Una nueva industria
Hay quienes afirman que la diferencia entre una persona inteligente y otra que no lo es estriba en que la segunda no aprende de las experiencias e incurre por ello en forma reiterada en errores. Lo cierto es que, nadie en Panamá debe sorprenderse de los secuestros que últimamente se han protagonizado en suelo patrio. Monseñor Rómulo Emiliani viene, en forma reiterada, señalando el peligro, pero parece que nadie le presta atención.
El secuestro de civiles se ha convertido en uno de los mayores negocios del hampa y la subversión en Colombia, donde en los primeros seis meses de este año han sido retenidas 900 personas, 33 de ellas extranjeras. Según un informe de la Dirección Nacional de Grupos de Acción Unificada Contra el Secuestro (GAULA) de las Fuerzas Militares, en el primer semestre de 1999 hubo como mínimo -no todos los casos llegan a conocimiento de las autoridades- cinco secuestros cada 24 horas y uno de un extranjero cada 5,5 días.
Las autoridades atribuyen la mitad de dichos secuestros a los grupos guerrilleros: a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) 240 casos, el 26,5 por ciento; al Ejército de Liberación Nacional (ELN) 156, el 17,4 por ciento; a los disidentes del disuelto Ejército Popular de Liberación (EPL) 31, el 3,5 por ciento; y el 2,6 por ciento a otras organizaciones subversivas. La cifra exacta realmente no se conoce, pues además de los secuestros existen las extorsiones pagadas por ciudadanos a delincuentes y guerrilleros para "asegurarse" y evitar ser objeto de un secuestro.
En 1995, hubo 18 mil secuestros en América Latina. En Brasil, 1,222 personas fueron secuestradas. En la misma fecha en Guatemala, 130 personas fueron raptadas, mientras que en México 2,000 personas corrieron la misma suerte. En Colombia 1,136 personas fueron privadas de su libertad y en el Salvador 700 personas fueron igualmente secuestradas. A las cifras mencionadas hay que agregarle un hecho importante. Y es que, las autoridades de los países citados estiman que la gran mayoría de la población afectada por los secuestros no denuncia a sus secuestradores por el temor a las represalias, así como el miedo a involucrar a personas públicas que forman parte de estas organizaciones, hecho que sugiere que las cifras pueden ser mayores que las que se conoce.
En esto de los secuestros cualquiera puede caer, aunque las personas con recursos son más propensas a ser potenciales víctimas. Puede uno pasar su vida trabajando, esforzándote por un futuro y el de la familia y de repente llega alguien y con un acto criminal nos despoja de todo lo que hemos logrado. Si las autoridades, de una vez, no ponen mano fuerte en esto estarán mandando un mensaje errado, cual es el que es mejor dedicarse a la delincuencia, porque te haces rico pronto, sin esfuerzo y sin peligro de que te atrapen. Y le están diciendo a la gente que se haga justicia por su propia mano. Y ese no es el país que queremos los panameños para nosotros ni para nuestros hijos.
La Presidenta de la República acaba de formular declaraciones en el sentido de que se ha diseñado un Plan Estratégico de Seguridad Nacional (PESN) para poner el país en una mejor situación en materia de seguridad y para que los panameños tengan la seguridad que con este gobierno "van a dormir tranquilos". Anunció la Primera Mandataria la conformación de la Comisión Nacional del Seguridad del Estado, integrada por el Ministerio de Gobierno y Justicia y los cuatro componentes de la Fuerza Pública, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Consejo Nacional de Seguridad, con la finalidad de contrarrestar las actividades subversivas en la región darienita. Paralelamente a este esfuerzo, debe legislarse a fin de establecer la pena de prisión de por vida, a todo aquél que secuestre a otra persona, pues éste es un delito muy serio y grave que debemos hacer frente sin ningún tipo de complejos. Finalmente, deben establecerse con carácter urgente, medidas prioritarias para la creación de fuentes de trabajo que ayuden a palear la pobreza en todo el territorio nacional. Ya no hay lugar para dilaciones, la sociedad se resquebraja y estamos a punto de sucumbir. O es ahora o nunca más será posible.
El asesinato del indostaní que ocurrió en el Corredor Norte, actualmente en total misterio, y el secuestro de también otro indostaní, que sorprendentemente escapó a sus captores, debe a todos llenarnos de espanto, pues es muestra evidente de que existe en Panamá una organización bien establecida para mercadear a los secuestrados. Hemos sido informados por personas, algunas afectadas y otras dedicadas a la investigación, que los casos de secuestros en nuestro medio son numerosos, sólo que las víctimas por su propia seguridad, igual que en otros países, mantienen silencio. Parece que se ha hecho muy frecuente el secuestrar a personas que tienen cuentas en los cajeros automáticos y obligarlos a sacar dinero que deben entregar a los secuestradores. Igualmente, conocimos que existe entre la guerrilla colombiana, listados de panameños que por sus haberes son fuertes candidatos a ser secuestrados y que esas listas han sido elaboradas por el servicio de inteligencia de la guerrilla hace algún tiempo atrás.
Desafortunadamente, Panamá no tiene la capacidad, y sobre todo, los recursos para poder combatir efectivamente este flagelo que nos azota. En ello existe mucho dinero fácil que sin duda traerá igual o mayor corrupción en nuestro medio que el tráfico de drogas. Recientemente, los medios nos dieron a conocer la delicada situación surgida dentro de la PTJ en la que miembros de este cuerpo, alrededor de una docena, habían sido encontrados responsables en el tráfico de drogas. Es decir, en vez de combatir el tráfico de droga, como es su deber y para lo que son pagos, la fomentaban. Igual ocurrirá con los secuestros, pues está visto que entre las mismas autoridades existe desorganización, además de que los cuerpos policíacos -en muchas ocasiones- están integrados por miembros del hampa, por lo que para crear confianza en la ciudadanía será preciso organizar un cuerpo especial anti secuestro que se encargue exclusivamente de este tipo de casos con equipo y técnicas avanzadas para la captura de estos delincuentes. Vemos como una posibilidad florecer muy pronto en nuestro medio las agencias de seguridad personal anti secuestros.
No podemos olvidar también que muchos de estos secuestros de hombres de negocios, que trasciende el ámbito del crimen común, persigue como fin, además del cobro de un jugoso rescate, desestabilizar al país, precisamente ahora que faltan sólo mes y días para que asuma la gran responsabilidad de la administración del Canal. Existen muchos intereses encontrados.
El secuestro de civiles se ha convertido en uno de los mayores negocios del hampa y la subversión en Colombia, donde en los primeros seis meses de este año han sido retenidas 900 personas, 33 de ellas extranjeras. Según un informe de la Dirección Nacional de Grupos de Acción Unificada Contra el Secuestro (GAULA) de las Fuerzas Militares, en el primer semestre de 1999 hubo como mínimo -no todos los casos llegan a conocimiento de las autoridades- cinco secuestros cada 24 horas y uno de un extranjero cada 5,5 días.
Las autoridades atribuyen la mitad de dichos secuestros a los grupos guerrilleros: a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) 240 casos, el 26,5 por ciento; al Ejército de Liberación Nacional (ELN) 156, el 17,4 por ciento; a los disidentes del disuelto Ejército Popular de Liberación (EPL) 31, el 3,5 por ciento; y el 2,6 por ciento a otras organizaciones subversivas. La cifra exacta realmente no se conoce, pues además de los secuestros existen las extorsiones pagadas por ciudadanos a delincuentes y guerrilleros para "asegurarse" y evitar ser objeto de un secuestro.
En 1995, hubo 18 mil secuestros en América Latina. En Brasil, 1,222 personas fueron secuestradas. En la misma fecha en Guatemala, 130 personas fueron raptadas, mientras que en México 2,000 personas corrieron la misma suerte. En Colombia 1,136 personas fueron privadas de su libertad y en el Salvador 700 personas fueron igualmente secuestradas. A las cifras mencionadas hay que agregarle un hecho importante. Y es que, las autoridades de los países citados estiman que la gran mayoría de la población afectada por los secuestros no denuncia a sus secuestradores por el temor a las represalias, así como el miedo a involucrar a personas públicas que forman parte de estas organizaciones, hecho que sugiere que las cifras pueden ser mayores que las que se conoce.
En esto de los secuestros cualquiera puede caer, aunque las personas con recursos son más propensas a ser potenciales víctimas. Puede uno pasar su vida trabajando, esforzándote por un futuro y el de la familia y de repente llega alguien y con un acto criminal nos despoja de todo lo que hemos logrado. Si las autoridades, de una vez, no ponen mano fuerte en esto estarán mandando un mensaje errado, cual es el que es mejor dedicarse a la delincuencia, porque te haces rico pronto, sin esfuerzo y sin peligro de que te atrapen. Y le están diciendo a la gente que se haga justicia por su propia mano. Y ese no es el país que queremos los panameños para nosotros ni para nuestros hijos.
La Presidenta de la República acaba de formular declaraciones en el sentido de que se ha diseñado un Plan Estratégico de Seguridad Nacional (PESN) para poner el país en una mejor situación en materia de seguridad y para que los panameños tengan la seguridad que con este gobierno "van a dormir tranquilos". Anunció la Primera Mandataria la conformación de la Comisión Nacional del Seguridad del Estado, integrada por el Ministerio de Gobierno y Justicia y los cuatro componentes de la Fuerza Pública, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Consejo Nacional de Seguridad, con la finalidad de contrarrestar las actividades subversivas en la región darienita. Paralelamente a este esfuerzo, debe legislarse a fin de establecer la pena de prisión de por vida, a todo aquél que secuestre a otra persona, pues éste es un delito muy serio y grave que debemos hacer frente sin ningún tipo de complejos. Finalmente, deben establecerse con carácter urgente, medidas prioritarias para la creación de fuentes de trabajo que ayuden a palear la pobreza en todo el territorio nacional. Ya no hay lugar para dilaciones, la sociedad se resquebraja y estamos a punto de sucumbir. O es ahora o nunca más será posible.
El asesinato del indostaní que ocurrió en el Corredor Norte, actualmente en total misterio, y el secuestro de también otro indostaní, que sorprendentemente escapó a sus captores, debe a todos llenarnos de espanto, pues es muestra evidente de que existe en Panamá una organización bien establecida para mercadear a los secuestrados. Hemos sido informados por personas, algunas afectadas y otras dedicadas a la investigación, que los casos de secuestros en nuestro medio son numerosos, sólo que las víctimas por su propia seguridad, igual que en otros países, mantienen silencio. Parece que se ha hecho muy frecuente el secuestrar a personas que tienen cuentas en los cajeros automáticos y obligarlos a sacar dinero que deben entregar a los secuestradores. Igualmente, conocimos que existe entre la guerrilla colombiana, listados de panameños que por sus haberes son fuertes candidatos a ser secuestrados y que esas listas han sido elaboradas por el servicio de inteligencia de la guerrilla hace algún tiempo atrás.
Desafortunadamente, Panamá no tiene la capacidad, y sobre todo, los recursos para poder combatir efectivamente este flagelo que nos azota. En ello existe mucho dinero fácil que sin duda traerá igual o mayor corrupción en nuestro medio que el tráfico de drogas. Recientemente, los medios nos dieron a conocer la delicada situación surgida dentro de la PTJ en la que miembros de este cuerpo, alrededor de una docena, habían sido encontrados responsables en el tráfico de drogas. Es decir, en vez de combatir el tráfico de droga, como es su deber y para lo que son pagos, la fomentaban. Igual ocurrirá con los secuestros, pues está visto que entre las mismas autoridades existe desorganización, además de que los cuerpos policíacos -en muchas ocasiones- están integrados por miembros del hampa, por lo que para crear confianza en la ciudadanía será preciso organizar un cuerpo especial anti secuestro que se encargue exclusivamente de este tipo de casos con equipo y técnicas avanzadas para la captura de estos delincuentes. Vemos como una posibilidad florecer muy pronto en nuestro medio las agencias de seguridad personal anti secuestros.
No podemos olvidar también que muchos de estos secuestros de hombres de negocios, que trasciende el ámbito del crimen común, persigue como fin, además del cobro de un jugoso rescate, desestabilizar al país, precisamente ahora que faltan sólo mes y días para que asuma la gran responsabilidad de la administración del Canal. Existen muchos intereses encontrados.
