Una mala noticia que es buena
Cada vez que leemos noticias acerca de la corrupción en las agencias de investigación de los delitos, en el cuerpo de policías, o en los aparatos de seguridad del Estado, confirmamos con preocupación que la delincuencia organizada tiene un terreno fértil en nuestro país, de rápidas riquezas, caudalosos flujos de dinero, y enormes disparidades sociales.
Los magros recursos que se destinan al sector de justicia y seguridad llaman la atención, pues es conocida la falta de entrenamiento y profesionalización del personal dedicado a la persecución del delito. Además de todo esto, las miradas de corto alcance de la clase política mantienen a la sociedad sumida en una muy precaria aplicación de la ley.
Esta es una sociedad en la que los niveles de impunidad aumentan, abruptamente, en la medida en que mejora el estatus socioeconómico de los ofensores. Dentro de este lamentable cuadro, resplandece; sin embargo, una tenue luz cada vez que se denuncian, se juzgan y se destituyen a las manzanas podridas que trabajan en las fuerzas de policía y seguridad.
La jefatura de la institución, así como el gobierno en su conjunto, deben sentirse plenamente respaldados para continuar y profundizar esa titánica lucha contra el monstruo de mil cabezas que es la corrupción. Uno de los compromisos básicos de la democracia es mantener a la fuerza pública bajo una jefatura civil, justamente para impedir que opere el código de silencio y complicidad que con demasiada frecuencia se forma dentro del instituto armado. Mientras la política de saneamiento de la institución se apoye en la ley, actúe con transparencia de cara a la sociedad, y los medios de comunicación se encuentren en plena libertad para reportar sobre estos hechos, podemos estar seguros que los enemigos de la sociedad no prevalecerán.
Los magros recursos que se destinan al sector de justicia y seguridad llaman la atención, pues es conocida la falta de entrenamiento y profesionalización del personal dedicado a la persecución del delito. Además de todo esto, las miradas de corto alcance de la clase política mantienen a la sociedad sumida en una muy precaria aplicación de la ley.
Esta es una sociedad en la que los niveles de impunidad aumentan, abruptamente, en la medida en que mejora el estatus socioeconómico de los ofensores. Dentro de este lamentable cuadro, resplandece; sin embargo, una tenue luz cada vez que se denuncian, se juzgan y se destituyen a las manzanas podridas que trabajan en las fuerzas de policía y seguridad.
La jefatura de la institución, así como el gobierno en su conjunto, deben sentirse plenamente respaldados para continuar y profundizar esa titánica lucha contra el monstruo de mil cabezas que es la corrupción. Uno de los compromisos básicos de la democracia es mantener a la fuerza pública bajo una jefatura civil, justamente para impedir que opere el código de silencio y complicidad que con demasiada frecuencia se forma dentro del instituto armado. Mientras la política de saneamiento de la institución se apoye en la ley, actúe con transparencia de cara a la sociedad, y los medios de comunicación se encuentren en plena libertad para reportar sobre estos hechos, podemos estar seguros que los enemigos de la sociedad no prevalecerán.
