Una institución que avanza
Hace algunas semanas publicamos un artículo intitulado Tremendo Cocinado, referente a las reformas a la ley electoral que se adelantan, que motivó algunas polémicas. El magistrado Eduardo Valdés Escoffery, pacientemente, nos expuso los antecedentes históricos del proceso de reforma electoral desde 1990 hasta nuestros días, lo que agradecemos.
En efecto, son numerosas las reformas que desde la nueva era del Tribunal Electoral, se han realizado. A manera de ejemplo, podemos mencionar la que obliga al Estado a poner a disposición del Tribunal Electoral todos los equipos necesarios requeridos para la logística electoral; el Cuerpo de Delegados Electorales, que no es otra cosa que el conjunto de ciudadanos voluntarios dispuestos a asistir al Tribunal Electoral; la boleta única; plazo para renunciar a cargos públicos; la imposibilidad de anulación de oficio de las elecciones; el subsidio estatal a los partidos y candidatos independientes; la propaganda electoral; las encuestas de opinión; la participación femenina en las elecciones internas de los partidos y otras más que sería largo enumerar.
Somos de la opinión que el Tribunal Electoral, desde 1990 hasta nuestros días, definitivamente es una institución de mucho más credibilidad que la que los panameños estábamos acostumbrados a observar cuando el resultado de las elecciones no lo determinaba la totalidad de votos depositados sino el conciliábulo de los magistrados que integraban el Tribunal. Eran épocas de vergüenza nacional, que es menester recordar, ya que nos ayudan a fijar el adelanto ejecutado, que obviamente es significativo.
El actual Tribunal Electoral cuenta hoy día con gran credibilidad que se ha ganado con sus actuaciones. El sólo hecho de haberse dado la alternabilidad del poder, en dos elecciones distintas, dice mucho de la institución. Además, ya cesaron aquellos tiempos en que el Tribunal Electoral sólo trabajaba en vísperas de las elecciones. Hoy día es una institución que se mantiene plenamente activa, en forma permanente, y es garante de un efectivo ejercicio de la democracia. Existen críticas que se le formulan, pero ello es saludable y además muestra evidente de su vitalidad, porque como dice el dicho: "nadie patea a un perro muerto".
No obstante lo expresado, estimo que el camino que queda por recorrer es colosal, estamos a muchos años luz de lograr una institución que sea plenamente garante de un sistema democrático del que podamos sentirnos orgullosos. Avanzamos hacia ese objetivo y ello es importante.
El principal escollo que encontramos en el camino son los propios partidos políticos, instrumento fundamental para el ejercicio de la democracia y de los que se dice "son los constructores de los regímenes democráticos, los actores distinguidos en los procesos de transición a la democracia y los principales garantes de la profundización y consolidación de la misma." Lo cierto es que los partidos políticos en Panamá han perdido la sintonía con la sociedad civil y de allí el enorme distanciamiento y divorcio existente entre gobernantes y gobernados, que evidentemente pone en peligro la democracia. La clase política panameña debe ser la más interesada en la reestructuración de los partidos políticos, pues de no hacerlo prontamente corren el peligro de desaparecer como ocurrió en 1968.
En este sentido creo que el Tribunal Electoral debe tomar la iniciativa con fundamento en el artículo 133 de la Constitución Nacional, que habla sobre los Derechos Políticos, y que establece que "No es lícita la formación de partidos que tengan por base el sexo, la raza, la religión o que tiendan a destruir la forma democrática de gobierno". (lo resaltado es nuestro).
No creo que es difícil comprender que el actual protagonismo de los partidos políticos sólo los conducirá al despeñadero y con ello a la abolición de la democracia. Carecen de toda ideología e ideas, proyectos y principios. Más que partidos políticos son facciones políticas incapaces de vincularse con las aspiraciones y los intereses de la sociedad. Sólo reclutan clientelas y cada vez están integrados por ciudadanos menos calificados para gobernar y menos comprometidos con una gestión honesta y respetable. Son especies degeneradas de partidos políticos pues son agrupaciones de carácter personalista o surgidos de intereses inferiores que han llevado al descrédito el concepto de "partido político". Están basados únicamente en la comunidad de intereses económicos privados o en lazos de parentesco o de amistad personal, lo que ha contribuido con la naturaleza degenerada y espuria que estas agrupaciones poseen. Se han convertido en medios perversos y degenerativos de la democracia en Panamá, en una corrupta partidocracia.
Estimamos que a igual que ocurrió desde la reorganización del Tribunal Electoral en 1990, como resultado de la invasión norteamericana, que tomó la iniciativa de las reformas electorales, debe esta institución vigilar estrechamente el comportamiento de los partidos políticos y cuando se aparten de sus principios y postulados, o de las promesas electorales que condujo a los ciudadanos a darles el voto, deben observarlo públicamente a la ciudadanía de tal forma que los partidos políticos se vean compelidos a mantener una compostura de legitimidad ante el sistema. Sería una ejemplarizante sanción moral de la que creo que muchos se cuidarían.
Mientras los partidos políticos se consideren omnipotentes y sean ellos los que se auto regulen no habrá posibilidad de cambio y la democracia panameña estará en peligro de sucumbir. O reformamos a fondo los partidos políticos para rescatar su sentido con opciones políticas viables para acceder al ejercicio democrático del poder público o construimos nuevas formaciones que reflejen nuevos proyectos políticos capaces de enfrentar y resolver los grandes problemas de nuestras sociedades en este milenio que recién inicia.
En efecto, son numerosas las reformas que desde la nueva era del Tribunal Electoral, se han realizado. A manera de ejemplo, podemos mencionar la que obliga al Estado a poner a disposición del Tribunal Electoral todos los equipos necesarios requeridos para la logística electoral; el Cuerpo de Delegados Electorales, que no es otra cosa que el conjunto de ciudadanos voluntarios dispuestos a asistir al Tribunal Electoral; la boleta única; plazo para renunciar a cargos públicos; la imposibilidad de anulación de oficio de las elecciones; el subsidio estatal a los partidos y candidatos independientes; la propaganda electoral; las encuestas de opinión; la participación femenina en las elecciones internas de los partidos y otras más que sería largo enumerar.
Somos de la opinión que el Tribunal Electoral, desde 1990 hasta nuestros días, definitivamente es una institución de mucho más credibilidad que la que los panameños estábamos acostumbrados a observar cuando el resultado de las elecciones no lo determinaba la totalidad de votos depositados sino el conciliábulo de los magistrados que integraban el Tribunal. Eran épocas de vergüenza nacional, que es menester recordar, ya que nos ayudan a fijar el adelanto ejecutado, que obviamente es significativo.
El actual Tribunal Electoral cuenta hoy día con gran credibilidad que se ha ganado con sus actuaciones. El sólo hecho de haberse dado la alternabilidad del poder, en dos elecciones distintas, dice mucho de la institución. Además, ya cesaron aquellos tiempos en que el Tribunal Electoral sólo trabajaba en vísperas de las elecciones. Hoy día es una institución que se mantiene plenamente activa, en forma permanente, y es garante de un efectivo ejercicio de la democracia. Existen críticas que se le formulan, pero ello es saludable y además muestra evidente de su vitalidad, porque como dice el dicho: "nadie patea a un perro muerto".
No obstante lo expresado, estimo que el camino que queda por recorrer es colosal, estamos a muchos años luz de lograr una institución que sea plenamente garante de un sistema democrático del que podamos sentirnos orgullosos. Avanzamos hacia ese objetivo y ello es importante.
El principal escollo que encontramos en el camino son los propios partidos políticos, instrumento fundamental para el ejercicio de la democracia y de los que se dice "son los constructores de los regímenes democráticos, los actores distinguidos en los procesos de transición a la democracia y los principales garantes de la profundización y consolidación de la misma." Lo cierto es que los partidos políticos en Panamá han perdido la sintonía con la sociedad civil y de allí el enorme distanciamiento y divorcio existente entre gobernantes y gobernados, que evidentemente pone en peligro la democracia. La clase política panameña debe ser la más interesada en la reestructuración de los partidos políticos, pues de no hacerlo prontamente corren el peligro de desaparecer como ocurrió en 1968.
En este sentido creo que el Tribunal Electoral debe tomar la iniciativa con fundamento en el artículo 133 de la Constitución Nacional, que habla sobre los Derechos Políticos, y que establece que "No es lícita la formación de partidos que tengan por base el sexo, la raza, la religión o que tiendan a destruir la forma democrática de gobierno". (lo resaltado es nuestro).
No creo que es difícil comprender que el actual protagonismo de los partidos políticos sólo los conducirá al despeñadero y con ello a la abolición de la democracia. Carecen de toda ideología e ideas, proyectos y principios. Más que partidos políticos son facciones políticas incapaces de vincularse con las aspiraciones y los intereses de la sociedad. Sólo reclutan clientelas y cada vez están integrados por ciudadanos menos calificados para gobernar y menos comprometidos con una gestión honesta y respetable. Son especies degeneradas de partidos políticos pues son agrupaciones de carácter personalista o surgidos de intereses inferiores que han llevado al descrédito el concepto de "partido político". Están basados únicamente en la comunidad de intereses económicos privados o en lazos de parentesco o de amistad personal, lo que ha contribuido con la naturaleza degenerada y espuria que estas agrupaciones poseen. Se han convertido en medios perversos y degenerativos de la democracia en Panamá, en una corrupta partidocracia.
Estimamos que a igual que ocurrió desde la reorganización del Tribunal Electoral en 1990, como resultado de la invasión norteamericana, que tomó la iniciativa de las reformas electorales, debe esta institución vigilar estrechamente el comportamiento de los partidos políticos y cuando se aparten de sus principios y postulados, o de las promesas electorales que condujo a los ciudadanos a darles el voto, deben observarlo públicamente a la ciudadanía de tal forma que los partidos políticos se vean compelidos a mantener una compostura de legitimidad ante el sistema. Sería una ejemplarizante sanción moral de la que creo que muchos se cuidarían.
Mientras los partidos políticos se consideren omnipotentes y sean ellos los que se auto regulen no habrá posibilidad de cambio y la democracia panameña estará en peligro de sucumbir. O reformamos a fondo los partidos políticos para rescatar su sentido con opciones políticas viables para acceder al ejercicio democrático del poder público o construimos nuevas formaciones que reflejen nuevos proyectos políticos capaces de enfrentar y resolver los grandes problemas de nuestras sociedades en este milenio que recién inicia.
