Una política alimentaria urgente
Pese a que de acuerdo a nuestra Constitución corresponde al Estado “desarrollar una política nacional de alimentación y nutrición que asegure un óptimo estado nutricional para toda la población”, lo cierto es que de acuerdo a un reciente informe de la FAO, en el que se aborda el estado de la inseguridad alimentaria en el mundo, cerca de 600 mil panameños y panameñas se encontraban en condiciones de subnutrición durante el período 2004 – 2006. Se trata de una cifra que seguramente ya se ha superado, debido no solo al crecimiento natural de la población, sino a la persistente inflación de los precios de los alimentos, que muestra un acumulado de 30 por ciento a partir de octubre de 2006, así como a la aparición de 17 mil nuevos desempleados durante el último año. Frente a esta situación resulta urgente definir las bases de una política alternativa destinada a promover la seguridad y la soberanía alimentaria.
En el plano macroeconómico se entiende que la misma sólo podrá ser exitosa si hace parte de un nuevo estilo de desarrollo que supere el actual modelo concentrante y excluyente. Esto lleva a destacar la necesidad de una política guiada hacia el empleo decente para todos, a un incremento general de los salarios que compense los efectos inflacionarios, así como a una acción que rompa con el poder oligopólico comercial enquistado en la cadena de comercialización de alimentos, lo que implica, entre otras cosas, el control de los precios de la canasta básica alimenticia.
En el plano de la producción, lo que algunos llaman el ámbito mesoeconómico, la política deberá dirigirse hacia la protección del productor nacional, superando el aperturismo del actual gobierno. También deberá guiarse hacia el desarrollo de la infraestructura física necesaria y hacia una reforma agraria integral que asegure el acceso a la tierra, un nivel de crédito adecuado, la formación del recurso humano, así como el acceso a los insumos y una tecnología altamente productiva y sostenible, para los pequeños y medianos productores del campo. Su organización con fines de una comercialización independiente y solidaria, deberá se una prioridad.
La organización de la población en función de su seguridad alimentaría, por su parte, resulta el complemento necesario a lo anterior. La misma es la base indispensable para sostener una red de seguridad alimentaria, por medio de la cual el Estado asegure a los sectores vulnerables la adecuada dotación de alimentos. Así mismo, ésta se deberá constituir en una importante plataforma para combatir la especulación y el abuso contra los consumidores.
Este conjunto de medidas constituye, sin dudas, una forma de política que expresa una profunda contradicción con las políticas económicas y sociales vigentes. La misma solo podrá ponerse en vigencia a partir de la organización y las luchas populares.
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