Una justicia lenta en demasía
La justicia lenta no es justicia, afirma un conocido aforismo de la baja latinidad. En Panamá no hay justicia que no sea lenta; es decir, no hay justicia.
Nuestra administración de justicia tiene un retraso que parece ser irredimible, y en los anaqueles de los despachos judiciales, reposan cientos de miles de expedientes, casi todos atrasados.
Un ejemplo que patentiza la lentitud de la justicia panameña, lo podemos palpar en el caso del recientemente fallecido co-líder de la Cruzada Civilista Alberto Conte. Su demanda contra el Estado por los daños causados a su empresa de publicidad y a sus bienes durante la época de la dictadura militar, a pesar de haber sido incoada una vez reinstaurada la democracia en 1990 y de ser fallada a su favor a mediados de la década del ´90, no pudo ser definida antes de que la muerte lo sorprendiera en 2007. Diecisiete largos años sin que concluyera un caso emblemático de violación de los derechos humanos de una persona pública reconocida y con la posibilidad de tribuna en los medios de comunicación social. ¿Cómo será el calvario judicial de aquellos panameños anónimos del pueblo?
Para empezar a corregir las deficiencias, lo primero que debería hacerse es imponer la obligatoriedad de los términos, no sólo para las partes del proceso, sino también para los jueces y magistrados. La demora que exceda los términos debiera ser considerada una causal de mala conducta y una violación a los deberes del servidor público judicial, aplicando efectivamente las sanciones dispuestas para tales casos.
Una de las inquietudes que en vida mantuvo Alberto Conte en relación con su caso, era precisamente que le resultaba difícil aceptar que para el Estado, los términos eran flexibles, mientras que para los ciudadanos eran implacables. Vale la pena intentar al menos corregir eso.
Nuestra administración de justicia tiene un retraso que parece ser irredimible, y en los anaqueles de los despachos judiciales, reposan cientos de miles de expedientes, casi todos atrasados.
Un ejemplo que patentiza la lentitud de la justicia panameña, lo podemos palpar en el caso del recientemente fallecido co-líder de la Cruzada Civilista Alberto Conte. Su demanda contra el Estado por los daños causados a su empresa de publicidad y a sus bienes durante la época de la dictadura militar, a pesar de haber sido incoada una vez reinstaurada la democracia en 1990 y de ser fallada a su favor a mediados de la década del ´90, no pudo ser definida antes de que la muerte lo sorprendiera en 2007. Diecisiete largos años sin que concluyera un caso emblemático de violación de los derechos humanos de una persona pública reconocida y con la posibilidad de tribuna en los medios de comunicación social. ¿Cómo será el calvario judicial de aquellos panameños anónimos del pueblo?
Para empezar a corregir las deficiencias, lo primero que debería hacerse es imponer la obligatoriedad de los términos, no sólo para las partes del proceso, sino también para los jueces y magistrados. La demora que exceda los términos debiera ser considerada una causal de mala conducta y una violación a los deberes del servidor público judicial, aplicando efectivamente las sanciones dispuestas para tales casos.
Una de las inquietudes que en vida mantuvo Alberto Conte en relación con su caso, era precisamente que le resultaba difícil aceptar que para el Estado, los términos eran flexibles, mientras que para los ciudadanos eran implacables. Vale la pena intentar al menos corregir eso.
