos panameños y extranjeros en contra del gobierno de la República de Panamá, presentadas ante la Comisión Interamericana tenga un perfil de Panamá en esta materia.
Las autoridades no deben cerrar los ojos o, si los tienen abiertos, deben ver la realidad que parece que no ven y aceptar que la situación de los derechos humanos en Panamá resulta, ciertamente, verdaderamente preocupante, ahora a siete años de haberse acabado la dictadura militar e instaurado la democracia y a dos años del Siglo XXI.
Sin el respeto a los derechos humanos no hay desarrollo social ni político y no sirve de nada o de poco el desarrollo económico, si es que éste fuese posible en tales circunstacias de irrespeto a los mismos.
