Una ley civilizadora
Una ley contra el hostigamiento sexual no es una ley contra los piropos. Los hombres no tienen por qué asustarse de que ya no van a poder piropear, pues un piropo inocente y bien recibido no es perseguido por una ley de ese tipo. Lo que una ley contra el hostigamiento sexual busca es evitar que las personas sean objeto pasivo de insinuaciones sexuales que ellas no quieren. Como en Latinoamérica vivimos en una sociedad patriarcal donde las relaciones sociales son asimétricas en detrimento de las mujeres, generalmente son ellas las que tienen que aguantar las insinuaciones no deseadas, sin siquiera poder ponerle nombre a algo que las veja y las humilla.
En efecto, en las sociedades fundamentalmente patriarcales y machistas como aún lo son nuestras sociedades centroamericanas, se tiende a ver como algo natural el que las mujeres seamos objeto de deseo, objeto de odio, objeto de placer, objeto de observación, objeto de admiración y hasta de adoración, sí, pero casi siempre objeto y rara vez sujeto.
Primero hay que decir que una ley contra hostigamiento sexual delimita claramente el ámbito en el cual se aplica: el trabajo, las relaciones laborales, etc.
Una vez delimitado el espacio de su aplicación, una ley contra el hostigamiento sexual busca transformar a las personas de objetos en sujetos. Algunos hombres de las sociedades patriarcales no pueden imaginar el aumento en la calidad de vida que proporciona el que una mujer, en lugar de ser simple objeto de avances sexuales, sea sujeto de ellos y como sujeto, pueda decidir si los quiere o no los quiere. Si los quiere, perfecto, la relación se establece entre iguales. Pero si no los quiere y se le siguen imponiendo, como sujeto tiene derecho a rechazarlos, y si no le hacen caso, de acudir a la vía legal para dejar de ser objeto. Este es el fin de una ley contra el hostigamiento sexual.
Por supuesto que esto también se aplica a un hombre que se vea en posición de objeto de acoso sexual.
En Costa Rica, la norma se llama Ley contra el hostigamiento sexual en el empleo y la docencia, y rige desde marzo de 1995. Su historia es interesante. La Ley proviene de un esbozo de proyecto original de la diputada Flory Soto, que en su momento no prosperó. En 1994, dos legisladores varones, Antonio Álvarez Desanti del partido socialdemócrata Liberación Nacional, y Constantino Urcuyo, del partido Unidad Socialcristiana, retomaron la idea original de la Sra. Soto, y convocaron a las mujeres para que acudieran a trabajar en la formulación de la ley y su posterior cabildeo. Es interesante resaltar que fueron dos varones los que retomaron la iniciativa y posteriormente la firmaron.
En la elaboración y redacción definitiva de dicha ley participaron la Defensoría de los Habitantes, la Defensoría de la Mujer, la Universidad de Costa Rica, varias juezas y una abogada independiente.
Los resultados de la ley, en ocho años de aplicación, han sido enaltecedores. El primer resultado positivo fue que hombres y mujeres pudieron nombrar un profundo malestar que había en sus relaciones laborales y cotidianas.
Sí, la ley ha servido para que las personas puedan identificar cuáles conductas son ofensivas y cuáles no. Según nuestra ley, se puede denunciar como conducta ofensiva aquella que pone en juego alusiones sexuales contra la voluntad de la persona que las recibe.
Antes de la ley, las personas no podíamos nombrar qué había en aquellos comentarios jocosos que se repetían invariablemente y nos humillaban pero no podíamos rechazar, que había en aquellos avances que nos hacían sentirnos sucias y usadas. La ley nombró y delimitó las ofensas y llenó un vacío legal y ahora las mujeres -pero también los hombres, es decir, todas las personas-, en el trabajo, en la docencia y en nuestra vida cotidiana exterior, empezamos a sentirnos dueñas de nuestros cuerpos y de nuestra voluntad, capaces de poder decir SÍ cuando queremos un SÍ y apoyadas legalmente cuando queremos decir un NO.
En Costa Rica, si se revisan los informes de la Defensoría de los Habitantes y si se considera que casi todas las instituciones públicas y muchas instituciones privadas han emitido un reglamento sobre hostigamiento sexual, podemos decir que la ley ha funcionado.
No es una ley contra los piropos, es una ley a favor de la dignidad humana.
En efecto, en las sociedades fundamentalmente patriarcales y machistas como aún lo son nuestras sociedades centroamericanas, se tiende a ver como algo natural el que las mujeres seamos objeto de deseo, objeto de odio, objeto de placer, objeto de observación, objeto de admiración y hasta de adoración, sí, pero casi siempre objeto y rara vez sujeto.
Primero hay que decir que una ley contra hostigamiento sexual delimita claramente el ámbito en el cual se aplica: el trabajo, las relaciones laborales, etc.
Una vez delimitado el espacio de su aplicación, una ley contra el hostigamiento sexual busca transformar a las personas de objetos en sujetos. Algunos hombres de las sociedades patriarcales no pueden imaginar el aumento en la calidad de vida que proporciona el que una mujer, en lugar de ser simple objeto de avances sexuales, sea sujeto de ellos y como sujeto, pueda decidir si los quiere o no los quiere. Si los quiere, perfecto, la relación se establece entre iguales. Pero si no los quiere y se le siguen imponiendo, como sujeto tiene derecho a rechazarlos, y si no le hacen caso, de acudir a la vía legal para dejar de ser objeto. Este es el fin de una ley contra el hostigamiento sexual.
Por supuesto que esto también se aplica a un hombre que se vea en posición de objeto de acoso sexual.
En Costa Rica, la norma se llama Ley contra el hostigamiento sexual en el empleo y la docencia, y rige desde marzo de 1995. Su historia es interesante. La Ley proviene de un esbozo de proyecto original de la diputada Flory Soto, que en su momento no prosperó. En 1994, dos legisladores varones, Antonio Álvarez Desanti del partido socialdemócrata Liberación Nacional, y Constantino Urcuyo, del partido Unidad Socialcristiana, retomaron la idea original de la Sra. Soto, y convocaron a las mujeres para que acudieran a trabajar en la formulación de la ley y su posterior cabildeo. Es interesante resaltar que fueron dos varones los que retomaron la iniciativa y posteriormente la firmaron.
En la elaboración y redacción definitiva de dicha ley participaron la Defensoría de los Habitantes, la Defensoría de la Mujer, la Universidad de Costa Rica, varias juezas y una abogada independiente.
Los resultados de la ley, en ocho años de aplicación, han sido enaltecedores. El primer resultado positivo fue que hombres y mujeres pudieron nombrar un profundo malestar que había en sus relaciones laborales y cotidianas.
Sí, la ley ha servido para que las personas puedan identificar cuáles conductas son ofensivas y cuáles no. Según nuestra ley, se puede denunciar como conducta ofensiva aquella que pone en juego alusiones sexuales contra la voluntad de la persona que las recibe.
Antes de la ley, las personas no podíamos nombrar qué había en aquellos comentarios jocosos que se repetían invariablemente y nos humillaban pero no podíamos rechazar, que había en aquellos avances que nos hacían sentirnos sucias y usadas. La ley nombró y delimitó las ofensas y llenó un vacío legal y ahora las mujeres -pero también los hombres, es decir, todas las personas-, en el trabajo, en la docencia y en nuestra vida cotidiana exterior, empezamos a sentirnos dueñas de nuestros cuerpos y de nuestra voluntad, capaces de poder decir SÍ cuando queremos un SÍ y apoyadas legalmente cuando queremos decir un NO.
En Costa Rica, si se revisan los informes de la Defensoría de los Habitantes y si se considera que casi todas las instituciones públicas y muchas instituciones privadas han emitido un reglamento sobre hostigamiento sexual, podemos decir que la ley ha funcionado.
No es una ley contra los piropos, es una ley a favor de la dignidad humana.
